El tiempo

A las diez de la noche del 19 de julio de 2022, el olor que llegó a Logroño no era el de la panadería nocturna ni el de la humedad del Ebro. Era resina calcinada, el polvo negro de las agujas de pino, el aire convertido en víctima. El humo viajó 180 kilómetros en línea recta desde el incendio de Ateca, en Zaragoza, un fuego que arrasó más de 14.000 hectáreas de pinar en apenas unos días. Esa noche, la estación de La Cigüeña, de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de La Rioja, registró en Logroño una concentración de partículas PM₂,₅ que triplicó con creces la media mensual de julio. No se declaró alerta sanitaria. El episodio, sin embargo, olía y respiraba dentro de las casas. La antropología sensorial nos recuerda que los olores son vectores de memoria colectiva. El olor a pino quemado se inscribirá en la biografía de este lugar como antes lo hicieron el olor a fermento de las bodegas o a mies segada. Pero esta memoria no es nostálgica; es una memoria de anticipación, un archivo olfativo del futuro que ya ha llegado.

Ese mismo año, la estación agrometeorológica de Alfaro anotó 42 jornadas con máximas por encima de los 38 °C. Tres décadas antes, en el periodo 1981-1990, esos días extremos no llegaron a diez en toda la década. Los modelos climáticos regionalizados del proyecto CLIMPY, impulsado por las administraciones del Pirineo, proyectan para 2050 entre 40 y 60 días adicionales de ola de calor al año en la cuenca del Ebro riojana, con un aumento de la temperatura media estival de hasta 2,5 °C. Mientras, la lluvia se retira. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación anual media en la estación de Logroño-Agoncillo pasó de los 483 mm en el periodo 1971-2000 a 387 mm en las dos últimas décadas. En Rincón de Soto, la estación agroclimática de La Recueja lleva dos décadas registrando el pulso del valle: la precipitación media de abril y mayo, la ventana crítica para el cultivo, ha caído un 22% entre la década 2005-2014 y el periodo 2015-2025, mientras la evapotranspiración anual —la sed del aire— ha crecido un 7%.

El humo y el calor escriben su química en la atmósfera. El 7 de julio de 2023, la misma estación de La Cigüeña, de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de La Rioja, midió picos de ozono troposférico que superaron durante cinco horas consecutivas el umbral de protección de la salud. Este oxidante potente, invisible, reduce la capacidad pulmonar y acelera el envejecimiento de las plantas. Su mapa no es neutral. En España, reproduce la cartografía de la renta: los barrios con menor poder adquisitivo se agrupan junto a las rondas de circunvalación y los polígonos industriales; los más ricos, en las laderas altas donde el viento limpia, Logroño en su valle, no tiene montañas a las que encaramarse y mira a la sierra. La contaminación es un fenómeno social antes que meteorológico. La historiadora de la ciencia Naomi Oreskes afirma que todo régimen de sacrificio –quiénes soportan el coste– define una civilización. Este régimen de sacrificio climático tiene un mapa: los barrios obreros respiran el ozono de las autopistas, las comunidades rurales ven envenenados sus acuíferos por los purines y, sobre todo, los países del Sur global –los que menos han contribuido al problema– reciben los ciclones más feroces. Reconocer este mapa es también una disección moral del régimen que lo traza. En el valle del Aguasvivas, aragonés, el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes contabiliza decenas de miles de cabezas de ganado porcino en explotaciones intensivas. Los nitratos de sus purines han contaminado masas de agua subterránea, superando en la mayoría de los puntos de control el límite de 50 mg/l establecido por la Confederación Hidrográfica del Ebro. El amoníaco que emana de estas granjas viaja por el aire y se deposita en los bosques, acidificando el suelo y debilitando los pinos. La cadena es perfecta y circular: producción industrial de carne → nitrógeno volátil → bosque enfermo y seco → incendio devastador → olor a pino quemado en una ciudad a doscientos kilómetros. El sacrificio ecológico no tiene fronteras administrativas.

