La decisión del gobierno chino de imponer aranceles entre el 15 y el 26% a la importación de carne de cerdos europeos, según Newtral (no el 62% que se está diciendo) ha puesto en alerta al sector porcino industrial español y al murciano, en particular. Los aranceles chinos ponen en evidencia la insostenibilidad del modelo de ganadería industrial porcina en nuestro país y en la Región de Murcia. La solución no es buscar nuevos mercados a la ganadería industrial intensiva, sino cambiar el modelo.
La profunda insostenibilidad de este modelo de producción depende de la exportación masiva y deja a la ciudadanía, al medio rural y al medio ambiente las consecuencias de sus impactos, mientras el beneficio económico cae en unas pocas manos. Este modelo de ganadería agroindustrial se basa en el acaparamiento de recursos, en la concentración del poder y el beneficio en muy pocas empresas multinacionales.
El modelo de ganadería industrial exportador, intensivo y megaindustrial no es una solución, ha demostrado ser un fracaso estratégico. La dependencia de mercados volátiles y sujetos a decisiones geopolíticas (el mercado chino lo es) deja al sector en una situación de permanente vulnerabilidad económica e incertidumbre. En la Región de Murcia, este modelo se ha agudizado con el crecimiento insostenible de granjas, macrogranjas y plantas de biogás al calor del beneficio rápido y las subvenciones al biometano, mientras los problemas ambientales y sociales los tenemos que sufrir la ciudadanía
Los impactos ambientales de este modelo son graves y diversos. Además el consumo añadido de agua es una de las principales causas de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y superficiales y de la generación de ingentes cantidades de purines que el territorio no puede absorber. Los casos del Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena son paradigmáticos. Nuestro país está denunciado por la contaminación por nitratos ante el Tribunal Europeo de Justicia. La emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación por la importación de soja para piensos y la destrucción de la biodiversidad son otros impactos. Además, la ganadería industrial es la responsable de las principales emisiones de antibióticos a las aguas, uno de los contaminantes emergentes más preocupantes.
La ganadería industrial no fija la población en el mundo rural. La producción en macrogranjas generan pocos puestos de trabajo, degrada la calidad de vida de los núcleos urbanos del entorno debido a la contaminación y los malos olores, y acaba con las opciones de una ganadería familiar, social y extensiva, en equilibrio con la capacidad de carga del territorio.
Es necesario que las administraciones públicas: estatal, autonómica y local apuesten de forma decidida por una transición justa hacia la agroecología que reduzca drásticamente el número de cabezas de ganado para ajustarlo a la capacidad real de nuestro territorio; reorientar las subvenciones públicas hacia modelos que verdaderamente contribuyan al bien común; y ofrecer alternativas laborales y profesionales agroecológicas a las personas trabajadoras, con formación y ayudas. De manera paralela, hay que fomentar la ganadería extensiva, ecológica y local en equilibrio con la capacidad de carga del territorio, que emplea más gente, garantiza precios justos para las personas ganaderas, produce alimentos de mayor calidad y protege la biodiversidad.
Establecer una moratoria a nuevas macrogranjas y plantas de biogás es el camino para detener inmediatamente la autorización de nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de las existentes. Hay que priorizar la producción de los alimentos para el mercado interior y de proximidad, rompiendo la dependencia de la exportación masiva y de la importación de piensos. Se necesita una aplicación efectiva de la Directiva Marco de Nitratos y la Directiva Marco del Agua para proteger nuestros acuíferos y el patrimonio hídrico de la región.
La crisis suscitada de los aranceles chinos es la crónica de un fracaso anunciado. No es una crisis coyuntural, es una consecuencia directa de un sistema que prioriza los beneficios empresariales a corto plazo frente a la salud ambiental, social y animal. Es el momento de aprender la lección y dar un giro hacia un sistema alimentario resiliente, justo y sostenible. Un sistema que no colapse ante la decisión de gobiernos lejanos, porque su fortaleza estará en sus raíces locales. La oportunidad decisiva está en reconducir la política agroganadera hacia la soberanía alimentaria y la agroecología.