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El PSOE lleva a la Fiscalía los contratos del Gobierno de Ayuso con Sarasola, el empresario que le cedió el apartamento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fátima Caballero

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El PSOE de Madrid ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía por un delito de falsedad de documento público por el contrato a Room Mate, propiedad de Kike Sarasola, que apareció y desapareció del portal de Transparencia en cuestión de horas. El contrato se publicó el mismo día que se conoció que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se estaba alojando en dos apartahoteles propiedad de Sarasola a un precio reducido.

“La Fiscalía debe comenzar a indagar estos delitos de falsedad de documento público”, ha manifestado la secretaria de Organización de los socialistas madrileños, Carmen Barahona, en una rueda de prensa . “Entendemos que la Fiscalía tiene que indagar para aclarar si estamos ante un error o estamos ante hechos que pudieran ser objetos de reproche penal”.

La denuncia va dirigida,contra todas aquellas personas que puedan aparecer en la investigación como responsables. Por ello, creen que la Fiscalía debe comenzar a indagar “por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público o, en su caso, de alguno de los delitos contra la Administración Pública, sin perjuicio de lo que finalmente se acredite con la investigación”.

El contrato valorado en más de medio millón de euros iba destinado a la preparación de dos hoteles que la cadena Room Mate había ofrecido gratuitamente a la Comunidad de Madrid para alojar a ancianos residentes en los geriátricos de Madrid que no hubieran contraído la Covid-19, con el objetivo de protegerles contra el virus.

Desde el área de Políticas Sociales explicaron después que el hecho de que durante unas horas figurase como adjudicataria la empresa de Sarasola se había debido a un “error”. “Room Mate no va a cobrar nada por ello”, han añadido, versión que coincide con la ofrecida a este periódico por la empresa hotelera. El adjudicatario del contrato era, según explicaron, la Coordinadora del Tercer Sector, asociación que ha puesto en marcha la logística de los hoteles para alojar a ancianos (contratación de personal sanitario, entre otros). El contrato pasó de 565.000 euros a la mitad.

El departamento que dirige Alberto Reyero cesó días después al secretario general técnico, Miguel Ángel Jiménez, a quien consideró “máximo responsable” del error que llevó a la publicación de un contrato que no se había formalizado con el empresario Kike Sarasola.

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