El hotel de la Plaza Mayor de Madrid se construyó con una licencia ilegal de obras, según el TSJM

Las obras que transformaron la histórica Casa de la Carnicería de Madrid en un hotel de cuatro estrellas se ejecutaron con una licencia de obras ilegal. Así lo dictamina el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una sentencia en la que anula dicho permiso y asegura que el Ayuntamiento la aprobó sin dos planes que eran obligatorios en este caso y que el equipo de Manuela Carmena se saltó en 2017 para permitir la rehabilitación del edificio y destinarlo al alojamiento de turistas.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, se explica que “la naturaleza y alcance de las obras autorizadas por la licencia recurrida (...) determina que el otorgamiento de la licencia exigiera la previa aprobación de un plan especial de obras para la protección del patrimonio histórico, en el que se debía valorar la viabilidad de las concretas obras a permitir en el edificio”. También estima que, por tratarse de un bien protegido, se debería haber aprobado otro Plan Especial para el Control Urbanístico-Ambiental de Usos, otro trámite que se saltó el Ayuntamiento a la hora de conceder la licencia: el TSJM indica que lo que se presentó en su lugar “resulta notoriamente insuficiente para valorar la incidencia sobre el medio ambiente urbano de la implantación de uso hotelero”.

Actualmente, la Casa de la Carnicería posee una protección urbanística de Nivel I, Grado Singular (el máximo posible), su fachada está declarada Bien de Interés Cultural y es Monumento Histórico Artístico dentro del entorno en el que se ubica, la Plaza Mayor de Madrid.

El TSJM da la razón al PSOE, cuyo grupo municipal denunció la concesión de la licencia y, pese a que fue desestimada en primera instancia, ahora la justicia admite que su aprobación no fue legal. “La concesión de la licencia ignoró el régimen jurídico de protección de los bienes culturales en Madrid”, lamentan desde el partido socialista. “Esta sentencia pone de manifiesto una vez más, el nulo interés del Ayuntamiento por la protección de su patrimonio histórico y cultural y la necesidad de revisar una gentrificación que expulsa el tejido residencial ”.

“El Ayuntamiento de Madrid debe cambiar la política que está llevando a cabo en el centro de la ciudad, que supone la terciarización de este centro para sustituir el tejido residencial por hoteles o por apartamentos de carácter turístico”, apunta el concejal socialista Pedro Barrero, que acusa al equipo municipal de “someter al centro de la ciudad a una presión continua” que conlleva “la desaparición del comercio de proximidad y de instalaciones para uso y disfrute de los vecinos”.

Una concesión hasta el año 2090

La sentencia llega cuatro años después de que fuera concedida la licencia y cuando el hotel lleva dos años de funcionamiento. El hotel, construido por la empresa Global Mandalay y que forma parte de la cadena Pestana, cuenta con 89 habitaciones y dos piscinas en el corazón de Madrid. El concurso público se resolvió cinco días antes de que Ana Botella dejara la alcaldía de la ciudad y fuera sucedida por Carmena: permite la explotación durante 40 años del edificio a cambio del pago de 420.000 € anuales. La concesión se puede renovar de 10 en 10 años, hasta un máximo de 75. Es decir, que podría llegar hasta el año 2090.

La construcción de este hotel tuvo efectos en otras partes de la ciudad: los bomberos del parque situado en la calle Imperial, espacio que ahora también forma parte del hotel, tuvieron que trasladarse ante la cesión del edificio. Ahora se encuentran en el nuevo parque construido en la calle San Bernardo, otro espacio que provocó un rechazo vecinal notable debido a su llegada.

La sentencia no tiene efectos inmediatos sobre la actividad del hotel, ya que no es firme. El Ayuntamiento de Madrid podrá recurrir la sentencia ante el Supremo a través de la vía de la casación o también modificar la licencia de obras que concedió en su momento para legalizarla. El PSOE también estudia recurrir el fallo judicial porque el TSJM no estimó una parte importante de su demanda: la de anular el uso de hospedaje para este edificio, hecho que se produjo en el año 2012 y que permitió toda esta operación urbanística.

Los socialistas creen que la modificación puntual del PGOUM que se hizo en su momento no se ajustaba a derecho y que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo contradice la actual sentencia del TSJM, por lo que la batalla judicial por el uso de este edificio en uno de los puntos icónicos de Madrid tiene visos de alargarse más allá de este fallo judicial.