La osadía es un bien preciado o despreciado, según convenga, en tiempos de mudanza. Osados hay muchos y osadías innumerables, y aunque muchas de ellas puedan parecer contradictorias, es sabido que en política, campo abonado para exhibirlas, todas las partes de un cuerpo, incluida la mente, pueden hacer cosas tan dispares o disparatadas como creíbles para el votante.
Hablemos por ejemplo del cuerpo presente del Partido Popular, convencido de su próximo retorno a la gobernanza patria. La mano derecha puede escribir que un presidente de gobierno es un traidor o un felón, la mano izquierda que un gobierno elegido por el Parlamento es ilegítimo, la pierna izquierda puede hacer malabarismos con el lenguaje y exigir elecciones inmediatas, la pierna derecha protestar porque la fecha de las mismas puede privar del reposo cofrade y un Consejero de Hacienda, pongamos el de la Región de Murcia, puede pedir al presidente traidor, incapaz, mediocre, felón, incompetente, ilegítimo, okupa, mentiroso compulsivo, o sea a Pedro Sánchez, que apruebe un real decreto-ley para evitar que el “veto a los Presupuestos (abra) en las arcas regionales un agujero de 234 millones”. Al parecer, las cuentas regionales para 2019 se elaboraron teniendo en cuenta los ingresos que se obtendrían de la aprobación, en la que nadie creía, de los PGE 2019.
Es sabido que el real decreto-ley representa una concepción autoritaria de la gobernanza, que puede ser utilizado por gobiernos débiles a falta de apoyo parlamentario, o por gobiernos fuertes dispuestos a aplicar cirugía mayor sobre el cuerpo social. Ejemplos ambos los hemos tenido en los últimos cuarenta años. Con anterioridad no había nada, o tal vez si había algo en forma de añoranza que que promete reencarnarse en escaños en el cercano abril. Y es que ese mes maravilloso, de flores, agua, anocheceres claros y frescos, promete no volver a estar guardado en el cajón, “donde guardo el corazón”, querido Joaquín Sabina.
Volviendo a la osadía, a la gente osada que derriba muros o se estrella contra ellos, habría que preguntarse cómo un Consejero de Hacienda aprueba unos presupuestos fiándolo todo a un cadáver político, a no ser que creyera en una resurrección milagrosa mediante el boca a boca de los separatistas catalanes y afines. De tanto llamarlo traidor, el felón salió rana y ahora, con todo el asco del mundo, necesitan darle un beso para convertirlo en príncipe por un real decreto-ley.
Lo cierto es que con 234 millones de euros de descuadre en las cuentas regionales de 2019 tenemos un problema grave. La Administración Regional no tiene los recursos necesarios para mantener su estructura actual ni para garantizar los derechos de la ciudadanía reconocidos por ley. Es una Administración envejecida, sin relevo generacional, lo que impide la transmisión del conocimiento necesario para su supervivencia. Pedir ahora un real decreto-ley que apague el fuego avivado por la irresponsabilidad política no deja de ser una solución provisional. Lo paradójico es que provenga de un partido político al que no le ha importado las consecuencias de sus actos. Ahora toca pedir de lo que se ha abominado, pero en política no hay contradicciones, solo intereses.
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