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El Gobierno aprueba un decreto para regular las organizaciones de voluntariado de Protección Civil

Se han aprobado nueve millones para la ACAT y 2,6 para contratar el servicio para el desarrollo del Programa de Apoyo Integral a las Familias

El Gobierno aprueba un decreto para regular las organizaciones de voluntariado de Protección Civil

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy un decreto por el que se regulan las organizaciones de voluntariado de Protección Civil y su Registro con el objetivo de "dar seguridad" a las intervenciones de los más de 600 voluntarios que trabajan en la comunidad.

El decreto, en cuya elaboración han participado las propias agrupaciones y las entidades locales, busca "fortalecer" la actividad de las agrupaciones, mejorar la coordinación y establecer unos principios básicos que garanticen su funcionamiento y la seguridad de los propios voluntarios, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

Para ello, se establece el régimen jurídico de la acción voluntaria organizada y se regulan los derechos y obligaciones de voluntarios y entidades, así como la colaboración con las administraciones públicas.

También establece la exigencia de una formación mínima básica a los nuevos voluntarios y se fija un esquema de intervención "claro y unívoco" en apoyo a los servicios de emergencia profesionales. Además, esta norma dota a las organizaciones de voluntariado de un marco normativo que garantiza la homogeneidad en la realización de sus actuaciones, respetando la autonomía de las entidades locales.

En este sentido, estas organizaciones mantendrán vinculación con los ayuntamientos y podrán ser movilizadas a través del 112 en el caso de la activación de un plan de emergencias territorial.

Entre las novedades destaca la creación de un registro y una base de datos de las agrupaciones existentes, en el que se va a especificar la capacitación técnica y medios con los que cuenta, una información "necesaria" para movilizar según el tipo de incidencia o emergencia.

El decreto reconoce la posibilidad de que existan organizaciones de bomberos voluntarios sin ánimo de lucro constituidas por personas físicas que altruistamente se agrupan para participar en la realización de tareas de prevención y extinción de incendios.

Igualmente, se crea el Consejo Asesor del Voluntariado de Protección Civil de Cantabria, que tiene como finalidad estudiar y debatir cuestiones referidas a la organización, funciones, formación y medios de este voluntariado.

Este Consejo colaborará en la confección de Plan de Formación, en la revisión de protocolos y procedimientos de actuación y propondrá medidas preventivas con objeto de evitar emergencias, entre otras funciones.

Estará integrado por representantes de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, de los ayuntamientos y de organizaciones inscritas en el registro correspondientes a los ámbitos territoriales de Besaya/Saja, comarca costera Occidental; Oriental; Liébana y Valle del Nansa; Pas, Pisueña, Alto Asón y Miera; Campoo y los Valles del Sur; así como un representante de las organizaciones de bomberos voluntarios acreditadas.

La nueva normativa crea también la condecoración de reconocimiento a la antigüedad y constancia en el servicio del voluntariado de Protección Civil, con el objetivo de agradecer el compromiso altruista y desinteresado de los voluntarios por su participación "activa y constante" durante más de diez años para colaborar en la protección de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Estos reconocimientos serán propuestos por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y concedidos por el consejero de Presidencia y Justicia.

Nueve millones para la ACAT

Por otro lado, en su reunión semanal de este jueves, el Gobierno ha autorizado gastos de 9.020.585 y 281.809 euros a favor de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), respectivamente, para la financiación de su actividad.

Y en Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, se autorizó la contratación del servicio de desarrollo del Programa de Apoyo Integral a las Familias, con un valor estimado de 2.620.000 euros.

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