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Navarra y el Estado se preparan ya para financiar a la Policía Foral tras el traspaso de Tráfico

Efectivos de la Policía Foral en un control de Tráfico. EFE/ Jesús Diges/Archivo

Tras haber puesto fecha para la formalización del traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial -antes del 31 de marzo de 2023-, Navarra y el Estado se preparan ya para financiar a los nuevos agentes de la Policía Foral que ejercerán de manera íntegra las funciones que hasta la fecha comparten con la Guardia Civil. En el acuerdo para la renovación del Convenio Económico entre la comunidad foral y el Estado, que fija la cantidad que Navarra abona anualmente a las arcas del Gobierno central por las competencias no transferidas, que se ha firmado este viernes se ha incluido una clausula para costear los nuevos efectivos de la Policía Foral de tráfico una vez se formalice el traspaso de competencias.

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Así, se ha acordado valorar las competencias que ejerce la Policía Foral fijando para el año base 2020 un módulo de coste por efectivos de 56.515 euros, que se aplica al número de efectivos de cada año. Este módulo, ha precisado la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, incluye, además de los gastos de personal, los gastos corrientes e inversiones necesarias para la prestación del servicio. De esta forma, ha subrayado la consejera, “en el momento en el que se acuerde el traspaso de Tráfico ”queda asegurada la financiación de los nuevos efectivos de Policía Foral“ y con un compromiso de revisión cuando se haya producido el 50% del despliegue total que se fije para el ejercicio de estas funciones.

El Estado devolverá a Navarra 137,8 millones de euros

La financiación de estos agentes policiales es una de las patas del acuerdo que este viernes han firmado Navarra y el Estado para la renovación del Convenio Económico para el quinquenio 2020-2024, cuya negociación se ha alargado durante más de dos años por distintas diferencias económicas. Ambas instituciones han acordado finalmente fijar en 510,2 millones de euros el año base para la cantidad que la comunidad foral paga al Estado por los servicios prestados. A esta cifra hay que reducir, ha precisado Elma Saiz, 79 millones de euros en concepto de retenciones a favor de Navarra, de manera que el año base neto queda en 431,3 millones de euros.

Según los cálculos entre ambas instituciones a partir del año base, se prevé una aportación neta de Navarra a las arcas generales de 580,3 millones de euros en 2021 y de 621,5 millones de euros como provisional a pagar en 2022. El acuerdo arroja, además, un saldo favorable para la Comunidad foral en 2020 y 2021 de más de 137 millones de euros, que se hará efectivo el 30 de diciembre de este año.

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha hecho una valoración “muy positiva” de este acuerdo que ha asegurado “refuerza la relación bilateral” entre los gobiernos central y de Navarra. “Afianza nuestro sistema presupuestario y financiero y nos da estabilidad. Sabemos cuál el horizonte que tenemos para los próximos años”, ha celebrado. Supone, ha resaltado, “un paso más en el afianzamiento de nuestro autogobierno que esta legislatura está siendo impulsada como no se había visto en los últimos 20 años fruto de un trabajo de diálogo discreto, de un compromiso claro con Navarra”.

Por su parte, Elma Saiz ha explicado que la renovación del Convenio contempla “novedades en la compensación por retenciones del trabajo y retenciones del capital mobiliario”, estableciendo un ingreso a favor de Navarra que “sustituye la compensación que minoraba la cifra de la aportación del año base”. Los acuerdos alcanzados, ha afirmado, suponen “una línea continuista con la metodología empleada y los acuerdos suscritos para el quinquenio anterior”.

Ha señalado que esta “rebaja tan importante” en la aportación neta del año base se debe a que 2020 fue “extraordinario” por la pandemia de la COVID-19 y el “impacto que tuvo sobre los ingresos de todas las administraciones públicas, en especial de la Administración General del Estado”. Como consecuencia “se produce también una rebaja en la aportación de Navarra a las cargas del Estado por las competencias no asumidas”.

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