La enorme dependencia de la economía murciana de un modelo productivo basado en la agricultura y la ganadería siempre ha generado debate en el territorio. Según un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, la producción porcina aumentó en la Región de Murcia un 32% en 2024, el mayor incremento por comunidades autónomas de todo el país. La cantidad de residuos generada por ese crecimiento, que asciende a cientos de miles de toneladas al año, pone en jaque la sostenibilidad del modelo productivo murciano, convirtiendo la búsqueda de alternativas menos contaminantes para procesar estos residuos en una tarea prioritaria.
La necesidad europea de desvincularse del gas ruso tras la invasión de Ucrania ha motivado tanto a España como a la Unión Europea a realizar una apuesta clara por el biogás y el biometano, que se presenta en este contexto como una alternativa para “valorizar residuos, evitar impactos ambientales y reducir las importaciones de gas fósil”, tal y como apuntan a este diario fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El problema, admiten, se da cuando esas plantas de biogás y biometano se sitúan demasiado cerca de núcleos urbanos, generando un amplio rechazo entre la población debido, principalmente, a los malos olores.
En diferentes puntos de la Región de Murcia, vecinos y ecologistas se encuentran en pie de guerra contra los numerosos proyectos de construcción de plantas de biogás que han proliferado en los últimos años en todo el territorio de la comunidad autónoma. “Van a rodear Cartagena por un cinturón de basura tóxica”, explica a esta redacción David Avilés, antropólogo medioambiental de la Universidad de Murcia (UMU) y portavoz de la Plataforma Stop Biogás Los Camachos–Cartagena–Mar Menor. “Fuente Álamo, Escombreras, Los Camachos…”, enumera, en referencia a zonas industriales y logísticas del entorno de la ciudad portuaria. “Cartagena va a estar rodeada por un cinturón de macroinstalaciones. Millones de toneladas, son palabras mayores”, añade, contundente.
En Fuente Álamo, por ejemplo, la cooperativa ganadera Gesalor ha invertido 50 millones de euros para construir una planta que pretende tratar dos millones de metros cúbicos de purín al año —lo que equivale a unos 80.000 camiones cisterna de residuos—, produciendo 20 millones de metros cúbicos de gas, 65.000 metros cúbicos de fertilizante y 1,5 millones de metros cúbicos de agua, según manifiestan fuentes de la propia empresa en un comunicado.
La cooperativa también planea construir una planta de características similares en Lorca. Gesalor no ha respondido inmediatamente a la petición de información de El Diario, aunque en un comunicado de prensa indican que los digestores de las plantas serán totalmente herméticos y controlados, garantizando “cero olores, cero ruidos, cero emisiones y cero molestias”.
La última palabra la tienen los ayuntamientos
La capacidad de procesamiento de residuos que tienen estos macroproyectos contrasta con las 211.000 toneladas que gestionan actualmente en total las dos únicas plantas que hay en funcionamiento en la Región de Murcia, adquiridas en 2024 por Redexis Renovables. Se trata de plantas que ya estaban operativas como instalaciones de biogás y ahora están siendo adaptadas para producir biometano y conectarse a la red de gas.
Según unas declaraciones de finales de 2024 del consejero murciano de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la Región de Murcia tiene capacidad para albergar unas cuarenta plantas de biogás de tamaño “mediano”. Fuentes de la Consejería indican que el trabajo del organismo público consiste únicamente en determinar si las condiciones ambientales para llevar a cabo el proyecto son favorables, pero corresponde en última instancia a los ayuntamientos conceder las licencias de las obras.
De hecho, el nuevo plan urbanístico aprobado por el municipio Cartagena ha tumbado la construcción de la planta de biogás proyectada en Los Camachos, al considerar que no encaja en las premisas que se están estableciendo para el uso del suelo industrial. Del mismo modo, el pasado mes de diciembre, una consulta popular del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas arrojó como resultado la intensa oposición de la ciudadanía a la construcción de una planta de biogás en el municipio, que terminó por rechazarse. “Los ayuntamientos tienen una cierta capacidad de regulación”, explica Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia.
“Depende del tamaño y distribución del municipio, aunque directamente no digan que no quieren plantas de biogás, pueden poner una serie de condicionantes. Es una forma, por la puerta de atrás, de prohibir. Pero tampoco puedes prohibir una cosa que es legal”, señala, en declaraciones a este medio.
Malos olores y problemas de rentabilidad
La principal motivación de muchos consistorios para recelar de la construcción de plantas de biogás en sus municipios es el enorme rechazo social que generan entre la población, debido a los malos olores. “No deja de ser una caja donde metes materia orgánica a pudrirse para que se descomponga y se formen las moléculas de metano”, apunta Antonio Turiel, físico e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, muy crítico con la estrategia del biogás en España.
Tanto este experto como Luengo sostienen que los riesgos derivados de las plantas van más allá: tránsito de camiones por carretera para trasladar los residuos, riesgo de accidentes o vertidos, generación de residuos tóxicos durante la digestión; el proceso de producir biometano es complejo y preocupa a los expertos.
