El PP avisa de que Sánchez “dejará sin su cheque guardería de 1.000 euros a más de 2.450 familias cántabras”

Así lo ha avisado la diputada 'popular' Isabel Urrutia, en un comunicado en el que recuerda que el Ejecutivo de Mariano Rajoy a través de los Presupuestos Generales de 2018 aprobó el citado cheque, que consistía en una deducción por maternidad, adicional a la ya existente, por 1.000 euros cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera llevado a su hijo menor de tres años a una guardería o centro de educación infantil autorizado.

Según decidió la propia norma económica del pasado ejercicio, elaborada y aprobada por el PP, con el voto en contra del PSOE, esta deducción tendría efectos desde el 1 de enero de 2018, con lo que en la declaración del IRPF de este año las familias que cumplieran con los requisitos podrían deducirse esos 1.000 euros.

Sin embargo, apunta Urrutia, cuando la Agencia Tributaria ha comenzado a tramitar esta deducción, “el Gobierno de Sánchez está obstaculizando que las familias que optaron por llevar a sus hijos a una guardería no puedan deducirse esta cantidad”.

“Esta es la voluntad del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Sánchez”, denuncia Urrutia, para indicar que esto en Cantabria “se agrava todavía más en un segundo plano”, porque la exigencia de que estas guarderías estén autorizadas es “de imposible cumplimiento” ya que el Ejecutivo regional PRC-PSOE “no tiene un procedimiento para conceder la autorización administrativa a las guarderías” como sí lo hay por ejemplo, para los centros de servicios sociales.

“Es decir, Cantabria tiene 2.450 familias que decidieron, o que se vieron obligadas porque no tenían otra opción, a llevar a sus hijos a guarderías y no a centros educativos autorizados por las Comunidades Autónomas, que se van a quedar sin cobrar los 1.000 euros de la deducción que aprobó el Gobierno del PP”.

La diputada del PP añade que “no podemos consentir esta discriminación y este agravio porque el Gobierno busque ahora una trampa o una interpretación dudosa para decidir hacer un recorte de forma indirecta pero que afecta a 2.450 familias.

Por ello, en el último Pleno de esta legislatura, el principal partido de la oposición interpelará al Gobierno de Cantabria sobre cuáles son sus criterios y qué actuaciones ha realizado para que ninguna familia ierda los 1.000 euros que “on suyos y le corresponden”.