Batalla vecinal en Hortaleza contra la “obra ilegal” para convertir la oficina bajo sus casas en 15 lofts: “Estás desprotegido”
“No tenemos mucho tiempo porque la obra va a toda pastilla”. Estas palabras de una residente ilustran hasta qué punto la tranquilidad habitual en el número 27 de la calle Toronga lleva meses perturbada. Se trata de un bloque del barrio de Canillas, en el distrito de Hortaleza de Madrid, donde la rutina se está viendo alterada por unas obras que tachan de “ilegales” en las que, según explican, la constructora Dapamali Works S.L. está en proceso de reconvertir las oficinas que ocupan la primera planta del edificio en quince pequeñas viviendas.
“Arriba hay 24 pisos repartidos en seis plantas donde vivimos 24 familias, y de repente nos quieren montar otros 15 debajo”, denuncia en conversación con Somos Madrid un vecino que prefiere no dar su nombre, en un barrio de rentas medias y elevadas. Además, las obras afectan a otros dos bloques colindantes y un total de 72 núcleos familiares. Desde su punto de vista, “la estructura no está pensado para eso”. Así lo reconocen los propios usos terciarios estipulados en la licencia del inmueble para esa primera planta, entre los que no se incluye el fin residencial.
Los vecinos se alertaron en cuanto vieron el tipo de trabajos que comenzaron a desarrollarse en el la planta el pasado diciembre. “Tenían permiso solo para la reforma del baño y trabajos de carpintería, por lo que se llamó a la policía y se constató que no tenían autorización para hacer lo que estaban haciendo: construir tabiques de segregación de la oficina”, relata P.B., otra vecina afectada que opta por ser citada solo con sus siglas. El informe de la Agencia de Actividades municipal, al que este medio ha tenido acceso, da cuenta de esta versión. “Llegaron a tirar tabiques que ya estaban construidos para evitar una sanción o el cierre de la obra. Se las saben todas”, añade esta mujer que lleva tres décadas viviendo en el lugar.
“A los tres días ya tenían una segunda declaración responsable consistente en la segregación de una superficie de 800 metros cuadrados, cuyo uso es solo para oficinas, para convertirla en 15 oficinas. Como es lógico esa división microscópica no tiene sentido. Todo apunta a que están haciendo pisos encubiertos [15 lofts de 53 metros cuadrados en caso de que tengan tamaños uniformes] y así lo hemos constatado de primera manos al interactuar con la empresa promotora”, continúa relatando esta propietaria.
Dicha compañía inmobiliaria es la promotora Dicapres Inversiones S.L, que a su vez comparte dirección con la constructora Dapamali Works y que ha rechazado responder las preguntas de Somos Madrid: “No tienen nada que hablar”, manifiestan fuentes de la entidad. Este periódico ha tenido acceso, además, a los planos del proyecto de reforma para la transformación en viviendas. En ellos se observa nítidamente la distribución residencial de las estancias.
Inquietud e impotencia después de llamar a todas las puertas
La maniobra ha puesto en pie de guerra a vecinos del bloque (cuenta de Instagram recién creada incluida), con reclamaciones en varios frentes. Por un lado los peligros de seguridad en una obra que “no cuenta con los permisos oportunos” al no estar autorizada para edificar viviendas. Por otro, la “falta de control y de respuesta” de distintos organismos integrados en el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.
“Desde la comunidad hemos denunciado los hechos a la Agencia de Actividades (ADA), a la Oficina del Alcalde, a Inspección de trabajo... pero vemos que la obra va a toda máquina y tememos que una vez terminada el control municipal que exigimos ya no llegue a tiempo o no se produzca nunca”, dice P.B. La ADA no ha emitido respuesta a los vecinos hasta este mismo martes, cuando este periódico ya había consultado al Ayuntamiento sobre el control del caso. En ella apuntan que “se declarará la ineficacia de la declaración responsable si se comprueba la no adecuación”, aunque en caso contrario la ADA admite que deberá esperar a que “se desarrolle la posible actividad fraudulenta” para actuar. “Estás desprotegido”, afirma José, un tercer vecino indignado que atiende a este diario.
La práctica del dejar hacer para que las decisiones judiciales lleguen cuando en muchos casos causa mayor perjuicio revertir las modificaciones ya efectuadas que mantener la nueva situación, o cuando directamente se vuelve imposible volver atrás, se ha convertido en un habitual en el urbanismo madrileño: la reforma del Hospitalillo de Chamberí para su conversión en colegio privado o el derribo de las históricas cocheras de Cuatro Caminos son solo dos ejemplos. “Y en caso de que a los empresarios les metan un puro sencillamente desaparecen, disuelven la sociedad y a ver quién da con ellos”, opina José.
