Por un cambio en la designación de magistrados en el TC

La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional siempre ha sido un proceso cuestionado; pues de los 12 miembros que forman dicho órgano, cuatro son designados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante esta forma de designación muchas son las críticas que alegan intereses políticos en los nombramientos.

Por este motivo, la última propuesta de la presidenta saliente del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha despertado fuertes críticas en el panorama político.

Casas ha afirmado durante el acto de toma de posesión de los nuevos magistrados de este órgano, que han sido designados con tres años de retraso, que “si los procedimientos previstos por los reglamentos de las Cámaras no consiguen que se cumpla la Constitución, habrá que modificarlos”.

Según la presidenta saliente, la legitimidad de los magistrados constitucionales “se ve empañada si las designaciones no se llevan a cabo en el momento previsto por la Constitución y quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento”.

Durante su discurso, que ha sido en un tono muy crítico con los retrasos sufridos por la designación realizada por el Senado y la que aún está pendiente por el Congreso de los Diputados, Casas ha reiterado a los parlamentarios “la necesidad apremiante de que se complete cuanto antes la renovación del tribunal”.

También ha dedicado unas palabras al recurso presentado contra el Estatuto catalán, criticando “el grado de crispación” que ha rodeado a este procedimiento, y ha añadido que ha podido demostrarse que el Tribunal Constitucional puede enjuiciar todas las leyes, “lo cual no resta un ápice de interés al debate abierto sobre la conveniencia de reintroducir la figura del control previo de constitucionalidad para el caso específico de las normas que van a ser sometidas a referéndum”.

Por otra parte, y tras producirse la toma de posesión de los nuevos magistrados, el nuevo presidente en funciones, Javier Delgado, ha tomado el relevo a Casas y ha manifestado que declaraba constituido el Tribunal Constitucional “dejando constancia de la anomalía de su situación”.

Críticas

Ante esta declaración de Casas, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, se ha quejado de que la presidenta saliente haya planteado esta cuestión ahora que abandona el Alto Tribunal. “¡Bien podría haberlo hecho cuando estaba dentro!”, ha enfatizado.

Díez ha echado en cara a Casas se haya despedido de la Presidencia del Tribunal Constitucional “riñendo” a las fuerzas políticas por los retrasos sufridos en la designación de los nuevos magistrados y, sin embargo, se haya “aprovechado” de los mismos mientras formaba parte del Constitucional.

“Cuando estaba dentro del Alto Tribunal y se aprovechaba de ese retraso, no sólo no reñía a nadie, sino que se callaba cuando la reñían a ella”, ha apuntado la portavoz nacional de UPyD en declaraciones a Europa Press.

Rosa Díez ha abogado por llevar a cabo una “seria” y “profunda” reforma del Tribunal Constitucional y no hacer una de “maquillaje”.

En concreto, la representante de UPyD ha pedido que se debata no sólo sobre el incumplimiento de los plazos de renovación, sino sobre la necesidad de modificar el sistema de acceso, las exigencias a los magistrados y el propio funcionamiento del TC.

Por su parte, el coordinador de Libertades Públicas y de Justicia del PP, Federico Trillo, ha asegurado que la salida de María Emilia Casas del Tribunal Constitucional pone fin a la “etapa más negra” de esta institución. Además, se ha mostrado contrario a que pueda formar parte del Consejo de Estado después del “daño” que ha hecho al alto tribunal.

“Hoy se ha producido una renovación parcial que ha servido para terminar con la etapa más negra de la institución”, ha manifestado Trillo a la prensa, después de asistir a la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado: Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, a propuesta del PSOE, y Francisco Pérez de los Cobos y Francisco José Hernando, a instancias del PP.

Además, el diputado del PP ha afirmado que María Emilia Casas no está “legitimada” para abroncar a los grupos parlamentarios por la tardanza en la renovación del TC, puesto que, según ha recalcado, ella tardó tres años en hacer posible que hubiera una sentencia sobre el Estatuto catalán.

Es más, ha recordado que la hasta ahora presidenta del TC dio el visto bueno a la última reforma de la Ley Orgánica del alto tribunal que le permitió seguir en ese puesto, pese a que su mandato había concluido en diciembre de 2007.