Frente a esta lógica, la respuesta psicológica de los más jóvenes es lúcida y devastadora. Una encuesta internacional publicada en The Lancet Planetary Health en 2021, que consultó a diez mil jóvenes de diez países, encontró que más de la mitad cree que la humanidad está condenada y que tres de cada cuatro consideran aterrador el futuro que les espera. La eco-ansiedad, término acuñado por la comunidad psicológica para describir el trauma crónico ante el colapso ambiental, no es una patología individual, sino una respuesta racional a una amenaza colectiva y verificable. Cuando se les pide que imaginen su ciudad en 2040, una mayoría dibuja calles inundadas o paisajes desolados. La playa, para muchos, ya no es un lugar de goce, sino un testimonio de pérdida: más sucia, más lejana cada año. En el sur de la Región de Murcia, estudios de erosión costera han documentado retrocesos de hasta dos metros al año en algunas de sus playas. El dato técnico confirma lo que la experiencia sensible ya sabe.

Necesitamos, por tanto, nuevos ritos colectivos para metabolizar esta pérdida y convertir la conciencia del desastre en energía política. Propongo uno, tan sencillo como subversivo: que el primer día del año en que la temperatura supere los 40 °C en la capital de cada provincia, se decrete un minuto de silencio cívico. Se detendría el tráfico aéreo y rodado, y sonaría una sirena única. No para celebrar un récord, sino para escuchar el vacío que hemos creado, para hacer tangible el umbral que hemos cruzado. No sería un acto aislado. En 2019, Islandia celebró un funeral oficial por el glaciar Okjökull, declarado muerto. Colocaron una placa que reza: este monumento es para reconocer que sabemos lo que está sucediendo y lo que hay que hacer. Solo tú sabrás si lo hicimos. Estos nuevos ritos –el minuto de silencio por el grado crítico, el funeral por el glaciar– son mecanismos culturales de duelo activo, muy distintos de la teatralidad de los plenos de ayuntamientos o parlamentos que aprueban proposiciones no de ley con la intención de no ejecutarlas, análogos más bien a los que las sociedades tradicionales desarrollaban para aplacar a un volcán o pedir lluvia. La diferencia radical es que ahora el agente a aplacar no es una deidad, sino la consecuencia material de nuestra propia acción. El ritual ya no pide clemencia a la naturaleza; exige responsabilidad a la política.

La verdadera desobediencia, sin embargo, no está en el luto: está en la construcción de alternativas que desactiven la lógica del colapso. La ciudad de Valladolid recuperó en 2017 la gestión pública de su ciclo integral del agua, poniendo fin a veinte años de concesión privada en manos del grupo Agbar. Desde entonces, la empresa municipal Aquavall ha mantenido las tarifas congeladas y ha convertido lo que antes era un canon de 5,6 millones de euros para el Ayuntamiento en más de 11 millones de euros de beneficio público, reinvertidos en la propia red. Diez sentencias judiciales han respaldado el proceso frente a los intentos de revertirlo. En Sevilla, el proyecto europeo Powerty instaló placas solares sobre dos colegios públicos del barrio de Torreblanca, uno de los más empobrecidos de España: catorce familias vulnerables reciben ya energía gratuita, con ahorros de hasta el 40% en su factura eléctrica. Estos proyectos son actos de reconfiguración política. Muestran que la distancia entre la mera resiliencia –que pide al individuo que aguante el shock– y el renacimiento –que exige cambiar el sistema para que el shock deje de ser rentable– es, precisamente, la distancia de la democracia.

