El Juzgado ve delito en el 'cambiazo' del Plan de Urbanismo de Valladolid, pero exime de culpa al alcalde

Después de cinco años de investigaciones, el conocido como ‘caso PGOU’ de Valladolid ya da visos de conclusión. Y lo hace con contundencia, aunque sin ser la esperada por los demandantes. La finalización es clara pues, según el auto del Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid, se han podido cometer seis delitos en las “alteraciones” del Plan General de Ordenación Urbana de 2003: contra la ordenación del territorio; prevaricación; falsedad; cohecho; tráfico de influencias; y negociación prohibida a funcionarios. También es contundente al imputar estos delitos al que fuera concejal de Urbanismo de Valladolid, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de servicio de Urbanismo; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía abogado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

Sin embargo, en la lista de imputados no aparece el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, para quien todos los denunciantes habían pedido su inculpación, pero el juez dice, sin citarlo textualmente, que hay “otros casos” en los que no hay “indicios suficientes de responsabilidad penal”.

Este caso, que fue definido por algunos medios de comunicación como un “cambiazo” del PGOU, comenzó a crecer en el año 2003, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, pero antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para “beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos”.

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al que ha tenido acceso La Meseta, la investigación judicial se centró en que el cambio de este Plan se hizo mediante una “revisión, en lugar de modificación”. Además, tampoco se dio cuenta del texto único por el Pleno municipal a todos los grupos, con tiempo para examinar el texto antes de su remisión para la publicación del mismo, y la ausencia de requisito de control por la Consejería de Fomento del texto único, antes de su publicación.

Como consecuencia de este auto judicial, el PSOE, que fue quien abrió esta cuestión judicial, ha salido en tromba hacia la figura de León de la Riva, a quien responsabiliza de esta trama por lo que le pide la dimisión inmediata.

Así, el secretario provincial del PSOE, Javier Izquierdo, ha pedido la “dimisión inmediata” del alcalde, Javier León de la Riva, por “sus responsabilidades políticas” en este caso, donde, en su opinión, es “muy clara” su “responsabilidad política” ya que “nombró a ese concejal imputado –José Antonio García de Coca– e impulsó una corrección de errores que pretendía encubrir esas irregularidades”.

Incluso Javier Izquierdo define este caso como un claro ejemplo de “trama de corrupción urbanística” pues, según recuerda, “hay imputados empresarios, funcionarios y un responsable político, un concejal. Todos los ingredientes de una trama de corrupción urbanística”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, quien ha mostrado su “consternación por la situación en que queda la ciudad”, también pide al alcalde que dimita por su “responsabilidad política”.

IU, que ha pedido “explicaciones urgentes” al alcalde “en sede municipal”, ya que este auto judicial descubre un “panorama desolador que afecta negativamente al funcionamiento municipal y muy gravemente a la confianza en la institución en su conjunto”.

Pero el Ayuntamiento ya ha respondido. Y lo ha hecho, a través de un comunicado de prensa, en el que pide que no se olvide la “presunción de inocencia”, algo que “no se desvirtúa por el auto, que abre una nueva fase del proceso jurisdiccional, sin que ello suponga un reproche de culpabilidad a los imputados, y que además es susceptible de recurso por las partes”. El PP en el Ayuntamiento también ha mostrado su apoyo, “sin ambages”, hacia el “buen hacer de los empleados públicos municipales, que cuentan con todo su apoyo”.

Hace cinco años, el alcalde de Valladolid y el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, dijeron, tras conocer la denuncia del PSOE ante la Fiscalía de Valladolid, que esas modificaciones del PGOU eran “errores materiales”.