La Comunidad de Madrid reconoce que el derecho al aborto “no se puede asegurar” en algunos hospitales públicos

Una licitación del Hospital Universitario El Escorial de la Comunidad de Madrid ha vuelto a mostrar que las interrupciones voluntarias del embarazo no se asumen de forma mayoritaria en la red sanitaria pública madrileña. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) afirma en un pliego para contratar centros sanitarios externos privados que practiquen abortos que “en algunos hospitales públicos” de la región “no se puede asegurar” el cumplimiento de este derecho, según ha publicado El País este jueves.

El Sermas dice en ese documento que, “entre otros motivos”, ocurre “por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”. El Gobierno de Ayuso ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada. Un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo fueron realizadas en 2024 en la Comunidad de Madrid, según el Ministerio de Sanidad, de las cuales el 99,53% fueron llevadas a cabo en centros privados.

El acuerdo para que clínicas y centros sanitarios externos puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo a pacientes del Hospital Universitario El Escorial es un acuerdo marco, una fórmula de contratación pública que permite elegir previamente qué empresas o centros que podrán prestar un servicio durante un tiempo concreto, y con unas condiciones fijadas por la Administración. En este caso, el expediente se publicó el 13 de agosto de 2026 y el plazo para presentar ofertas termina el 15 de septiembre.

Según el citado medio, el acuerdo sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse “en el plazo más breve posible”, tanto para cumplir los plazos legales como para minimizar riesgos, pero después afirma que el Servicio Madrileño de Salud no puede asumir la totalidad de los procedimientos incluidos en la cartera de servicios. “Sin embargo, en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se puede asegurar su realización, entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”, se explica en el texto firmado por el Sermas.

“Es necesario recurrir a la contratación de centros acreditados externos para garantizar el acceso efectivo a la IVE a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública en la Comunidad de Madrid”, dice. Además, el texto insiste en que, “ante la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad”, se plantea contratar la prestación de este servicio público con entidades privadas con experiencia en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene un pulso con el Ministerio de Sanidad por el cumplimiento de la ley para crear el registro de objetores del aborto. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha respondido a El País que “en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación. Igual que el Sermas garantiza la prestación, garantiza igualmente la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar”.