Cambio educativo
La ministra de Educación, Isabel Celaá, hasta ahora más conocida por su labor en la portavocía del Gobierno que por su gestión al frente del Ministerio, acaba de irrumpir con declaraciones y anuncios de proyectos que no van a dejar indiferente a la comunidad escolar. Dice la ministra que piensa sustituir la LOMCE y modificar parcialmente la LOE. La derogación (¡por fin!) de la conocida “Ley Wert” es consecuencia lógica del profundo rechazo que suscitó en su día su tramitación, aprobación y posterior desarrollo. Ahora bien, la administración vuelve a caer en el error de introducir cambios desde arriba, sin un debate profundo y serio con los representantes de toda la comunidad. La anhelada estabilidad que demandamos para el sistema educativo nunca será el fruto de alianzas políticas coyunturales, sino la consecuencia de un pacto entre quienes somos parte activa de dicho sistema. Ahora más que nunca resulta imprescindible un acuerdo con los diferentes representantes de la comunidad escolar, de tal manera que la nueva ley sea fruto del diálogo y del compromiso con una mayoría social. Una ley basada en un gran consenso previo con el profesorado, las familias y los estudiantes hará más difícil que otra administración se sienta legitimada para cambiarla. Lo contrario es estar sembrando la semilla de una nueva contrarreforma que surgirá cuando haya un gobierno de distinto color político.
Si en relación a la nueva ley nos preocupa que se pueda imponer sin un pacto con los representantes de la comunidad educativa, los cambios que anuncia para la profesión docente, aunque todavía muy difusos, nos han llenado de espanto. Por el ejemplo, el hecho de que la máxima autoridad ministerial esboce la idea de que sean los equipos directivos de los centros escolares los que determinen qué docentes trabajarán en su colegio o instituto, genera una enorme alarma entre el profesorado. Lo dicho por Isabel Celaá implica un cambio radical en los procedimientos de provisión de las plazas, ya que pondría fin a los criterios objetivos que desde hace muchas décadas vienen presidiendo estos procesos. No es fácil saber si todo ha sido una desafortunada ocurrencia de la ministra o si, realmente, hay detrás un proyecto seriamente meditado. En cualquier caso, la idea de que desde las direcciones escolares se nombren o se cesen a determinados docentes supone liquidar el principio de neutralidad que tiene que tener la administración para, en su lugar, sumergirnos en un sistema lleno de subjetividad y que podrá, en ocasiones, tomar una deriva muy peligrosa: premiar lealtades y castigar disidencias. Mala idea.
No es mucho mejor el concepto de sistema retributivo ligado a la evaluación del profesorado. Habla la ministra de la necesidad de evaluar externamente el trabajo docente. Si el fin de dicha evaluación fuese fortalecer virtudes y ayudar a rectificar defectos, la idea sería positiva. La evaluación concebida como asistencia externa, junto con la necesaria reflexión que se hace en los órganos colegiados y de coordinación de los centros, son unas de las condiciones previas (no las únicas) para mejorar la calidad del sistema. Desgraciadamente, no parece que este sea el paradigma, al contrario, lo que esbozó Celaá es un modelo orientado a vincular las retribuciones de los enseñantes al resultado de la evaluación de su trabajo. En última instancia, el efecto de un proceso valorador de esta naturaleza implicará la categorización del profesorado y su división en base a jerarquías salariales. Desde mi punto de vista, será un desastre que liquidará la cultura de la igualdad, el trabajo en equipo y la concepción de la enseñanza como quehacer colectivo que existe en nuestros centros públicos, para, en su lugar, imponer patrones profesionales marcadamente individualistas que no van a hacer progresar al conjunto del sistema.
Poner el foco sobre los enseñantes –lo cual parece ya una constante para el político de turno que llega al Ministerio– es el denominador común de todo lo que viene manifestando en estas últimas semanas la ministra. Isabel Celaá, no obstante, no parece estar atraída por evaluar otros aspectos del sistema educativo, ni tampoco parece interesada en implementar medidas de calidad que conlleven un incremento del gasto; en todo caso eso sería un problema de cada administración autonómica. Dotar a la red pública de más medios, ampliar sus plantillas, disminuir las ratios, mejorar las condiciones laborales del profesorado y todas las medidas que los que se dedican a la noble tarea de educar demandan casi desde el primer día que pisan un aula no parecen estar nunca en las cabezas de los que se sientan en la poltrona ministerial. Con todo ello, la nueva ministra repite los mismos esquemas mentales de los que la precedieron en el cargo: un escaso respeto por la profesión docente y muy poca voluntad para que la Educación sea realmente una prioridad política en los presupuestos públicos.
