Nueva estructura judicial en Haro y Calahorra con los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha comparecido hoy para dar cuenta de “los avances en la transformación del servicio público de Jusicia en La Rioja”, ha dicho con la entrada entrada en funcionamiento de los primeros Tribunales de Instancia en Haro y Calahorra. Así, ha recordado que desde el 1 de julio, los partidos judiciales de Calahorra y Haro han estrenado su nueva estructura judicial con la constitución de los Tribunales de Instancia y la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en el Municipio. Esta transformación responde a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se ha desarrollado con total normalidad, garantizando la continuidad del servicio y cumpliendo los plazos previstos.

Los nuevos Tribunales de Instancia suponen la desaparición de los juzgados unipersonales como órganos aislados, y dan paso a una estructura en la que se comparten recursos humanos y materiales. Esto permite que los letrados de la Administración de Justicia y el resto del personal funcionen de forma integrada en equipos especializados que sirven simultáneamente a varios jueces y magistrados, aumentando la eficiencia del sistema.

Así lo ha explicado la consejera: “La entrada en vigor de esta nueva normativa representa un cambio trascendental en la organización judicial, produciendo una reorganización interna que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia, y los Juzgados de Paz por las Oficinas de Justicia en el Municipio. El nuevo modelo se sustenta en la Oficina Judicial, como pieza clave que aporta una estructura más racional, especializada y coordinada, dotando de un soporte eficaz a jueces y magistrados, y mejorando así la calidad del servicio que reciben los ciudadanos”.

En esta línea, Martín ha destacado que “esta transformación nos alinea con los modelos más avanzados de Europa y supone un paso firme hacia una Justicia más moderna, eficaz y cercana” Con la puesta en marcha de estos dos Tribunales han desaparecido los cinco órganos unipersonales que constituían los Juzgados de Instancia e Instrucción que había en estas localidades. Además, se han creado 9 agrupaciones de Oficinas de Justicia en el Municipio de las que dependen 162 Oficinas de Justicia en el Municipio que sustituyen a los Juzgados de Paz, pero con mayores competencias.

La última fase, la transforación del partido judicial de Logroño

La consejera ha anunciado que “tras la exitosa implantación en Calahorra y Haro, en La Rioja nos preparamos ya para la tercera y última fase de la reforma: la transformación del partido judicial de Logroño, prevista para el 31 de diciembre de 2025, y que implicará la reestructuración de 20 juzgados unipersonales en un único Tribunal de Instancia, con sede en el Palacio de Justicia de la calle Marqués de Murrieta, donde también se encuentran el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, el Registro Civil y más de 300 servidores públicos”.

La ejecución de esta reforma ha requerido de una estrecha coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de La Rioja. Hay que recordar que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene transferidas las competencias en materia de Justicia desde el año 2011, lo que supone que los asuntos relacionados con los medios personales y medios materiales sean responsabilidad del Gobierno de La Rioja; no obstante, y a diferencia de otras áreas de la Administración, las funciones están repartidas, puesto que jueces y magistrados actúan bajo la dependencia del Consejo General del Poder Judicial, los letrados de la Administración de Justicia responden ante el Ministerio de Justicia, y el resto de los funcionarios de la Administración de Justicia se gestionan desde la CAR.

A lo largo de este año, La Rioja contará con 320 funcionarios de Justicia (12 de ellos incorporados en este proceso de modernización vinculado a la nueva Ley) que dependen del Gobierno de La Rioja, además de otros 70 profesionales dependientes del Ministerio y del CGPJ.

La adaptación al nuevo modelo de organización está siendo “un reto mayúsculo, pero también una gran oportunidad de mejora. Lo hemos hecho ya en una primera fase en los partidos judiciales de Calahorra y Haro y la abordaremos con la misma determinación en la siguiente fase, la correspondiente a Logroño”, ha concluido María Martín.

Formación de funcionariado y adaptación tecnológica

La formación de los funcionarios y resto de los profesionales implicados en el cambio ha sido una pieza clave dentro del proceso. En concreto se han realizado más de 30 cursos presenciales en los que han participado 450 funcionarios de las administraciones de Justicia y Local.

También ha sido precisa la adaptación tecnológica. Para la nuevas Oficina de Justicia en el Municipio ha habido que llevar a cabo una compleja migración de expedientes electrónicos y dotación de aplicaciones informáticas y herramientas de interoperabilidad judicial, junto a sistemas de videoconferencia, ordenadores, impresoras, escáneres… para garantizar la conexión entre la Administración de Justicia y todos los operadores jurídicos de todo el territorio nacional.

Desde ellas se podrá acceder a los servicios de la Gerencia Territorial (certificación de antecedentes penales o últimas voluntades, por ejemplo); de Registros Civiles (certificados de matrimonio, nacimiento o de defunción); Administración de Justicia (información de expedientes judiciales) u obtención de certificados electrónicos para los ciudadanos.

Para el desarrollo de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia el Gobierno de La Rioja ha realizado una inversión cercana a los 700.000 euros en la puesta en marcha de los nuevos programas de transición digital (550.000 euros), en las obras de adaptación de las sedes de los Tribunales de Instancia y otras actuaciones de mejora en los Juzgados y en el equipamiento con que se ha dotado a los Ayuntamientos para hacer efectivas las Oficinas de Justicia en el Municipio.

Asimismo hay que tener en cuenta el aumento presupuestario que supone el incremento de 12 funcionarios más en la Relación de Puestos de Trabajo de Justicia, con la creación además de 11 puestos de jefatura que no existían hasta el momento, propiciando de este modo la estabilidad y promoción del empleo público.