Colectivos vecinales piden este sábado frente al Ayuntamiento un Madrid verde y habitable

Bajo el lema “La ciudad es un derecho, no un negocio”, colectivos de afectados por las políticas del Ayuntamiento de Madrid volverán a unirse a asociaciones vecinales, conservacionistas y de defensa del patrimonio para tomar las calles y exigir al alcalde de la capital, José Luis Martínez- Almeida, un cambio de rumbo para poder recuperar calidad de vida. 

Al igual que el pasado 1 de diciembre, estarán presentes en la concentración más de una veintena de plataformas y otros grupos con conflictos abiertos en la actualidad como los vecinos afectados por la expansión descontrolada de las terrazas de hostelería, el colectivo No al Pelotazo de la Ermita del Santo, o Arganzuela SOS Arboleda.

La concentración del sábado 25 de marzo arrancará a las 12.00 en la esquina del Paseo del Prado con la calle Alcalá. Desde allí se iniciará una marcha alrededor de la fuente de Cibeles para después volver al punto de inicio, donde intervendrán colectivos participantes que explicarán las problemáticas que afectan a sus barrios.

La Plataforma por el Derecho a la Ciudad, impulsora de esta protesta, lleva años apoyando un modelo de ciudad basado en la defensa de lo común y “en contra de la especulación que propicia las políticas del Ayuntamiento de Madrid”. De cara a la movilización, ha elaborado un comunicado, que cuenta con el respaldo de numerosas entidades, en el que se critica la gestión del Ayuntamiento y su apuesta por “la privatización y la mercantilización del espacio público”. 

Además, la plataforma incluye en este “manifiesto” un listado en el que recoge los frentes abiertos del gobierno municipal, cuatro, concretamente: la turistificación, la vivienda, la privatización y el verde urbano. En definitiva, los colectivos que se han sumado a este movimiento defienden “un modelo de ciudad basado en los principios básicos de la defensa de lo común, del espacio público, de una vivienda pública, de barrios equilibrados, de defensa del patrimonio público y de su interés social, así como de una ordenación del territorio que proteja el patrimonio histórico y natural como depositarios de la memoria y la identidad”.