El 2 de noviembre de 2023, una lluvia intensa limpió el aire de Logroño. Precedida por el petricor, ese olor a tierra mojada que es mezcla de geosmina y aceites vegetales, la lluvia fue un recordatorio de que la atmósfera también puede curar. Ese olor a petricor, tan celebrado poéticamente, es en realidad la firma química de un diálogo: las bacterias del suelo liberan geosmina al humedecerse, y las plantas aceites. Es el olor de la Tierra respondiendo, de un sistema vivo que aún busca su equilibrio. Nos recuerda que formamos parte de un metabolismo vivo, un órgano hipertrofiado y disfuncional dentro de un sistema que también busca su equilibrio. La cura, si llega, será el restablecimiento de una conversación química que hemos interrumpido a gritos. En dos horas, el acuífero subterráneo recibió el equivalente al agua que consumen miles de personas en una semana. No bastó para compensar el déficit, pero devolvió, durante unas horas, el olor a tierra viva y borró el rescoldo de aquel julio.

El cambio climático se ha convertido en una nueva y brutal gramática de la realidad. Aprende a hablar en olores inéditos y en silencios donde antes había el rumor de un río o el canto de un pájaro; sus días, incluso, empiezan a quedarse sin nombre en el calendario tradicional. Adaptarnos pasivamente a este lenguaje no basta: hay que traducirlo –con rabia, con precisión, con amor– sin perder la capacidad de indignación. Si el siglo XX fue el de la proclamación de los derechos humanos, el XXI será el de la asunción de los deberes con la atmósfera que nos permite existir. Pero unos y otros solo cobrarán sentido si aprendemos a nombrar la herida sin convertirla en mercancía, en espectáculo o en estadística fría. La filósofa Isabelle Stengers llama a esto intrusión de Gaia: la Tierra, como entidad geofísica, irrumpe ahora con sus propias condiciones, actor y ya no escenario silencioso de nuestros dramas. No podemos negociar con ella. Solo podemos, como sugiere Stengers, hacer frente a su intrusión, lo que significa, en última instancia, hacer frente a nosotros mismos y a la organización letal de nuestro mundo común.

Frente a esta intrusión geofísica, la arquitectura política diseñada para gestionarla es activamente saboteada, más allá de su fracaso funcional. Los grandes marcos de gobernanza climática –el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030– se incumplen de forma crónica. El último Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que, con los compromisos actuales, el mundo se dirige a un calentamiento catastrófico de 2,8 °C. Los países históricamente responsables –el G20 genera en torno al 78% de las emisiones globales, según el propio PNUMA– siguen expandiendo su infraestructura fósil. En este vacío de acción, la propia Agenda 2030 ha sido convertida en el blanco de una campaña de deslegitimación global que no tiene un único origen: la alimenta la máquina de desinformación de la derecha republicana en Estados Unidos, que tilda los ODS de socialismo global; la alimentan Vox en España y el gobierno de Viktor Orbán en Hungría, que los rechazan como inmigracionismo; la alimentan los think tanks libertarios y negacionistas, desde el Heartland Institute en Chicago hasta la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en Madrid, que los pintan como una agenda globalista para restringir libertades. Esta demonización es un mecanismo de sabotaje perfecto: consigue que la conversación pública deje de versar sobre cómo cumplir los objetivos climáticos para discutir si existe siquiera una emergencia. Mientras el incendio se extiende, el debate se reduce a discutir la existencia del fuego. La paradoja es letal: nunca hemos tenido un diagnóstico científico más claro ni unos instrumentos de cooperación más detallados, y nunca la acción concreta ha estado más lejos de la urgencia declarada, bloqueada por una ficción política que confunde soberanía con negación.

Mientras tanto, cada vez que abra la ventana y llegue, de nuevo, el olor a pino quemado, recordaré que el trabajo consiste en no acostumbrarme: en hacer que ese olor –íntimo, penetrante, colectivo– sea tan políticamente intolerable como lo fue, en su día, el humo que salía de las chimeneas donde se decidió quién merecía vivir y quién no. La atmósfera ha empezado a hablar. Lo que queda por ver es si conseguimos escucharla, y responderle, antes de que deje de respirarnos.