Las causas del mayor sobrecoste por obras de la era Almeida: imprevistos y otras gastos añadidos al soterrar la A-5

La mayor obra de infraestructuras de la era Almeida, la del soterramiento de la A-5, es también la que mayores sobrecostes soportará, con un importe final que tendrá una factura final muy cercana a los 400 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en el mes de octubre dos aumentos de gastos en los dos lotes de los que se compone la obra por un valor total de algo más de 33 millones de euros (IVA incluido), como adelantó este periódico hace unos días.

El incremento fue publicado por el consistorio sin detallar el origen de los sobrecostes, aunque Somos Madrid ha podido tener acceso a las 417 partidas en las que las constructoras justifican los trabajos no previstos en los contratos iniciales y que el Ayuntamiento de Madrid ha dado por buenas para autorizar el desembolso por encima del gasto inicial previsto. Una buena parte de ellas tiene que ver con infraestructuras de las que no se tenía constancia en la redacción del proyecto o aparecían incorrectamente ubicadas, algo común en una obra de tan grandes dimensiones. Aunque otras se han dado en lugares previamente identificados o para trabajos que el proyecto inicial había obviado.

Respecto al primer grupo, las empresas adjudicatarias de los dos lotes (FCC y Ferrovial, Dragados y Acciona) hallaron dificultades al encontrarse con colectores, acometidas y galerías de saneamiento no inventariados o que los planos disponibles no los ubicaban correctamente, también se toparon con sorpresas como varias líneas eléctricas de Metro Ligero que no estaban previstas. Incluso se produjeron algunos cortes de agua por estas circunstancias que obligaron a actuaciones de urgencia.

Otras afecciones se produjeron pese a contar con documentación técnica previa, máxime cuando el Ayuntamiento licitó un contrato de revisión externa, posterior al desarrollo del proyecto, que tenía obligación de detectar omisiones y comprobar interferencias con los servicios afectados en este último. En el apartado de trabajos que deberían haber podido preverse estaba una galería municipal de servicios ya localizada previamente que interfería con el túnel y, por lo tanto, debía ser demolida y todos sus suministros recolocados. También algunas arterias de abastecimiento de agua, líneas eléctricas o de gas. Aunque uno de los casos que más llama la atención son las instalaciones del túnel existente de Calle 30, que no fueron contempladas en la redacción del proyecto pese a que su conexión con la A-5 era obligatoria y previsible.

Más Madrid llevará a la Comisión de Movilidad de este lunes una pregunta sobre cómo justifica el Ayuntamiento el incremento del coste de esta obra un 11%. Su concejala Esther Gómez Morante se pregunta en declaraciones a este periódico “¿Por qué se está pagando más en el soterramiento de la A5 por errores que se podían haber evitado? Nadie discute que en una obra de esta escala pueden surgir imprevistos o algunas instalaciones desconocidas. Pero hay una diferencia sustancial entre no saber que algo existe y saberlo, pero no haber previsto cómo afectaba a la obra”.

El partido de la oposición asegura haber analizado y comprobado que buena parte de las modificaciones se concentra, precisamente, en infraestructuras que ya se conocían cuando se redactó el proyecto. “Por ejemplo, es inexplicable que se haga el proyecto de un túnel pensado para conectarse con el de Calle 30 sin tener en cuenta las instalaciones de la vía subterránea a la que se va a conectar. Esto no se puede plantear ni justificar, como hacen los informes, como algo imprevisible”. También critica Gómez Morante que apareciera “una galería municipal de varios metros de altura y anchura, que con toda seguridad estaba identificada. O tuberías de agua que han reventado durante las obras y han dejado sin agua a varios barrios durante días. Este es el nivel de chapuza de las obras de Almeida”.

Más Madrid destaca que “Además, el problema no está en un solo contrato, sino en dos. El proyecto constructivo lo redactó la empresa del hermano de Carabante y presentaba carencias graves” -esta circunstancia fue llevada a Anticorrupción y resultó posteriormente archivada por la Fiscalía- “y luego hay un contrato de supervisión cuya razón de ser era, precisamente, detectar esas deficiencias, pero tampoco lo hizo”, denuncia Esther Gómez. “Exigimos explicaciones y respuestas claras a estas cuestiones, son errores graves y previsibles y este sobrecoste de 33 millones, que huele muy mal, lo pagamos las vecinas y vecinos de nuestro bolsillo”, concluye.