La fermentación, tal y como explica Luengo, genera otros gases que pueden ser peligrosos para la salud, como el ácido sulfhídrico, un gas tóxico con un característico olor similar al de los huevos podridos. “Aunque no tengas accidentes, puedes tener escapes”, advierte. Además, la sustancia que se obtiene en el proceso, llamada digestato, contiene una alta concentración de nitrógeno y ha de ser tratada antes de usarse como fertilizante, lo que eleva los costes.
Las empresas del sector y las administraciones públicas sostienen que la rentabilidad de estas plantas no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también por su capacidad para reducir emisiones, gestionar residuos y generar energía renovable. Redexis Renovables, por ejemplo, afirma que las plantas de biogás y biometano pueden ser una herramienta de transición energética con beneficios ambientales y socioeconómicos. Concretamente, las dos plantas adquiridas en Murcia proyectan una inyección de hasta 80 GWh anuales de gas limpio en la red de gas española, según un comunicado de la propia compañía.
Sin embargo, científicos como Turiel se muestran menos convencidos de la rentabilidad de las plantas. “Las macroplantas de biogás nunca han sido rentables. Llevan sin serlo más de veinte años. Cuando hablamos de explotaciones muy masivas, todo se tiene que transportar con camiones. Esto es lo que mata automáticamente la rentabilidad porque la conversión de la materia orgánica en metano es una fracción limitada y cuando miras el balance energético no hay ninguna manera de que esto pueda cuadrar”, asegura.
Estos problemas de rentabilidad, señala Luengo, pueden provocar que las empresas que gestionan las plantas descuiden el tratado de los residuos tóxicos que genera la producción de metano: “Eliminar el resto de gases supone costes a la empresa que no generan rendimiento. Cuando haya problemas de rentabilidad, lo primero que van a fallar son estas cosas”.
Las subvenciones al biogás
El MITECO es claro al defender de dónde surge la necesidad de instalar plantas de biogás en España, asegurando que los residuos agrícolas y ganaderos suponen un problema que es necesario solucionar. No obstante, desde el Ministerio reconocen que los purines que genera la producción porcina ya se encuentran en tratamiento y no tienen por qué convertirse en biogás, que se presenta como una alternativa más.
La inversión por parte de las empresas privadas en la producción de biogás también está motivada por las subvenciones que reciben, tanto por parte de Europa como del propio Gobierno español. En julio de 2023, 81 proyectos relacionados con el biogás obtuvieron 76,5 millones de euros por parte del MITECO del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el Ministerio, la mayoría de los fondos fueron a parar a Cataluña, la comunidad líder en producción porcina de España.
“España tiene la oportunidad de aprovechar el gran potencial disponible para la producción de biogás procedente del sector agropecuario, del sector agroalimentario y de la gestión de residuos, sirviéndose del gran tamaño de nuestra industria agropecuaria y agroalimentaria”, señalan fuentes del MITECO en su Hoja de Ruta del Biogás. Uno de los objetivos que se marca el Ministerio y en el que trabaja en la actualidad es lograr un marco regulatorio estable y adecuado que incida en la simplificación administrativa y en la valorización energética de la biomasa frente a otras opciones más contaminantes.
Un modelo productivo insostenible
Una de las grandes críticas a la estrategia española del biogás es su escala. Avilés argumenta que, en otros países europeos, como Alemania, las cooperativas gestionan sus propios residuos sin necesidad de la intervención de grandes empresas o fondos de inversión, respetando la circularidad.
Turiel señala que, en España, la escala de los proyectos es mucho mayor que la capacidad de producción de residuos de las comarcas. “Yo creo que el proyecto que tiene Europa es traer residuos para que vengan a pudrirse a España y que los problemas de contaminación que generan se queden aquí”, señala. Avilés lo llama “extractivismo verde”: “El norte extrae recursos del sur, se los lleva y deja la porquería”.
Pero no todo el mundo coincide con esta visión. Eduardo Piné, presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región de Murcia (AHMUR), argumenta que la Región de Murcia genera cada año más de seis millones de toneladas de residuos orgánicos, lo que exige la implantación de entre 48 y 56 plantas de biometano distribuidas por todo el territorio. El también CEO de Lambert Bionenergy defendía en noviembre que la cifra respondía a “una realidad matemática” y a la necesidad de tratar los residuos a escala local, sin importarlos desde fuera.
Para Luengo, el problema está en la falta de planificación por parte de la comunidad autónoma, lo que ha llevado a Ecologistas en Acción a exigir una moratoria para detener la construcción de las plantas hasta realizar “una evaluación conjunta de lo que va a suponer esto para la Región de Murcia en cuanto a impacto social y ambiental”.
Tanto Luengo como Turiel coinciden en que el problema se encuentra en un modelo productivo concebido para la exportación antes que para el consumo local. “Las macrogranjas no son sostenibles. Las plantas de biogás se están utilizando como una excusa para poder mantener las macrogranjas, cuando en realidad no se soluciona ningún problema con la producción de biogás: el residuo no desaparece, al contrario, queda más concentrado en nitrógeno”, explica el científico. Para él, la única alternativa sostenible es reducir. “No se puede producir a este volumen, no se puede concentrar en un territorio tan pequeño esta enorme cantidad de granjas de porcino. No tiene ningún tipo de sentido”, lamenta.