El conflicto en Oriente Próximo dispara los costes del campo y pone en alerta al sector exportador murciano
El estallido del conflicto en Oriente Próximo ya se deja sentir en la economía española. El barril de Brent ha superado la barrera psicológica de los 100 dólares, lo que ha empujado los precios de la gasolina y el diésel por encima de los 1,7 y 1,8 euros por litro. Entre los sectores más afectados, destacan el transporte por carretera y el agrario, según reconoce el propio Ejecutivo. Este último sector tiene un gran peso en la economía de algunas provincias españolas, como la Región de Murcia, reconocida a nivel europeo como una de las grandes productoras y exportadoras agroalimentarias.
En este contexto inflacionista, el Gobierno se reunió este lunes con el sector agrario y pesquero para analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado de las hostilidades en Oriente Próximo, que ya están afectando a agricultores, ganaderos y pescadores en toda la Península. Se trata de la segunda reunión para abordar el problema que convoca el Ejecutivo, tras un encuentro con empresarios y sindicatos la semana pasada. Después del mismo, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno está preparando medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para el campo español.
El posible impacto de la crisis en el sector es “muy difícil de cuantificar”, apunta a este diario Alfonso Gálvez Caravaca, secretario general de ASAJA Murcia. El aumento del precio de los fertilizantes, la subida del combustible y la energía, el incremento de los costes de producción, las trabas al comercio internacional… son varios los factores que pueden generar incertidumbre, especialmente para las empresas exportadoras murcianas. Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros en 2025, batiendo su récord histórico y creciendo un 7,3% respecto al año anterior, según fuentes del Gobierno autonómico.
El sector denuncia una subida especulativa de los carburantes y los fertilizantes
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalan que las principales subidas que afectan al sector se están produciendo en el gasóleo agrícola y la urea, el fertilizante más utilizado a nivel mundial. Concretamente, el campo español consume cada año 2.000 millones de litros de gasóleo agrícola y 1,9 millones de toneladas de urea. El incremento de precios experimentado una semana después del inicio del conflicto fue de un 41% para el gasóleo agrícola y un 20% para la urea. “Lo que vemos no es una subida de precios por escasez real: es una subida de precios por anticipación especulativa. Los distribuidores están repercutiendo en el agricultor un riesgo potencial sobre suministros futuros, cargando ese coste sobre el stock que ya tienen en almacén y que compraron a precio anterior”, explican fuentes de la organización.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) coinciden en el diagnóstico, y añaden que la subida del gasóleo afecta especialmente a los cultivos de regadío. En cuanto a la urea, los principales proveedores de España son Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia, indica COAG: “Ninguno de estos orígenes depende del Estrecho de Ormuz ni se ve afectado directamente por el conflicto en curso. La participación de Irán en el suministro real de urea a España es limitada”.
Almacenes llenos antes de la escalada bélica
Otro argumento que utiliza COAG para justificar que la escalada de precios tiene un origen especulativo es que el gasóleo almacenado en España se compró antes del conflicto. “En menos de una semana no puede haber cambiado ni un litro de gasóleo en los depósitos españoles. El producto en los almacenes de los distribuidores llegó a España antes del conflicto, con contratos previos”, afirman fuentes de la organización agraria. UPA, por su parte, opina que “el miedo a desabastecimientos o a subidas aún mayores lleva a los agricultores y ganaderos a aprovisionarse, y eso está siendo aprovechado por la despiadada industria de los carburantes para aumentar sus márgenes”.
En total, COAG calcula para el campo español un sobrecoste de 700 millones de euros anuales para el gasóleo y 190 millones para la urea, lo que equivale a 17,2 millones semanales sumando ambos productos. Por ello, ambas organizaciones han pedido al Ejecutivo que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas, así como la activación de mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos al sector agrario.
Un paquete de medidas para las empresas murcianas
El pasado viernes, el presidente murciano Fernando López Miras se adelantó al Gobierno nacional y anunció un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán en el territorio regional. El Ejecutivo autonómico calcula que se beneficiarán de ellas unas 600 empresas locales, y ya está en contacto con el Instituto de Fomento (INFO) y con el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF) para poner a disposición de las empresas murcianas más damnificadas, especialmente aquellas dedicadas a la exportación, líneas de ayuda que les permitan atender los costes de la energía y el transporte, según explicó el presidente de la Región de Murcia en la Asamblea Regional. Así, las empresas exportadoras contarán con un bono temporal para afrontar los efectos de la subida de precios, mientras que el pago de los impuestos autonómicos y los tributos cedidos podrá ser aplazado y fraccionado.
Por el momento, todas las miradas están puestas ahora mismo en la posible duración del conflicto. Tanto los economistas como los inversores advierten que una prolongación indefinida podría desatar una crisis inflacionaria similar a la que se vivió cuando Rusia invadió Ucrania, aunque inicialmente la respuesta de los mercados haya sido más moderada en esta ocasión. Para Gálvez Caravaca, todos los factores que alimentan la incertidumbre, ya sean un aumento de los costes o las dificultades para exportar, pueden reducir la rentabilidad del sector agrícola murciano y terminar trasladándose al precio final de los alimentos si la crisis se prolonga.