El proyecto para construir una planta de biogás en el polígono industrial de los Camachos en Cartagena consiste en una instalación que pretende tratar hasta 65.000 toneladas anuales de residuos biológicos (esto es una macroinstalación) mediante digestión anaerobia.
Esta capacidad sitúa al proyecto entre los mayores de su clase en la Región de Murcia y se presenta como una pieza clave de la estrategia regional de “economía circular”. Sin embargo, su tramitación administrativa, las alegaciones presentadas por las comunidades locales y las dudas sobre su impacto ambiental y socioeconómico obligan a contextualizar el caso con detenimiento.
Queda patente la extrema proximidad de la planta de biogás a comunidades como Los Camachos, La Aparecida, Los Beatos, Roche Bajo y Roche Alto y El Algar, así como a los barrios de la zona Este de Cartagena como el barrio de la Estación y Torreciega, todos pertenecientes a los municipios de Cartagena y La Unión, y al Polígono Industrial de Los Camachos donde se asientan y desenvuelven sus actividades diversas empresas cartageneras y del resto de la Región. Así mismo, la ubicación elegida se encuentra en la cuenca vertiente del Mar Menor, lo que podría agravar episodios de contaminación por eutrofización en caso de vertidos y otros incidentes.
Asociaciones de vecinos como las de Los Camachos y Roche denuncian la falta de transparencia e información tanto por parte del Ayuntamiento como de la empresa concesionaria en sus primeras actuaciones en el proceso de concesión de licencias y cuestiona los beneficios económicos, ambientales y sociales anunciados por esta misma empresa, reforzando la necesidad de un análisis riguroso antes de tomar cualquier decisión.
Dentro de los planes europeos para reducir la dependencia del gas natural fomentan el uso de biometano. En este contexto surge el proyecto de la macroplanta de producción de biogás que se ubicaría en una parcela del Polígono Industrial Los Camachos Norte, aproximadamente a seis kilómetros del centro de Cartagena y a menos de cinco kilómetros de El Algar, a 400 metros de Los Camachos, a 1.500 m de Roche.
El entorno político es favorable. Las legislaciones laxas y amigables, el valor del suelo y la localización cercana al Corredor Mediterráneo, y a la futura zona de actividades logísticas (ZAL) atrae a estos sectores empresariales por la logística de traer los residuos que necesitan y la distribución internacional, principal destino del gas (“nos dejan la mierda y se llevan el gas”), caso de extractivismo de libro, como afirma Eduardo Gudynas, investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES): “Naturaleza, corrupción y extractivismo es la anatomía de una relación íntima”.
La empresa, en un discurso de legitimación de sus actividades, afirma que el biogás producido sustituye a los combustibles fósiles y reduce las emisiones netas de COâ‚‚. Que, al capturar el metano generado por la descomposición de los residuos biológicos, evita que este gas de efecto invernadero se libere a la atmósfera. De esta manera, se presenta como una solución tecnológica vanguardista a la acumulación de estiércol, purines y residuos agroalimentarios, transformando un problema ambiental en energía limpia y otros subproductos reutilizables, como el digestato para fertilizantes. Defienden que el biogás cierra el ciclo productivo al reintroducir la energía producida en la cadena productiva, presentándose como actores fundamentales en una economía de residuo cero.
En ámbitos socioeconómicos, argumentan que generan trabajo en las zonas rurales, donde suelen instalarse, presentándose incluso como benefactores y como actores comprometidos con la reactivación de la economía de municipios y comunidades rurales, pequeñas y en procesos de despoblación.
En niveles estratégicos se declaran alineados con políticas públicas europeas y locales, gestión de residuos y reducción de emisiones. Con estos discursos, se presentan como aliados fundamentales en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, señalan que el biogás reduce la dependencia del gas fósil y promocionan estas macroplantas como ejemplos de innovación tecnológica y eficiencia energética.
