El brote de hantavirus en el Hondius no debe generar ni pánico, ni alarma, ni usarse como arma política arrojadiza
La llegada este domingo del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, ha situado en el centro del debate público el primer brote de hantavirus de cepa andina identificado a bordo de un buque internacional con destino a Europa. Conviene situar las cosas en su justa medida desde el principio: no estamos ante un riesgo pandémico comparable al del Covid-19, pero sí ante una emergencia sanitaria que exige una respuesta proporcionada, basada en la evidencia científica y desprovista del ruido de la opinionitis o la politiquería barata que tantas veces sustituye al rigor en el debate público sobre salud.
Conviene recordar lo que sabemos. El hantavirus de la variedad andina presenta una letalidad que puede alcanzar el 40%, una cifra equiparable a la del ébola. Pero, a diferencia del SARS-CoV-2, no se transmite por vía aérea ni mediante aerosoles. Su contagio entre personas requiere, por regla general, contacto estrecho, convivencia íntima o intercambio de fluidos corporales. Este dato no es un matiz menor: es clínicamente decisivo y es la razón por la que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades coinciden en calificar de “particularmente bajo” el riesgo de diseminación hacia la población de Canarias o del conjunto del país. No estamos ante una pandemia en ciernes; estamos ante un brote acotado que requiere, eso sí, una contención meticulosa.
El contagio de una azafata del vuelo de KLM que transportó a los Países Bajos a una pasajera del barco infectada nos hizo temer que el contacto necesario para la transmisión podía no ser tan íntimo como inicialmente se asumía. Afortunadamente, ese riesgo se ha despejado al dar negativa este viernes a las pruebas de laboratorio para diagnosticar infección por Hantavirus. Pero no hay que bajar la guardia, ya que este mismo 8 de mayo se ha ingresado en Alicante a una paciente con sintomatología compatible con el cuadro de Hantavirus, sospechosa de haberse infectado tras haber estado sentada en el vuelo de Johannesburgo a Amsterdam cerca de una de las personas evacuadas del barco e infectadas y que desafortunadamente falleció.
Hay que recordar también que la enfermedad tiene un periodo de incubación largo que puede extenderse hasta ocho semanas: una persona puede no presentar síntomas hoy y desarrollarlos entre ahora y finales de junio o principios de julio. Esa es la razón —no otra— por la que la cuarentena de cuarenta a cuarenta y cinco días para los catorce pasajeros españoles que regresarán a Madrid, y para los pasajeros de otros países que serán repatriados a sus respectivos lugares de residencia, no constituye una imposición arbitraria, sino la única respuesta sensata desde un punto de vista estrictamente epidemiológico. Lo razonable es que cualquier persona en su sano juicio acepte el aislamiento en el hospital Gómez Ulla. Y, si no fuera así, conviene recordar que la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y el artículo 26 de la Ley General de Sanidad ofrecen amparo suficiente para que la autoridad sanitaria pueda imponerlo cuando exista riesgo inminente y extraordinario para la salud colectiva.
La crisis del Hondius pone también de manifiesto ciertas carencias operativas a lo largo del mes de abril durante la trayectoria del crucero y en sus paradas en islas como Santa Helena que merecen análisis. Treinta pasajeros abandonaron el crucero antes de tiempo y el paradero de varias de ellas se desconoce a día de hoy. El dispositivo de seguimiento de las autoridades sanitarias del Reino Unido —en la isla de Santa Helena— y de los Países Bajos, bandera del barco, no ha funcionado con la celeridad y la precisión requeridas. Algunas de estas personas pueden estar infectadas sin saberlo, y el riesgo no es solo para ellas, sino para sus contactos próximos allí donde se encuentren. Localizarlas, contactarlas, seguirlas durante al menos ocho semanas desde que desembarcaron, trazar sus contactos cercanos, son condiciones indispensables para acotar el brote. Se trata de una debilidad que no debería repetirse ante futuros brotes de mayor calado.
