El presidente de Madrid releva a toda la 'cúpula' de Sanidad, incluido César Pascual

En concreto, Pascual ha sido cesado como director general de Coordinación para la Asistencia Sanitaria, puesto que ha ocupado durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, y será sustituido por Antonio Alemany.

También ha sido cesado el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al que sustituirá Fernando Prados Roa. Éste deja así su cargo como viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, al que sustituye Diego Sanjuan Benito. Igualmente se ha cesado a Miriam Rabaneda como directora general de Planificación, Investigación y Formación así como el secretario general técnico Javier Fernández.

Pascual, Molina y Fernández son los cargos investigados por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias, tras la querella presentada por la empresa Ambulancias Alerta a este proceso de contratación.

Pese a esto, Garrido ha defendido que hay cambios “en todas las consejerías” y que no existe razón concreta para los cambios en Sanidad. “Simplemente se piensa que es el mejor gobierno para trabajar por los madrileños. Entiendo que en los segundos niveles de estructura puede ser positivo que haya una renovación”, ha dicho, para a continuación incidir en que el año de trabajo que queda requiere “fuerzas renovadas”.

El presidente de la Comunidad ha desligado los ceses del caso de las ambulancias. “Repito lo mismo, los cambios son cambios de un equipo de personas que pueden aportar mucho a una labor de Gobierno que tiene que ser muy intensa”, ha subrayado ante las preguntas de los medios de comunicación.

Fuentes de la Consejería de Sanidad achacan estos cambios al hecho de que el responsable del área, Enrique Ruiz-Escudero, no había realizado modificaciones a su llegada y que en la 'cúpula' de la Consejería se encontraban los mandatarios designados por el anterior responsable, Jesús Sánchez Martos.

PASCUAL

El exgerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla durante la pasada legislatura fue citado a declarar en abril en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en la causa que investiga una posible adjudicación “irregular” a Ferrovial en el servicio de traslado urgente de pacientes a los hospitales públicos madrileños.

Pascual, junto a otros altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, está acusado de presionar a los dueños de la empresa de ambulancias Alerta S.A. para que renunciaran a la adjudicación que habían obtenido en primera instancia. Tras la baja voluntaria de esta compañía, que posteriormente emprendió acciones legales, el contrato para gestionar este servicio fue entregado a la segunda en el concurso, una filial del Grupo Ferrovial, por 76 millones de euros.

La querella, que fue admitida a trámite en el mes de enero al observar el juez “indicios de delito”, basa en unas grabaciones presentadas por los denunciantes en las que los altos cargos -entre los que se encontraba Pascual- intentaban convencer a los responsables de Alerta S.A. de que abandonaran el contrato de traslados de pacientes porque, según sostenían, no iban a poder prestar el servicio con la bajada económica que les había permitido ganar el concurso.

Se da la circunstancia de que César Pascual, que forma parte del nuevo Comité Ejecutivo del PP de Cantabria como secretario de Sanidad en el equipo que lidera María José Sáenz de Buruaga, fue el responsable de poner en marcha el polémico contrato público-privado que permitió acabar las obras del Hospital Valdecilla y que obliga al Gobierno de Cantabria a pagar casi 900 millones de euros en los próximos 20 años a otra filial de Ferrovial -ahora beneficiada también en esta adjudicación- por un centro sanitario que los propios trabajadores califican de “muy deficiente”.

Y es que desde su inauguración, la sombra de la privatización encubierta, los sobrecostes, la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria sobre la gestión llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP o el traslado de algunos de los servicios fuera del hospital por falta de espacio han sido algunos de los detonantes que han puesto en el centro de la diana el trabajo de César Pascual en Cantabria, ahora también señalado en los tribunales madrileños.