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El plan de gestión del lobo, “pendiente” de la reforma de la Ley de Caza

EUROPA PRESS

SANTANDER —

El consejero de Medio Rural, Jesús Oria, ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento que el plan de gestión del lobo se aprobará vía decreto cuando se apruebe la modificación de la Ley de Caza, cuyo anteproyecto está en fase de tramitación administrativa.

Oria ha estimado que tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el Parlamento podría aprobar la reforma de la Ley de Caza a finales de este año e inmediatamente se aprobaría el decreto. Según ha explicado a preguntas de Ciudadanos, la modificación legal tiene por objeto crear la figura de los planes de gestión de especies cinegéticas.

Preguntado también sobre las ayudas para la prevención de daños del lobo, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación ha explicado que el presupuesto de 2018 tiene para este fin una partida de 100.000 euros por si se aprobara el plan de gestión este año, y si no se aprueba en este ejercicio, la orden de ayudas se convocará en 2019.

MARISQUEO

Por otro lado, en el Pleno de este lunes también se ha anunciado que la Consejería que dirige el regionalista Jesús Oria pondrá en marcha, previsiblemente en julio, una página web con un apartado específico dedicado a las zonas de marisqueo, en la que se podrá acceder al resultado de las analíticas que realiza la Dirección General de Pesca sobre la calidad del marisco y de las aguas.

Así lo ha anunciado el diputado del PRC Fernando Fernández durante el debate de una iniciativa del PP, Podemos y el diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Cs), que no ha salido adelante y que, entre otros aspectos, reclamaba que las analíticas de la Dirección de Pesca en relación con la calidad del marisco se publiquen en un plazo no superior a 15 días en la web de la Consejería.

Además, en la proposición no de ley, los proponentes pedían que Pesca llevara a cabo analíticas periódicas en las zonas cerradas a la práctica del marisqueo para reabrirla “a la mayor brevedad posible”.

Estos grupos acusaban al Gobierno de falta de transparencia respecto a las analíticas, una acusación “absolutamente falsa”, a juicio de Fernández (PRC), ya que, según ha dicho, éstas se facilitan a quien lo solicita.

Así, ha reivindicado que, en las zonas de marisqueo cerradas, se están efectuando por parte de la Dirección de Pesca más analíticas que nunca.

Al margen del tema de las analíticas, en la PNL se instaba al Gobierno regional a cumplir con los compromisos adquiridos por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y por la Consejería de Oria con los mariscadores y también que se retome “de manera inmediata” el Plan de Regeneración empleando a los mariscadores para garantizar que la parada biológica sea efectiva.

Por parte de los regionalistas, bajo cuya gestión está la gestión en materia de Pesca, se ha negado que el Gobierno haya incumplido “ningún acuerdo” con los mariscadores y creen que “tal vez” han sido los representantes de éstos los que hayan “vendido una moto” a los mariscadores que no es lo acordado entre el sector y la Consejería y hayan generado “expectativas de cobro infundadas y sin ninguna base legal”. Además, se ha negado que el Plan de Regeneración esté paralizado.

Por todo ello, PRC y también su socio de Gobierno el PSOE han votado en contra de esta iniciativa, que también ha contado con la abstención del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio.

Esto ha hecho que la iniciativa haya quedado rechazada con 17 votos a favor (PP, Podemos y Gómez), 17 en contra (PRC y PSOE) y una abstención (Carrancio).

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LIBERTAD SEXUAL

Además, este lunes el Pleno ha rechazado también otra proposición no de ley de Podemos para instar al Gobierno de Cantabria inste al Ejecutivo central a aprobar una Ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual y a unas vidas libres de violencias sexuales y a elaborar las reformas legislativas para adaptar la normativa a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Además, en la iniciativa 'morada', presentada tras la polémica sentencia de 'La Manada' y que solo ha obtenido el respaldo del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, se pedía cumplir en un máximo de tres meses con las medidas y los compromisos económicos incluidos y ratificados en el informe de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Durante su defensa de la iniciativa, la portavoz parlamentaria de Podemos, Verónica Ordóñez, ha criticado la sentencia de la Manada --que ha condenado a los acusados por abusos sexuales pero no por agresión sexual-- y ha reclamado la necesidad de un reconocimiento legal de que las relaciones sin consentimiento constituyen una violación.

Aunque por parte del resto de grupos ha habido coincidencia con la podemita en denunciar la “lacra” de la violencia de género que hay en España, en la necesidad de reformas legislativas y en criticar la sentencia de la Manada, varios, como el PSOE o el PP, han acusado a Ordóñez de hacer “demagogia” y hacer con esta iniciativa “oportunismo” político para sacar “rédito político”.

Populares y socialistas han coincido en cuestionar el trabajo efectivo de Podemos y han reprochado a la formación morada que reclame el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuando, en el Congreso, los podemitas se abstuvieron en la votación.

“Vocear, pero trabajar bien poco”, le ha dicho a Podemos la diputada popular Isabel Urrutia.

Por su parte, el diputado de Cs le ha reprochado a Ordóñez que pida en el Parlamento de Cantabria “algo que se tiene que hacer en Madrid”. “Esta cuestión, donde hay que trabajarla es en el Congreso de los Diputados”, ha dicho Gómez.

Tras conocer el sentido del voto del resto de grupos y el rechazo de su proposición no de ley, Ordóñez ha considerado una “vergüenza” el 'no' de algunos grupos y ha señalado que es algo que tendrán que explicar a las víctimas de violaciones.

CORREOS

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha aprobado una proposición no de ley del PSOE, modificada a través de una enmienda acordada con su socio de Gobierno, el PRC, que emplaza al Gobierno regional a instar al Gobierno de la Nación a aprobar un plan estratégico para Correos que aumente su competitividad y garantice su viabilidad, así como para corregir en el trámite parlamentario de los Presupuestos del Estado de 2018 el recorte sufrido por esta sociedad estatal y negociar un nuevo convenio colectivo.

La iniciativa, apoyada por Podemos y el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio (ex de Ciudadanos) se ha aprobado con el voto en contra del PP, que asegura que ya hay un plan estratégico elaborado y se está negociando el cuarto convenio colectivo; y con la abstención de Cs por la alusión del primer punto de la propuesta transaccionada a los PGE de 2018.

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