Los protocolos que se han diseñado, la acción conjunta de las autoridades españolas de sanidad y protección civil, el involucramiento del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y de la OMS desde que el navío arribó a Cabo Verde, están siendo las medidas correctas para abordar el problema de un brote epidémico que plantea cuestiones de seguridad sanitaria española, europea y mundial, en un navío europeo que navega en aguas internacionales. Se han planteado con un enfoque riguroso basado en la evidencia científica y la cooperación multilateral.
A continuación, insistimos en algunos elementos clave para darle más rotundidad a la de las acciones que hay que desarrollar:
Primero, no pensar la respuesta epidemiológica solo en términos de revisión médica clásica y cuarentena pasiva. Se requiere una vigilancia epidemiológica moderna: pruebas PCR y pruebas serológicas de anticuerpos para todos los pasajeros del barco, incluida la tripulación, con el fin de detectar infecciones asintomáticas y actuar en consecuencia.
Segundo, dotar a los trabajadores que vayan a entrar en contacto con el buque —personal sanitario, fuerzas de seguridad, trabajadores portuarios, técnicos de evacuación— de los equipos de protección individual adecuados. No para alimentar miedos infundados, sino porque la prevención del riesgo laboral es indisociable de la salud pública.
Tercero, al no tratarse de una emergencia de salud pública de trascendencia internacional según los criterios del Reglamento Sanitario Internacional, especialmente el bajo riesgo de transmisión a pesar de la alta letalidad, no es necesario establecer restricciones de viaje ni controles fronterizos. Sin embargo, convendrá reforzar los sistemas de control sanitario en fronteras y puntos de entrada. La pandemia de Covid-19 nos enseñó que las barreras sanitarias funcionan cuando son ágiles, proporcionadas y basadas en evidencia, y que se vuelven contraproducentes cuando llegan tarde o se aplican sin discriminación. La llegada del Hondius a Granadilla, sin atraque y con traslado directo de los pasajeros en condiciones de seguridad hasta el aeropuerto Tenerife Sur, es un buen ejemplo de respuesta bien calibrada.
Cuarto, comunicar con honestidad y rigor. Ni alimentar la alarma social ni minimizar la realidad del problema. La ciudadanía canaria, en particular, no tiene motivo para el miedo, pero sí derecho a información clara sobre lo que ocurre y sobre las garantías que se aplican. La sensibilidad heredada de la pandemia es comprensible, pero no debemos confundir vigilancia atenta con pánico desinformado.
Quinto, extraer las lecciones institucionales. Este brote recuerda que la Unión Europea, el ECDC y la propia OMS necesitan perfeccionar de forma continuada sus mecanismos de coordinación, especialmente en el seguimiento transnacional de los contactos. Y recuerda también que España tiene una Agencia Estatal de Salud Pública aprobada por ley, pero que está aún en proceso de despliegue que lleva un retraso injustificable. Esta es una oportunidad —y también una obligación normativa— para dotarse del músculo técnico que la prevención y la respuesta a brotes futuros van a exigir. No basta con un decreto fundacional. La Agencia debe arrancar cuanto antes y contar con la inversión necesaria, la estructura organizativa prevista y el personal adecuado en el menor tiempo posible.
La salud pública moderna se construye en la frontera entre la determinación y la acción eficaz, por un lado, y la prudencia y la sensatez, por otro. Ni alarma innecesaria ni complacencia tranquilizadora. La cepa andina del hantavirus es un patógeno serio, con letalidad alta y período de incubación largo. Y, al mismo tiempo, es un patógeno de transmisión limitada que, si actuamos como corresponde, no va a generar un foco de infección para Canarias ni mucho menos para el conjunto del país.
Lo haremos bien si somos rigurosos, si actuamos con base en la evidencia, si reforzamos los protocolos de seguimiento internacional, si evitamos la desinformación y la politiquería con relación a la respuesta a un brote epidémico, y si honramos el mandato legal y hacemos lo que nos comprometido a hacer. En resumen, si entendemos —ahora más que nunca— que salus populi suprema lex est: la salud del pueblo es la ley suprema.
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Firman también: José Martínez Olmos, ex Secretario General de Sanidad 2005-2011 y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, y Alberto Infante, ex Director General de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud (2006-2010)