El Gobierno de Navarra, una coalición de PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, llevará a la Fiscalía al alcalde de UPN de Valtierra, Manuel Resa Conde, por las declaraciones que hizo hace unas semanas en las que se opuso a la acogida de los menores migrantes no acompañados y en las que instaba, entre otras cosas, a ir “a degüello” contra ellos. El Ejecutivo foral considera que son unas afirmaciones que pueden ser constitutivas de un delito de odio y por ello ha dado traslado a la Fiscalía para que lo investigue.
Ha sido la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, quien ha anunciado que tras las valoraciones jurídicas realizadas por el Ejecutivo, se ha concluido que “un buen número” de afirmaciones realizadas por Manuel Resa podrían incurrir en un delito de odio en su modalidad de discurso de odio recogido en el artículo 510.1 del Código Penal. En concreto se ha referido a frases pronunciadas por el alcalde de Valtierra como “todos los problemas que hemos tenido en las piscinas han sido con marroquíes”; “a degüello con esta gente”; “hay que blindar Valtierra”; “quien quiera quedarse con esta gente que se la lleve porque aquí no voy a admitir a nadie”.
“Como Gobierno no tenemos duda alguna de que las manifestaciones de la máxima autoridad de dicho municipio provocan e incitan al odio, a la discriminación y a la violencia, además de atentar contra derechos fundamentales”, ha afirmado Alfaro. Por ello, el Departamento “ha tomado la iniciativa de derivar a la Fiscalía las declaraciones, esperando que la justicia valore la gravedad de la situación”.
La vicepresidenta ha destacado que “el Gobierno de Navarra no va a tolerar que las campañas planificadas y organizadas de grupos supremacistas y ultraderechistas se infiltren en Navarra, porque hemos sido, somos y seremos tierra de acogida para las ya casi 140.000 personas de origen migrante que contribuyen al crecimiento de nuestra comunidad”.
El alcalde de Valtierra, Manuel Resa, hizo estas declaraciones tras ser preguntado por el dictamen del Consejo de Navarra en el que se cuestionaba la legalidad de una convocatoria de ayudas para la natalidad en este municipio para las que el Ayuntamiento exige un padrón mínimo de 20 años, lo que para el Gobierno foral supone una “discriminación” en el acceso para las personas migrantes.
Sobre esta convocatoria de ayudas, la consejera Begoña Alfaro ha explicado que el Gobierno navarro podría impugnarla el año que viene si el alcalde vuelve a publicarla porque se contaría ya con el “respaldo” del dictamen del consejo. Sobre la convocatoria de este año, ha indicado que la oposición en el Ayuntamiento de Valtierra está trabajando en una revisión de oficio de esta convocatoria y, por otro lado, que también existe la posibilidad del “recurso indirecto”, es decir, no directamente frente a la convocatoria, sino frente a una hipotética denegación de algún solicitante de la ayuda. “Pero esto depende de los ciudadanos afectados. Eso serviría como base para poder impugnar la convocatoria”, ha apostillado.
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