Nuevo revés para Mina Muga, el proyecto para la explotación de una mina de potasa en las localidades de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón). Al bloqueo del proyecto en los tribunales tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que paralizó su puesta en marcha por un error en la tramitación de los permisos, se suma ahora la renuncia del grupo chino Minmetals Corporation (CMC) y su filial Qinghai Salt Lake Industry (QLS) a participar en el proyecto con una inversión de unos 260 millones de euros (300 millones de dólares estadounidenses).
Ha sido la minera australiana Highfield Resources, matriz de Geoalcali, empresa impulsora de Mina Muga, la que este lunes ha informado, a través de un comunicado, que el grupo chino les ha informado “de su decisión de no proceder con la transacción estratégica propuesta en la carta de intenciones no vinculante” que ambas partes suscribieron el pasado mes de mayo. Entonces, Geoalcali anunció que había encontrado un inversor chino con el que se garantizaba el futuro del proyecto Mina Muga.
En el comunicado no se explican los detalles por los que Minmetals Corporation ha decidido retirar su inversión anunciada de 260 millones de euros en la mina de potasa. Highfield Resources tan solo añade que “la compañía sigue comprometida con los objetivos estratégicos que han sustentado las recientes conversaciones sobre la transacción, con un enfoque en generar valor a largo plazo para los accionistas”.
Fuentes de Geoalcali señalan a elDiario.es que “respetan” la decisión de Minmetals Corporation “de no proceder con la transacción estratégica propuesta” y aseguran que Mina Muga “sigue siendo una iniciativa clave y estratégica para España, guiada por los más altos estándares de exigencia ambiental, avalada por informes técnicos de los órganos competentes y respaldada por más de 14 años de tramitación rigurosa”.
Mina Muga, que en 2021 obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para su puesta en marcha, se encuentra en la actualidad paralizado después de que el TSJN anulara los permisos al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). El TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.
Se da la circunstancia de que Mina Muga fue el primer proyecto en el que, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán y Koldo García participaron en Navarra con la UTE de Servinabar y Acciona. Geoalcali adjudicó a esta unión temporal de empresas (desde Geoalcali matizan que finalmente se adjudicó únicamente a Acciona) la elaboración del proyecto por 56,9 millones de euros y, según la Guardia Civil, García habría facilitado los contactos de Acciona con las administraciones públicas para la concesión de los permisos que posteriormente fueron paralizados por la Justicia.
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