Trabajo tendrá en cuenta el número de parados de cada comunidad a la hora de distribuir fondos

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, compuesta por el Ministerio de Trabajo y los representantes de empleo de las distintas comunidades autónomas, acordó hoy nuevos criterios para distribuir los fondos correspondientes a programas de empleo y de formación para desocupados, según explicó en una comparecencia ante la prensa la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.

Estos nuevos criterios, aprobados por mayoría (hubo comunidades que se opusieron, como Madrid, La Rioja y Valencia), estarán vigentes de 2010 a 2013 y tendrán en cuenta, entre otras cosas, el número de parados de cada comunidad y el número de demandantes de empleo, así como los dictados del Fondo Social Europeo (FSE).

Los nuevos criterios garantizan que ninguna comunidad recibirá menos de lo que estaba ingresando hasta la fecha para gestionar estos programas, cuya financiación corresponde al servicio público de empleo estatal (antiguo Inem). “Con estos criterios, todas las comunidades tendrán como mínimo los ingresos del último año y los fondos de cada comunidad se equipararán con su situación de desempleo”, destacó Rojo.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales aprobó además reforzar los servicios públicos de empleo, con el mantenimiento de los 1.500 orientadores laborales incluidos en el plan de choque que se puso en marcha en 2008. Estos orientadores, contratados en principio por un año para diseñar itinerarios laborales y ayudar a los desempleados, permanecerán en sus puestos dos años más, hasta 2011.

Para el mantenimiento de estos profesionales en las redes autonómicas de los servicios públicos de empleo, se destinarán en principio 50 millones de euros en 2010 y 33,4 millones de euros en 2011, a los que hay que sumar los 16,7 millones de euros invertidos ya este año.

Gobierno y comunidades autónomas aprobaron además una propuesta para la “refundición” de los actuales programas de empleo que financia el Inem y gestionan las comunidades autónomas. Esta propuesta, elaborada con vistas a un futuro Real Decreto y que se debatirá también en el marco del diálogo social, consiste en simplificar los planes de empleo vigentes, dotándoles de mayor flexibilidad y sustituyéndolos por líneas de actuación y objetivos concretos.

Asimismo, Rojo informó de que la Conferencia Sectorial ha acordado distribuir 40 millones de euros para reforzar los centros especiales de empleo, donde trabajan personas con problemas de discapacidad, y otros 5 millones de euros para programas de fomento del empleo en sociedades cooperativas.

REGULARIZAR LAS AGENCIAS PRIVADAS DE EMPLEO

Preguntada por si Trabajo tiene la intención de regularizar las agencias privadas de empleo, Maravillas Rojo resaltó que se trata de un tema que debe debatirse en el diálogo social y declaró el Ministerio y la Secretaría General de la que es responsable apuestan “decidida y firmemente” por los servicios públicos de empleo y por su mejora.

“Los servicios públicos de empleo son necesarios para afrontar la crisis, pero también las situaciones de desarrollo. Hablar de homologarnos con Europa es hablar de unos servicios públicos de empleo mejorados y reforzados y en eso es en lo que estamos trabajando”, subrayó.

En ese contexto, añadió Rojo, es donde “cabe plantearse” la regularización de las agencias privadas de empleo, pero siempre teniendo en cuenta que modernizar los servicios públicos de empleo no puede identificarse únicamente con legalizar la situación de estas entidades.

ABIERTO A LAS REFORMAS, PERO NO A ABARATAR DESPIDOS

En cuanto a las palabras del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la necesidad de acometer una reforma laboral en España que, entre otras cosas, abarate el despido, Maravillas Rojo insistió en que “todas las opiniones son respetables”, pero precisó que las prioridades del Gobierno no pasan por ahí.

De hecho, indicó que ahora lo más importante es normalizar el acceso al crédito, reformar el sistema financiero, proteger a los desempleados, frenar la destrucción de puestos de trabajo e impulsar la contratación laboral. No obstante, agregó que para avanzar hay que estar abierto a los cambios. “El Ministerio de Trabajo lo está”, declaró Rojo, que acto seguido descartó rebajar los costes del despido.