El antigitanismo de género mata
La hermana de una mujer romaní que no quería continuar una relación de pareja ha sido asesinada este lunes. Su otra hermana murió este martes y su madre está en el hospital. Sin embargo, no serán reconocidas como víctimas de violencia machista, ni tampoco como víctimas de violencia de género porque nos gobierna un Estado retrasado respecto a las demandas de las mujeres en las calles. Por tanto en este caso igualmente que en el resto, lo personal es político también cuando hablamos de las mujeres romaníes.
La igualdad entre mujeres y hombres es el componente estructural que nos vacuna frente a las violencias machistas, entre las que se encuentra la violencia de género. Sin embargo, el Antigitanismo de Género en nuestro país excluye a las mujeres romaníes sistemáticamente tanto de las políticas “feministas” (de Estado) como de las políticas antirracistas (que no existen en realidad). Lo único que el Estado contempla a estos efectos es una asignación presupuestaria de 125.000 euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para un programa de igualdad en el empleo. ¿Va este dinero directamente a las mujeres romaníes? Por supuesto que no, es otorgado sin criterio ninguno a una organización presidida por un sacerdote varón y payo cuya máxima reflexión sobre la mal llamada “integración” se basa en establecer como indicador el número de matrimonio mixtos. Actualmente, ninguna mujer romaní con formación en igualdad entre mujeres y hombres o la erradicación de violencias machistas está siendo contemplada oficialmente para tomar decisiones en este sentido en las diferentes administraciones. No será porque no haya mujeres formadas entre nuestras filas.
La traducción de este absurdo esquizofrénico se traduce directamente en índices de discriminación en su derecho a la educación, la vivienda, el empleo o el acceso a la justicia. Índices de discriminación que estructuran, promueven y justifican desde el Estado las violencias machistas sobre nuestros cuerpos morenos. A esto hay que añadir que, oficialmente las mujeres romaníes en España no existimos porque la minoría étnica a la que pertenecemos no está reconocida por nuestra Constitución. Así que tenemos una Constitución que nos excluye ¿Creen ustedes que se puede legislar e implementar políticas públicas sobre alguien que oficialmente no existe?
Las políticas que no desarticulan la violencia machista en todo su espectro para todas las mujeres justifican la violencia porque son sesgadas. Esta situación nos afecta a todas, sobre todo a las mujeres romaníes y muy hostilmente a las jóvenes que viven en guettos, porque son el grupo más discriminado. En España no existe ninguna legislación de ámbito estatal ni ninguna política pública central que reconozca la violencia machista como tal. Además, la ley contra la violencia de género excluye toda la violencia machista que queda por fuera del ámbito de la pareja o expareja heterosexual. Por ello, oficialmente estas mujeres romaníes no son víctimas de violencia de género ni machista porque no son ni la pareja ni la expareja del asesino y dudo que se contemple la violencia contra ellas como forma de violencia de género contra su expareja. Además, dicha ley excluye a las mujeres romaníes sin pudor y esta es otra de las razones por las que somos excluidas de todas las estadísticas oficiales en materia de violencia de género. Por tanto, no puede diseñarse ninguna política pública con dos dedos de frente para abordar la violencia que enfrentamos.
Por todo ello, oficialmente ni hay violencia machista, ni de género, ni hay mujeres romaníes. Parece que a este gobierno le importa más mantener intacta su ley contra la violencia de género que aceptar los cambios profundos que necesita. Quien gobierne necesita aceptar que esta ley no responde a la obligación democrática de nuestro Estado en materia de protección de las víctimas de violencias machistas, sin importar si es tu pareja o expareja, tu género, tu cultura, tu procedencia, tu edad, tu nivel socioeconómico, tu religión, tu orientación sexual o tu identidad de género. Tenemos una ley diseñada por y para mujeres blancas y payas heterosexuales de alta clase social. Dirigida a proteger a las que se parecen a ellas, esas que creen que la violencia de género no les afecta porque eso es de pobres e incultas y en los casos en los que ocurre se debe a delitos individuales a castigar con mano dura en el mejor de los casos. Este enfoque brillante, nos deja por fuera a todas las demás y exime a las propias instituciones donde se engendran las políticas.
Cada vez que una mujer muere asesinada por cualquier forma de violencia machista, la máxima responsabilidad es del Estado. Es su responsabilidad garantizar la prevención de estos asesinatos y de cualquier forma de violencia machista en definitiva. Para eso tenemos una Constitución, no para ponerla al servicio de los bancos o de las élites empresariales. Como miembros de una democracia necesitamos asumir esto. Necesitamos leyes que erradiquen las violencias machistas y que sean implementadas de tal forma que todas podamos ser protegidas.
Queremos una sociedad más justa, por eso no vamos a dejar de trabajar y resistir hasta que seamos ciudadanas libres de primera. Un Estado que no nos reconoce a todas las mujeres juntas y que garantiza la protección malamente de unas pocas, no puede llamarse democrático o constitucionalista y muchísimo menos feminista.
Le deseo a estas mujeres y su gente cercana todo el bálsamo del mundo para afrontar esta familia que queda rota por la tragedia. Mientras, la lucha sigue compañeras. Cueste lo que cueste.
