Ocho detenidos en Vitoria por su relación con la kale borroka

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron esta madrugada en Vitoria (Álava) por su relación con diversos actos de terrorismo callejero registrados en la provincia, según informaron fuentes de la investigación.

Tras los arrestos, los agentes procedieron a registrar los domicilios de los detenidos, así como una herriko taberna. Esta es la segunda operación desarrollada en Álava contra la 'kale borroka', tras la llevada a cabo el pasado mes de julio, que se saldó con el arresto de cuatro personas. Con las detenciones practicadas esta madrugada se elevan a 22 los detenidos por terrorismo callejero en los que va de año y a 150 en el total de la legislatura.

En la anterior operación llevada a cabo en Álava contra el “núcleo dinamizador” de la kale borroka en la provincia, fueron detenidos Gorka Velasco, Koldo Moreno, Javier Fernández de Guzmán y Urko Arroy, único al que el juez de la Audiencia Nacional Garzón dejó el libertad, con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Los cuatro, según la policía, estaban relacionados con ETA a través de la organización juvenil SEGI. En los registros de sus domicilios se intervinieron diversos artefactos incendiarios, material para la fabricación de otros, propaganda y documentación de la organización SEGI.

En el auto en el que se envió a prisión a tres de estos detenidos, el juez ordenaba la búsqueda y captura de otros dos miembros del grupo. Se trata de Federico Lomas, que en agosto se presentó de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y para quien Garzón decretó prisión incondicional, e Ibai Peña, quien quedó en libertad con obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

La policía les acusó de ser los responsables de un grupo de violencia callejera al que se atribuye la realización de más de cuarenta ataques cometidos en la capital alavesa desde 2004 y serían los máximos responsables de un grupo que venía operando en Vitoria durante los últimos tres años.

OTRAS OPERACIONES ANTERIORES

La última operación contra la kale borroka tuvo lugar el pasado 23 de enero en la comarca vizcaína de Lea Artibai y que se saldó con ocho detenidos en los municipios vizcaínos de Markina, Etxebarri y Ondarroa.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó prisión incondicional para seis de ellos -Estebe Gandiaga, Urko, Borja Oregi, Iban Etxebarria y Eneko Ostolaza y Saloa Zenarruzabeitia- por la comisión de un delito de pertenencia a organización terrorista, y otro de estragos y daños terroristas y dejó en libertad bajo fianza a Ainhoa Pagoaga y Eneko Etxaburu.

Los registraron en las viviendas de los arrestados y en la Herriko Taberna de Markina permitieron descubrir un nuevo método de sabotaje --mediante el empleo de virutas de hierro-- destinado a la maquinaria empleada en las obras del TAV, así como un manual de 'ecotaje' con técnicas para sabotear maquinaria pesada.

Igualmente, fueron hallados documentación de la organización ilegalizada Segi y del colectivo de apoyo a los presos Askatasuna, así como guantes, capuchas, monos y otro tipo del material que los radicales suelen utilizar en los ataques de violencia callejera.

EN NAVARRA

Anteriormente, en Navarra, cinco jóvenes fueron detenidos el 20 de noviembre de 2005 y una sexta persona al día siguiente por su participación en las principales acciones de terrorismo callejero llevadas a cabo en los últimos años en Pamplona y su comarca.

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretó días después prisión incondicional para cuatro de los seis jóvenes por un delito de integración en organización terrorista, transporte y tenencia de artefactos o sustancias explosivas, estragos e incendio.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado relacionaron a estos seis detenidos con 32 acciones de 'kale borroka' en Pamplona y su comarca, entre ellas el ataque contra la vivienda del delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, ocurrido el 17 de octubre de 2007. En concreto, se trata de 16 acciones cometidas mediante la colocación de artefactos explosivos sobre diversos objetivos; once lanzamientos de artefactos explosivo-incendiarios tipo cócteles molotov, fundamentalmente contra cajeros automáticos de entidades bancarias, y cinco cortes de vías férreas y de infraestructuras ferroviarias.

En los registros se encontraron cuatro artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, confeccionados y dispuestos para ser utilizados; material para la confección de artefactos explosivos; documentación relacionada con Batasuna, SEGI y otros colectivos de la izquierda radical abertzale y propaganda del MLNV, además de propaganda electoral del Ayuntamiento de Burlada y listas electorales de partidos políticos entre los que se encuentran el PP y el PSOE.

OPERACIONES EN LAS TRES PROVINCIAS VASCAS

Además de la anterior operación llevada a cabo en Álava, se registraron otras dos en Guipúzcoa y Navarra. En la anterior operación, llevada a cabo en octubre, agentes de la Policía Nacional detuvieron de madrugada en la comarca de 'Uribe-Kosta', especialmente castigada por este tipo de actos, a Joseba Elorriaga, Txomin Gezuraga, Aner Mimenza, Mikel de Gregorio, Josu Rodríguez y Lander Labajo. Un día más tarde, en el marco de la misma actuación, fue arrestado en Getxo Zigor Goikoetxea.

El juez Baltasar Garzón ordenó prisión incondicional por pertenencia a banda armada y varios delitos de terrorismo para seis de los detenidos y dejó en libertad bajo fianza por motivos de salud a Zigor Goikoetxea, hermano de un etarra que participó en el atentado contra la casa cuartel de Durango.

Los detenidos confesaron su participación en, al menos, 11 sabotajes desde 2004. Entre los actos de 'kale borroka' figuran la quema de contenedores, lanzamiento de artefactos incendiarios contra sucursales bancarias y de seguros, “batzokis” (sedes sociales del PNV), corte de catenaria del Metro de Bilbao, apedreamiento de autobuses y varias algaradas callejeras.

En la provincia de Guipúzcoa las primeras detenciones se produjeron en la madrugada del 30 de octubre, cuando miembros de la Policía Nacional arrestaron a siete personas, miembros de un presunto grupo de apoyo a la banda terrorista ETA, que tenía como misión realizar atentados mediante la confección y el lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, edificios oficiales, sedes de partidos políticos, entidades bancarias y de ahorro, estaciones y unidades de ferrocarril, transportes públicos y mobiliario urbano.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó prisión incondicional incomunicada para cinco de los siete detenidos, a los que imputó un delito de integración en organización terrorista debido a que considera acreditada su pertenencia a la organización juvenil SEGI. Además, acusó a los cinco procesados de los delitos de estragos y daños terroristas.

Posteriormente, el 7 de noviembre fueron detenidos en San Sebastián cuatro jóvenes --Martín Mendizábal, Ekaitz Ezkerra, Jon Etxeberria e Iñaki Coloma-- por su presunta vinculación con actos de terrorismo callejero, en una operación en la que también se efectuaron 18 registros, incluidas las viviendas de los detenidos, alguna herriko taberna y los domicilios de algunos jóvenes que no pudieron ser localizados. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dejó posteriormente en libertad a los cuatro detenidos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado prisión sólo para el primero de ellos.