Fue el último director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, un título honorífico que quiere que se elimine, porque considera que es una auténtica aberración que el PP haya eliminado la que fue su Dirección General, lo que viene a demostrar “qué se entiende” por Cultura. Rogelio Blanco es un leonés de Morriondo de Cepeda, que ahora, en su situación profesional, se debate entre las dos Castillas. Dicen de él que no se calla, que es un intelectual. Pese a su leonesismo, no está bien visto en su tierra, después de que fuera en su época en el Ministerio de Cultura cuando se aceleró la salida de los papeles de Salamanca, esto es, los que estaban en el viejo Archivo de la Guerra Civil, ubicado en la capital salmantina, en dirección a Cataluña. Consiguió que José Luis Rodríguez Zapatero sacara una Ley para articular esta salida y para crear, con visión de futuro, el Centro Documental de la Memoria Histórica, que albergara un importante fondo de la república, la guerra civil y la transición. Hoy, aquel proyecto, se diluye.
Después de tantos años de hablar de la salida de los papeles de Salamanca, ¿no cansa que este tema siga vivo?
Todo tema que no se resuelve tiene que seguir vivo. Todavía hay muchísima documentación que afecta a instituciones y particulares que han solicitado su devolución y que no se ha hecho la entrega. Hay un hecho histórico, con muchas emociones, razonamientos o justificaciones, pero hay una legislación, que no está derogada, que hay que cumplir. Y mientras esto siga lleno de incumplimientos seguirá abierto y cansando. Lo que me toca como ciudadano es apelar a que se resuelva de una vez, al amparo de una ley que lo establece y que hay que cumplir.
¿No es un tanto dañino que en esta historia, en la devolución de los papeles, se hable de vencedores y vencidos?
Las guerras fratricidas, como la española, siempre van a dejar una cola larga resentimientos. Hay gente que ha sufrido exilios, máxime en una contienda como la española en la que la posguerra fue altamente dramática. Cuando yo era director general, habilitamos el portal de víctimas y entraron más de dos millones de fichas nominales de represión, en campos, en exilio, en cárcel o fusilados. Quedaban aproximadamente otras tantas fichas, con lo que nos acercaríamos a casi cuatro millones de represaliados. Una de las heridas que hay procurar cerrar es la devolución de lo que se incautó. Durante la transición, e incluso durante el franquismo, hubo numerosos procesos de devolución. Durante el franquismo, al bando ganador. Incluso hubo devoluciones a republicanos que volvieron del exilio que también se les devolvió documentación que estaba en Salamanca. Durante la transición y la llegada de la democracia ha habido restitución de bienes de patrimonios incautados a partidos, sindicatos y particulares.
Entonces, ¿por qué no se devuelven los documentos que se trajeron a Salamanca?
Nadie comprende por qué no, por qué si hay una incautación de bienes, más allá del valor que cada uno pondrá el que quiera, no se devuelve. En otros países que han pasado por procesos similares, esto se ha llevado a la práctica o se ha convenido con los particulares. Estos tienen que decidir de forma voluntaria si quieren, como muchos lo han hecho, que se quede en Salamanca. Pero lo deciden ellos. Si esto se hubiera negociado con menos encono, con más tolerancia, estoy convencido de que muchos particulares no hubiesen reclamado esa documentación. Eso se negocia con sensibilidad, no con la chulería del vencedor. Queramos o no la voz del vencido nunca se acalla.
En los últimos dos años se sigue hablando de que hay que devolver más documentación a particulares e instituciones de Cataluña, pero sigue sin realizarse. ¿Por qué no se devuelven de forma definitiva?
En el año 2011, cuando yo todavía era director general, dimos instrucciones de que así fuera, puesto que hay una Ley aprobada en el Parlamento, que ese trabajo que se avanzara, con copia de seguridad y con los planteamientos que marca la Ley. Todo estaba previsto para que saliera el 12 de diciembre de 2011 la mayor partida de documentos, quedando sólo cosas menores. La noche del 11 al 12 hubo una llamada al Ministerio, con un PP ganador de las elecciones generales y próximo a tomar el relevo del Gobierno, una presión para que no se procediera a la devolución en los últimos momentos del gobierno del PSOE. Como director general, tuve que cumplir esa instrucción dada por las autoridades, a petición del PP, que presionó con fuerza para que se detuviera esa devolución. La Ley existe, o se deroga o se cumple. Y no se está haciendo.
¿Qué pretendía el PP con esa presión? Y en este país, quien incumple una ley acaba en el Juzgado o en la cárcel.
No sé cuál es el objeto, pero lo sospecho. Como director general manifesté mi contrariedad, mi voluntad de cumplimiento de la Ley y que un proceso de transición del poder no tiene que impedir el cumplimiento de la Ley. Cuando hay un cambio de gobierno no se dejan de poner multas a las infracciones de tráfico… no entendí por qué esos incumplimientos. Aquello me generó una sospecha y el resultado es el que hay ahora, que ha pasado un año y medio y no se ha devuelto documentación.