En un ejercicio de síntesis podemos decir que con todo este discurso legitimador de sus actividades, las empresas dirigen su discurso a tres dimensiones narrativas cruciales y de gran actualidad. Por un lado, ecológica, a través de la energía limpia; la económica, con la generación de empleo, desarrollo rural y soberanía energética; y política, con el cumplimiento normativo y la economía circular. Estarán de acuerdo conmigo en que estas macroplantas se parecen mucho a las pócimas y elixires del todo lo cura que vendían los buhoneros en los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX y que puede que hayan sobrevivido hasta el siglo XXI.
Por otro lado, en un ejercicio comparativo con casos en otros lugares donde llevan más tiempo operando este tipo de macroplantas de producción de biogás, podemos contemplar que estas macroinstalaciones -recordemos que la empresa promotora de la planta del Polígono de Los Camachos declara que tratará 65.000 toneladas al año- pueden causar problemas de salud en los residentes cercanos debido al riesgo de explosión y la dispersión de gases furtivos a la atmósfera. La literatura basada en casos similares describe afecciones respiratorias, dolor de garganta, rinitis, tos y aumento a la vulnerabilidad a infecciones respiratorias. En relación con los olores, se registran malos olores que, muy frecuentemente, pueden provocar dolores de cabeza, insomnio, fatiga, irritación ocular y náuseas. Existe, además, un riesgo manifiesto a contaminación microbiológica derivada de la exposición a bacterias y hongos presentes en los residuos biológicos transportados como en el proceso de digestión aeróbica en los que se basan para producir gas.
En lo referente a la contaminación del aire, se producen emisiones de partículas de ozono, así como compuestos orgánicos volátiles. El manejo del digestato puede llevar a la contaminación de aguas subterráneas y llegar al Mar Menor. Las plantas de biogás manejan gases inflamables, lo que puede presentar riesgos de incendios y explosiones. Por si fuera poco, el transporte constante de residuos biológicos hacia la planta incrementa de manera drástica el tráfico de vehículos pesados, lo que contribuye a la contaminación del aire y causar molestias a los residentes debido al ruido. El aumento de tráfico pesado y peligroso aumenta tanto el riesgo en la frecuencia de los accidentes como la magnitud del impacto contaminante y peligroso para la población de las consecuencias de estos accidentes.
Aunque se implementen medidas de seguridad ¡faltaría más!, siempre existe un riesgo inherente asociado a la manipulación de biogás. Por los motivos expuestos, la percepción de riesgo de accidentes y la posibilidad de contaminación afecta negativamente el valor patrimonial de las propiedades dentro del área de influencia de las instalaciones.
Finalmente, en la actualidad existe la ausencia de un marco normativo claro y vinculante para las emisiones de las plantas de biogás que aumenta los riesgos asociados. Esto incluye la falta de regulación sobre ciertos contaminantes que pueden ser más nocivos para la salud y que no están sujetos a límites establecidos.
Tras este ejercicio comparativo entre el discurso de justificación de su actividad que presenta la empresa y al revisar casos de plantas similares en Europa y América, abundan los testimonios de comunidades que han sufrido contaminación del suelo y del agua, malos olores, aumento del tráfico pesado, pérdida del valor de sus terrenos y propiedades, y ningún beneficio.
No hay evidencia de que instalar plantas de biogás a gran escala haya traído beneficios a las comunidades donde se instalan. Por el contrario, los casos revisados muestran episodios de contaminación y conflictos sociales que desembocan en la desarticulación del tejido rural. La dependencia de materias de desecho biológico agrava la presión sobre la ganadería industrial y perpetúa un modelo extractivo que se presenta como “verde”, pero cuyo balance social y ecológico es negativo.
Nos encontramos con una disonancia radical entre este discurso de la empresa concesionaria con lo que ha ocurrido en otros lugares donde ya existen plantas similares, la pregunta crucial entonces es:
Si la instalación de una macroplanta de biogás cerca de áreas residenciales o comunitarias conduce al aumento de la conflictividad social, riesgos significativos para la salud pública, el medio ambiente y la economía local ¿Por qué la macroplanta que pretende instalar la compañía concesionaria en el Polígono Industrial de Los Camachos va a ser diferente?