La Justicia rechaza paralizar Madrid Central como pedían el PP y el Gobierno de la Comunidad
Madrid Central seguirá en vigor. Los recursos del Partido Popular y la Comunidad de Madrid no han logrado su objetivo de paralizar la medida municipal que restringe el tráfico más contaminante y el de paso en la ciudad. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado denegar las medidas cautelares solicitas por el Partido Popular y la Comunidad de Madrid contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, en lo relativo a Madrid Central.
El tribunal asegura en el auto que ni el Partido Popular ni la Comunidad de Madrid en sus recursos “detallan, en puridad en qué consisten los prejuicios que se califican de irreparables”. El TSJM le recuerda al Gobierno regional que “frente al interés general”, “no pueden prevalecer intereses de otras administraciones públicas –no concretados– ni los intereses particulares de los ciudadanos más intensamente afectados por las medidas limitativas”.
“Lejos de demandar la suspensión cautelar de la vigencia de la disposición impugnada”, los magistrados del TSJM “exigen su cumplimiento” y concluyen que “existe un indudable interés público en la aplicación inmediata de las normas que la componen”.
Los magistrados hacen alusión a la normativa europea y recuerdan que “sin la regulación, creación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central resultaría imposible alcanzar en el año 2020 el cumplimiento de las obligaciones de la calidad del aire debiendo prevalecer el interés general representado en la protección de la salud”.
En la resolución, y más allá de los argumentos que llevan a los jueces a tomar la decisión, los magistrados recuerdan a las administraciones involucradas que deben respetar en sus actuaciones los principios de cooperación y colaboración en aras a la eficaz consecución de los fines de interés general que demanda el ejercicio de sus propias competencias.
En este caso, dice el tribunal, esos principios no han regido las relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad, pese a la trascendencia que tiene para los ciudadanos la restricción de la circulación vial que entraña la aplicación de la disposición general impugnada. Esta circunstancia, continúa la resolución, demandaba y demanda la implicación activa y coordinada de ambas administraciones territoriales, con el objeto de incumplir el fin primordial de su propia existencia: servir con objetividad los intereses generales.
Madrid Central es el proyecto más ambicioso del Gobierno que dirige Manuela Carmena y el que más oposición ha despertado desde el PP y Ciudadanos. Madrid Central es la primera medida del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático y tiene como objetivo reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas altamente nocivo para la salud. El Ayuntamiento de Madrid calcula que la puesta en marcha de Madrid Central reducirá la contaminación en un 40%. Nunca antes en la historia de Madrid un Gobierno municipal había adoptado medidas tan drásticas contra el tráfico privado.
Los recursos de Comunidad y PP
El Gobierno regional que dirige Ángel Garrido interpuso un recurso contra la entrada en vigor de Madrid Central, al entender que se ha llevado a cabo una tramitación “incorrecta” por, entre otros motivos, la falta de informes, la afectación a competencias autonómicas o el no haber estado sometido a información pública y audiencia correctamente.
También presentó un segundo recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno del 29 de octubre, por el que se desarrolla el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central. El objetivo, según ha explicado el presidente madrileño, “es defender tanto la salud como los derechos generales de todos los madrileños”.
Por su parte, el pasado 29 de octubre, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, anunció la interposición de otros dos primeros recursos y esgrimió que el decreto se firmó “sin previo aviso” debido a una “voluntad de imposición sobre un determinado modelo del centro, que perjudicará no solo al centro sino al conjunto de la ciudad”.
