La guerra contra los miles de pisos Airbnb ilegales que se calcula operan en el centro de Madrid (entre 8.000 y 10.000, según los vecinos) se libra en varios frentes. De la del Ayuntamiento, que ultima la aprobación de su ley para cerrar el 95% de ellos, hablamos hace unos días. Hoy se ha producido una nueva victoria en otro campo de batalla, el de las asociaciones vecinales, que han conseguido el respaldo judicial para obligar al Ayuntamiento a inspeccionar los pisos que ellas denuncian.
La sentencia ha sido dada a conocer por la Asociación Vecinal Sol y Barrio de Las Letras, una de las más activas contra un fenómeno que está vaciando -literalmente- su barrio de vecinos para dejar sitio a los turistas. En ella, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid obliga al Ayuntamiento a “instruir y resolver los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y sancionador” contra siete edificios del centro de Madrid que fueron denunciados en su momento. Y lo ha de hacer en los próximos seis meses.
En la práctica, esto significa que el Ayuntamiento ha de comprobar las denuncias vecinales que le lleguen y ver si la Vivienda de Uso Turística (VUT) señalada cumple o no con la legalidad. En el caso de resultarlo, la asociación entiende que deberá abrir de forma inmediata “el correspondiente expediente restaurador de la legalidad urbanística, que se inicia con un cierre cautelar del uso
urbanístico ilegal, y que debe estar concluido en seis meses“. Además, la asociación vecinal entiende que se ha de abrir a la vez ”un expediente sancionador urbanístico“, con una multa que ”no pueden ser inferior al beneficio obtenido por el responsable del uso urbanístico ilegal durante todo su ejercicio“.
La sentencia aún no es firme y el Ayuntamiento tiene dos semanas para recurrirla. Desde la Asociación Vecinal Sol y Barrio de Las Letras creen que va a ser una decisión que marque la línea política del consistorio: “Nos va a dar un testigo muy claro de la relación entre las palabras y los actos del Ayuntamiento en materia de VUT y reclamaciones vecinales”.
Este movimiento vecinal afirma llevar cuatro años avisando al equipo de gobierno “del inexorable colapso del Distrito Centro como territorio residencial digno si no se pone coto al proceso infeccioso de su tejido residencial, devorado masiva y exponencialmente (víricamente) por las VUT ilegales en espacios legalmente sólo residenciales, y de que, muy probablemente, ya estemos llegando tarde”. También se queja de que las órdenes de cierre del Ayuntamiento todavía no han acarreado “ningún precinto efectivo”.
No obstante, los vecinos celebran un dato esperanzador para sus demandas: que al menos 130 VUT denunciadas por la asociaciación han dejado de operar a día de hoy.
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