Piden que el Gobierno de La Rioja intervenga y facilite la exhumación en Villoslada: “La Ley de Memoria obliga a facilitarlas”

En las últimas horas, te hemos contado las trabas que está poniendo el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros a la Asocación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación de una fosa común en la que se encuentran los restos de cinco trabajadores republicanos asesinados el 10 de agosto de 1936.

Izquierda Unida, además de denunciarlas, reclama al Gobierno de La Rioja que intervenga “de forma inmediata y haga cumplir la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo”. El diputado Carlos Ollero ha aseverado que “el Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir. La Ley de Memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones. Su cumplimiento no es opcional. Exigiremos en el Parlamento que el Ejecutivo riojano requiera al Ayuntamiento de Villoslada que retire de inmediato estos obstáculos”.

“La actuación del consistorio es inaceptable”

La asociación solicitó el pasado 27 de marzo el correspondiente permiso municipal para intervenir en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local, y la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón.

Para el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, la actuación del consistorio es inaceptable: “Exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos. Aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan”.

“Las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, asesinados en agosto de 1936, cuyos restos llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos. Ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho”, ha declarado Ollero.