En 2003 viví en Italia un corte de luz. Un 28 de septiembre —como titulaba en portada uno de aquellos periódicos— se produjo un blackout que duró unas horas, con cortes intermitentes en Venecia, donde vivía, durante los tres días siguientes. En aquel corte de luz, teniendo en cuenta que Italia había prohibido por referéndum la construcción de centrales nucleares —lo que hace que dependa de Francia en su factura eléctrica-, se lanzaron a la compra de Endesa cuando el gobierno del PP decidió que esta no podía estar en manos de la empresa española Gas Natural (perdón, catalana)—. Mientras tanto, el Gobierno español asentaba la privatización de un monopolio natural como es la red eléctrica, que cotiza en bolsa con socios como BlackRock, Amancio Ortega, entre otros, y con el Estado controlando la mayoría de un 20 % —que puede reducirse a un 10 %—. La sindicación estaba prohibida para la elección de cargos, pero no para la petición de cabezas. El resultado: una empresa privada que cotiza en bolsa regula el funcionamiento de una red que es de interés general y sobre la que deberán correr sucesivas inspecciones tras este corte de luz.
De la lección italiana saqué tres cosas en claro. Primero, que tardarán meses en descubrir la causa. Segundo, que el tema de las renovables y las nucleares será motivo de discusión constante durante los siguientes meses. Y tercero, por comparación, que las salidas de tono de la derecha española no son normales. Esta, desde los gobiernos autonómicos, temiendo saqueos nocturnos —algo que contrastaba con el comportamiento de la población, con miedo tras la reciente pandemia, pero con una entereza que ha sorprendido al The New York Times—, decidió pedir al Estado el grado de emergencia 3.
Esta situación nos vino a demostrar lo que todos sabemos: que, en un país autonómico, las solicitudes de estado de alarma por epidemias, así como el plan de emergencia de nivel 3, deben partir de las comunidades autónomas. Mostrando con ello que, decisiones tomadas en Madrid durante la pandemia —que obligaron a cerrar un país— o la desaparición de Mazón durante la reciente DANA y su posterior negativa a ceder la gestión de la emergencia, son responsabilidad de las autonomías, a pesar de lo que las redes llevan diciendo desde hace ya bastante tiempo.
Sin embargo, nada de esto figura en los medios. Antes bien, por razones de venta, en los artículos de opinión que leo se confunde un corte de luz con el gran apagón de la teoría conspiparanoica. Esta última sostenía que la oferta eléctrica era insuficiente frente a la demanda y que eso provocaría un colapso de distribución que llevaría a un gran apagón prolongado. Cuando, en realidad, el problema al que nos enfrentamos no es de producción —que sobra—, sino de articulación del mallado, algo que deberán resolver los técnicos en ingeniería industrial. Porque no solo afecta a España, sino también a Portugal, y afecta, sobre todo, a nuestra competitividad como país, donde la producción de energía barata gracias a las renovables lleva atrayendo a empresas internacionales.
Mientras resolvemos estas cuestiones y los bandos litigan sobre qué energía prefieren según sus respectivas ideologías o como gestionarían ellos la electricidad, los demás debemos pensar en cómo solventar algunos problemas clave en estos casos en un país que anduvo buscando pilas para sus radios durante las horas del apagón.
La dependencia de la red eléctrica implica que deberían desarrollarse medidas que obliguen a los edificios públicos a instalar paneles solares para disponer de refuerzos que les permitan funcionar de forma independiente en caso de corte, identificando qué elementos son esenciales. Algo similar debe aplicarse a la telefonía móvil e internet: antenas, routers y demás dispositivos deberían contar, además de con baterías —cuya duración debe estar supervisada con sanciones severas en caso de incumplimiento—, con alimentación a través de paneles solares obligatorios. So pena de depender de Starlink o que, al final, el futuro pase por inundar el espacio de satélites geoestacionarios. Lo cual, por cierto, ya que estamos aumentando el presupuesto militar, no nos vendría mal considerar como inversión con retorno estratégico. No en vano, es eso o depender de que Elon te apague las comunicaciones cuando le dé la gana.
Es evidente que podríamos seguir identificando problemas como este, pero no podemos pedirle a la población que elabore kits de supervivencia si la administración no estudia sus puntos críticos y desarrolla mecanismos que le permitan sobrevivir ante una situación parecida. Vamos, que tenemos que contar con respaldos.