Basta de condicionar la libertad de conciencia
En pleno siglo XXI, que todavía se promuevan las fiestas locales en honor de una Virgen o Santo patrón tiene su aquel, que las autoridades civiles o militares participen en manifestaciones religiosas, con banda, bastón de mando y medallas al cuello. Lo que algunos llaman “tradición” es, en realidad, una manifestación explícita de privilegio religioso institucional que ignora el principio de neutralidad y la diversidad de la sociedad española.
No hablamos de devoción personal: hablamos de representantes del Estado que se colocan en primera fila de un acto confesional, transmitiendo un mensaje inequívoco: la identidad institucional se confunde con una fe concreta. Para quienes no son católicos, ateos o pertenecen a otras confesiones, esto no es cultura; es exclusión.
Durante la dictadura, la Iglesia y el Estado eran uno. Los cargos públicos presidían misas y procesiones como símbolo de autoridad, subordinando la representación cívica a la religión oficial. Hoy, 47 años después, la repetición de estos rituales con presencia institucional no es inocua ni neutral. Es un eco simbólico de aquel modelo autoritario que pretende legitimar poder político a través de la fe.
Cada banda y cada bastón de mando colocado frente al altar refuerzan la idea de que la institución favorece a la religión mayoritaria, ignorando la pluralidad de la ciudadanía. Y lo más preocupante: los propios cargos parecen verlo como “normal”, sin cuestionar el impacto en quienes no se identifican con esa fe.
El artículo 16.3 de la Constitución Española permite cooperación con las confesiones, pero nunca autoriza a los representantes públicos a protagonizar actos religiosos. La neutralidad no consiste en “estar presente” y posar para las cámaras: consiste en no usar el cargo público para avalar una religión concreta.
La confusión entre tradición y protagonismo institucional perpetúa la idea de que la representación política está vinculada a la religión mayoritaria, lo cual es incompatible con la España plural y democrática de hoy.
España ha cambiado: la diversidad religiosa y la población no creyente crecen cada año. Lo que antes se consideraba “normal” hoy puede ofender o excluir. La asistencia de alcaldes y concejales a procesiones con símbolos institucionales es un acto que hiere la igualdad y la neutralidad. No se trata de atacar la devoción, sino de exigir que los cargos públicos respeten a toda la ciudadanía y no la utilicen como escaparate de su poder.
Sí es voluntario y personal háganlo, pero sin usar símbolos, ni ostentar representación institucional. La presencia de cargos institucionales en actos religiosos no es un gesto inocuo de tradición; es una forma simbólica de privilegio confesional que ignora la pluralidad y vulnera la neutralidad del Estado. En una España democrática y diversa, los cargos públicos deben aprender a respetar la frontera entre representación civil y devoción religiosa, o corren el riesgo de cometer apología hacia el nacionalcatolicismo que se impuso durante la dictadura.