La declaración responsable es correcta, en el sentido de que cumple con los requerimientos burocráticos, el problema es poder operar con un documento que luego no respetan y se saltan a la torera
Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad indican a este diario que ya en junio de 2021 la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza emitió “informe técnico desfavorable en relación a la posibilidad de implantar el uso residencial en las plantas baja y primera”. Posteriormente, el 11 de febrero de 2023, el consistorio declaró ineficaz la declaración responsable presentada por los promotores por “falta de documentación”.
El pasado 2 de febrero, el consistorio sí aprueba una nueva declaración responsable “para llevar a cabo solo obras y que transformen cuatro oficinas en 15 dentro de la planta primera del edificio de la calle Toronga 27”. Los propios vecinos reconocen que “la declaración responsable es correcta, en el sentido de que cumple con los requerimientos burocráticos, el problema es poder operar con un documento que luego no respetan y se saltan a la torera”.
Estas fuentes municipales aseguran que el proceso de vigilancia continúa activo: “Desde la Agencia de Actividades se ha programado una visita de comprobación el próximo viernes 22 de marzo, en la cual se verificará por parte de los servicios técnicos la conformidad de lo declarado con la normativa urbanística. Si por el contrario, la actuación no es ajustada a norma, se declarará la ineficacia. Asimismo, si se comprobase el ejercicio de una actividad distinta a la de oficina se actuará desde la Agencia con los expedientes de restablecimiento de la legalidad, sancionadores y de ejecución forzosa que correspondan”.
Molestias, posible estafa y una comunidad cuya identidad peligra
Pero las quejas también tienen que ver con el nuevo panorama que estos alojamientos crearía en el inmueble: “¿Cómo distribuyes a tantos nuevos residentes?”, se pregunta José. Prevén igualmente un aumento significativo de molestias de diversa en el ruido o los problemas de tráfico tanto durante las obras como una vez llegasen los hipotéticos inquilinos y crezca significativamente el número de personas en el edificio.
“Con estas maniobras se multiplica la densidad de los barrios, sin tener en cuenta que los servicios no aumentan en el mismo grado y a costa de perjudicar a los vecinos que viven en un inmueble con algunas oficinas que de pronto ven multiplicadas por cuatro en pisos”, critica P.B. Y todo ello mientras sobrevuela la posibilidad de que acaben siendo viviendas de uso turístico que incrementen de manera aún más acusada las molestias en el bloque.
Se multiplica la densidad de los barrios, sin tener en cuenta que los servicios no aumentan en el mismo grado y a costa de perjudicar a los vecinos que viven en un inmueble con algunas oficinas que de pronto ven multiplicadas por cuatro en pisos
A José también le causa inquietud el posible perjuicio que pueda causar a los futuros compradores o arrendatarios, que lleguen a su nueva residencia sin saber que no dispone de las licencias requeridas: “Les van a estafar, es pura especulación”. El residente que prefiere hablar desde el anonimato remarca que estos nuevos inquilinos no podrán disfrutar de la piscina y de otras zonas comunes por la naturaleza del inmueble que adquieren, circunstancia que “la inmobiliaria está ocultando”. Equipara las repercusiones de las hipotéticas adquisiciones con el caso del loft del presentador Arturo Valls, reformado ilegalmente por el estudio de Rocío Monasterio.
Un edificio del que también podría cambiar de forma muy significativa el perfil del inquilino o propietario. Erigido en 1992, nació como dotación dirigida principalmente a la cooperativa del taxi de Madrid, al igual que los números 23 y 25 de esa misma calle Toronga. Así lo cuenta P.B., que lleva viviendo aquí desde hace 30 años. “Los mismos que tiene mi hijo”, apostilla. Y añade: “Aunque estemos en una zona residencial cercana al Conde de Orgaz, la mayoría de los vecinos de esta comunidad tenemos conciencia de lo que somos: obreros”.
José se mudó a la zona un lustro más tarde para vivir con su esposa y comparte estas sensaciones: “Para mi mujer este piso tiene un enorme peso emocional, surge de la cooperativa del taxista después de años de esfuerzo y sacrificio para crear una comunidad. Ahora siente que están violentando el trabajo de sus padres”.
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