La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid pretende encubrir una obra de rehabilitación de 105 millones de euros en la incineradora de Valdemingómez dentro del nuevo contrato de prestación de servicios para el tratamiento de residuos domésticos. Esta operación, según la FRAVM, supone una grave irregularidad, ya que dicha inversión debería contar con un contrato y proyecto independientes.
El Consistorio de José Luis Martínez-Almeida busca prolongar la vida útil de la incineradora otros 15 años, a pesar de que la instalación opera con una Autorización Ambiental caducada desde diciembre de 2023. Para ello, ha introducido una partida anual de siete millones de euros en concepto de “inversiones”, ahora explicitada tras las alegaciones presentadas por la FRAVM a finales del pasado año. La organización vecinal acusa al Ayuntamiento de falta de transparencia y de desentenderse de sus obligaciones como propietario de la planta.
El nuevo contrato, cuya fase de información pública finaliza este viernes 11 de julio, incluye también un incremento del 37% en los gastos de personal respecto a la propuesta anterior, alcanzando los 3,9 millones de euros. La FRAVM advierte de que el Ayuntamiento dejaría en manos del concesionario la decisión sobre qué obras ejecutar, una maniobra que consideran “inadmisible” en una instalación pública y altamente contaminante.
En sus alegaciones a la estructura de costes del contrato, la FRAVM denuncia que el uso del contrato de servicios para camuflar obras estructurales vulnera la normativa y desvirtúa la naturaleza del acuerdo. Reclaman que la estructura de costes no incluya ninguna inversión encubierta y que, si se desea rehabilitar la planta, se tramite un contrato específico para ello. A su juicio, lo lógico sería avanzar hacia el cierre de la incineradora, como llevan años exigiendo los colectivos ecologistas y vecinales.
Además, la organización critica que el nuevo contrato tenga una duración de 15 años, comprometiendo la acción de futuros gobiernos municipales. Consideran que cualquier contrato de estas características no debería extenderse más allá de 2027. En línea con las demandas de la Mesa por el Cierre de la Incineradora, la FRAVM reitera la necesidad de clausurar la instalación antes de que finalice 2025.
Por último, el documento de alegaciones también alerta sobre el sobrecoste del 11,96% respecto a la propuesta inicial y la falta de claridad en varios apartados del contrato. La FRAVM insiste en que Madrid debe abandonar cuanto antes la incineración de residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular y residuo cero, tal como marcan las directrices europeas.