Con el paso de los años y con la perspectiva de quien ya no está al frente de tomar la medida de la devolución, ¿por qué piensa que generó tanta controversia?
Porque no se ha cumplido la Ley, porque hay gente que disfruta hiriendo sensibilidades y viendo sangrar las heridas. Además, la documentación que hay en Salamanca es de escaso valor bibliotecario o archivístico en su mayor parte, pero de mucha sensibilidad, porque afecta a nombres y apellidos. Una carta particular, como hecho documental, posiblemente no tenga valor, pero el hecho sentimental del destinatario es inmenso y eso no lo podemos valorar. Por tanto, mientras haya esta postura de negar, hay que entender que haya gente que se sienta herida, molesta, atropellados sus derechos garantizados por una Ley. Y parece ser que hay gente que se regodea en este aplastamiento, en esta continuación belicista.
Pero el informe de la Unesco decía que se desmembraba el Archivo.
No existe un informe de la Unesco. A la Unesco llegan un montón de documentos, de lo que denominan papers, que son informes de expertos. Allí llegó un paper de los archiveros españoles oponiéndose a la devolución. Pero un informe de la Unesco sería cuando la institución lo solicita y lo asume como propio. Ese informe no existe. Ni lo solicita, ni lo firma, ni lo asume.
¿Cree que han manipulado a Castilla y León y a Salamanca?
Considero que muchos salmantinos no sabían ni donde estaba el Archivo. Se levantaron los instintos más bajos simplemente desarrollando la idea de que los catalanes nos roban. Los catalanes pedían lo que les correspondía y la Ley les amparaba. Todo ello, a través de algunos medios y políticos que hicieron demagogia. Es más, algún político del PP me ha llegado a reconocer que el asunto del Archivo les dio mucho negocio.
Una de las polémicas que han surgido en los últimos meses es la referida a que, según algunos medios de comunicación de Salamanca, los documentos no han llegado a sus destinatarios, a que ha habido cierta confusión. ¿Tenían claro que los documentos llegaban a sus legítimos propietarios?
En estos momentos no lo sé. Y mientras yo estuve como director general, a mi no me llegó ninguna denuncia de incumplimiento de la Ley por parte de Cataluña. Leí ciertos comentarios en la prensa, con cierto sensacionalismo, pero a mí no me llegó ninguna denuncia de incumplimientos.
Se ha publicado en Salamanca que las copias que han quedado son de mala calidad.
Es absolutamente falso. Una cosa es la copia de seguridad que se deja, de 1.200 puntos, y otra es la copia que se cuelga en la Red, que va en baja resolución, porque no todos los ciudadanos tienen unos ordenadores potentísimos y se hizo así para que se pueda acceder a toda la información. Cuando estaba yo en la Dirección General, los técnicos revisaban copia a copia y siempre que se les dijo que había alguna que estaba mal resuelta, nunca pusieron objeción a volver a replicar ese documento para que quedara una copia de garantía.
Pero sí ha habido otras denuncias por las formas en las que salieron los papeles del Archivo.
Es un tema muy sensible y se legisló con muchísima sensibilidad. Prueba de ello es que contra la entrega se han iniciado numerosos procedimientos judiciales y se han perdido todos, incluso ante el Tribunal Constitucional.
¿Sabe qué puede pretender ahora el Gobierno con la paralización de esa devolución que falta?
Me llegan rumores de que hay intención de volver a retomar el nombre antiguo del Centro Documental de la Memoria Histórica y cambiarlo de nombre al antiguo [Archivo de la Guerra Civil]. Todo esto de la memoria, al partido del Gobierno le molesta mucho.
¿Qué futuro le espera al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca?
Mientras yo estuve, se llevaron kilómetros y kilómetros de documentación importante para la ciudad, fondos bibliográficos, museísticos… y había algo más, cuando acabó la polémica, gente de todos los países y de España haciendo entregas y donaciones generosas. Sin embargo, ahora la línea de exposiciones apenas existe…
¿Qué queda de aquella propuesta de hacer una gran exposición sobre el fotoperiodista Agustí Centelles?
Parece que no se sabe de ella. También se prometió a Vicente Nieto que se iba a hacer una exposición en Madrid, porque su fondo, del que no se habla, fue una donación gratuita. Acaba de morir con cien años y tampoco vio su sueño de ver su exposición en Madrid. También se ha paralizado el Archivo de víctimas. Yo creo que todo esto da una idea cabal de la voluntad de no hacer. Es más fácil desacreditar, decir que los anteriores gestores lo hicieron mal. No se habla de que hay una Ley que hay que cumplir. Es que en este tema se actuó con filibusterismo político, con cortapisas, manifestaciones, atenciones a gente que van de historiadores y son indocumentados.
¿Qué opina sobre la postura de la Comisión de la Dignidad ante el archivo de Centelles?
Sobre Centelles no les corresponde decir nada. Los hijos de Centelles son propietarios del archivo de su padre y deciden hacer con él lo que quieran, nos guste o no. Decidieron vender al Estado, y lo vendieron, guste o no. Y la Comisión de la Dignidad no tiene nada que decir.
