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Imputado el director general de Medio Ambiente en el caso de la planta de aglomerado asfáltico de Igollo

El juez inculpa a David Redondo un presunto delito de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente al omitir un informe que permitió reabrir la fábrica propiedad de Copsesa.

En la causa también están imputados el director general de Industria y el gerente de la planta. 

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Toma de posesión del director general de Medio Ambiente, David Redondo, a comienzos de la legislatura. | MIGUEL A. LÓPEZ

Toma de posesión del director general de Medio Ambiente, David Redondo, a comienzos de la legislatura. | MIGUEL A. LÓPEZ

El caso de la planta de aglomerado asfáltico de Igollo sigue avanzando en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha sumado una nueva imputación, la del director general de Medio Ambiente, David Redondo. El magistrado que instruye la causa, Luis Enrique García Delgado, considera que este dirigente del Gobierno de Cantabria no ha justificado debidamente por qué no informó acerca de la pertinencia de tramitar o no la declaración de impacto medioambiental por parte de la empresa propietaria de la fábrica, Copsesa.

A pesar de que fue requerido en dos ocasiones, el director general de Medio Ambiente no emitió ningún informe, lo que permitió reanudar la actividad de la fábrica, según destaca el propio juez en un auto fechado el 5 de marzo y dado a conocer este martes por la Plataforma de Vecinos Aire Limpio y Ecologistas en Acción, personados en el caso. En la causa, que se encuentra en fase de diligencias previas, también están imputados el director general de Industria, Fernando Javier Rodríguez, y el gerente de Copsesa, José Domingo San Emeterio.    

Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma sobre los trabajos que se estaban realizando en las instalaciones fabriles sin tener todas las licencias en regla. Apoyados por Ecologistas en Acción, presentaron una denuncia ante los Juzgados, y la Consejería de Medio Ambiente acordó el cierre de la actividad, una decisión que comunicó a la Consejería de Industria y a los ayuntamientos de Camargo y Santander, territorios donde se ubican las instalaciones.

Tanto la Consejería de Industria como el Ayuntamiento de Camargo ordenaron en un principio el cierre de las instalaciones, pero la empresa lo recurrió alegando que "en ningún momento" se le solicitó la declaración de impacto medioambiental por parte de la Administración pública cuando en 2012 compró las instalaciones a los herederos de Emilio Bolado.

El recurso de Copsesa ante la Consejería de Industria no fue contestado por Medio Ambiente, departamento al que se había solicitado la emisión de un informe que aclara si era necesaria o no dicha declaración. El juez valora que el director general, aun conociendo que el plazo legal para responder era de un mes, no respondió a los dos requerimientos de la Consejería de Industria.

Esta falta de respuesta en el plazo legal de un mes por parte responsable de Medio Ambiente a los requerimientos de Industria ha sido determinante para que el juez le cite a declarar el 5 de junio como imputado por un posible delito de prevaricación administrativa omisiva y otro contra el medio ambiente, tal y como destacan desde Ecologistas en Acción.

David Redondo deberá responder ante el juez sobre la obligación o no de que Copsesa tenga que tramitar la declaración de impacto ambiental, las razones del cambio de criterio de su Dirección General y la aclaración sobre si se han producido cambios o no en la planta de aglomerado asfáltico de la empresa.

Más imputaciones

Tanto la plataforma vecinal como Ecologistas en Acción Cantabria se han felicitado por esta nueva imputación que esperan que "no sea la última". En un comunicado, han denunciado el "despropósito" que se ha producido con las autorizaciones. Según relatan, primero fue la "negligencia" de las administraciones que "autorizaron el traspaso del negocio sin control alguno". Después, la autorización del inicio de la actividad sin tener las autorizaciones legales, en especial, la ambiental, y la tardanza posterior en la orden de cierre. En cuarto lugar, señalan el "cambio de criterio" de ambas direcciones generales y del Ayuntamiento de Camargo, y en quinto lugar, que David Redondo dejara pasar el plazo legal de un mes sin contestar.

"Han tenido que ser los tribunales de justicia, tanto el de lo contencioso administrativo, como el penal de instrucción, quienes están poniendo las cosas en su sitio, obligando a respetar la legalidad, ya que algunas administraciones no lo han hecho y por ello, de momento, dos de sus responsables están imputados por dos posibles delitos", han concluido.

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