Cuando hasta el FMI lo reconoce: salarios dignos para una economía fuerte

No lo afirma un sindicato ni un dirigente progresista. Lo señala el economista jefe del Fondo Monetario Internacional: la economía española crece por encima de la media europea, es uno de sus motores y ha mejorado su productividad en los últimos años. Un dato de enorme valor, porque desmonta la idea, repetida durante décadas, de que subir salarios y reforzar derechos es incompatible con una economía competitiva.

Desde 2021, con la aprobación pactada de la reforma laboral, España apostó por el empleo estable, el contrato indefinido y el reequilibrio de la negociación colectiva, devolviendo protagonismo al convenio sectorial. A ello se sumó una subida sostenida del Salario Mínimo Interprofesional, de 950 euros en 2021 a 1.221 euros netos en 2026. No fue una decisión ideológica, sino una apuesta por un modelo económico más sólido. Y los resultados lo confirman: más estabilidad, mejores salarios, mayor productividad y un crecimiento más equilibrado.

Pese a ello, siguen repitiéndose los mismos discursos de siempre: cada subida del SMI se presenta como una amenaza, cada avance en derechos como un riesgo y cada mejora salarial como una irresponsabilidad. Y, sin embargo, la realidad los desmiente año tras año. La subida sostenida del salario mínimo se ha consolidado no solo como un instrumento de dignificación, en línea con la Carta Social Europea, sino también como un verdadero motor de la productividad y del conjunto de la economía.

En un contexto de incertidumbre global y tensiones que afectan de lleno a Europa, la respuesta no puede ser el repliegue, sino la cohesión social. Fortalecer el mercado interior exige mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia salarios homologables a los de los países más avanzados —como Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia o Irlanda—, donde el SMI ronda o supera los 2.000 euros mensuales. Europa solo será fuerte si sus trabajadores también lo son.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no puede reducirse a una cuestión técnica. El SMI es una herramienta de dignidad y redistribución y debe ser el punto de partida de una mejora general de los salarios. En ese camino, la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva debe servir para reactivar los convenios y garantizar que el crecimiento llegue a la mayoría.

Para que esta mejora sea real, es imprescindible afrontar los obstáculos que siguen bloqueando las subidas efectivas. Uno de ellos es la compensación y absorción, que permite neutralizar miles de incrementos salariales. Este mecanismo se ha convertido en una trampa contra la dignidad laboral y amenaza con transformar el salario mínimo en un techo, cuando debería ser un suelo desde el que avanzar.

A ello se suma una desigualdad cada vez más visible. Millones de familias trabajadoras destinan una parte creciente de su salario a una vivienda inalcanzable, mientras una minoría acumula beneficios récord. La crisis de la vivienda actúa como una auténtica máquina de empobrecimiento, transfiriendo renta del trabajo al capital y debilitando a la mayoría social. Este desequilibrio se ve agravado por un sistema fiscal que sigue gravando más el salario que la riqueza.

Nada de esto es casual. Durante años se ha priorizado un modelo que protege más a quien especula que a quien trabaja, tolera mercados desregulados y normaliza la concentración de beneficios. Después, se pide paciencia a quienes ya no tienen margen para resistir.

En este contexto, es necesario ser exigentes con el Gobierno. No basta con recurrir a deducciones temporales en el IRPF o a futuras bonificaciones en el Impuesto de Sociedades que ni siquiera se concretan. España necesita una reforma fiscal justa y progresiva que garantice que quien más tiene, más paga, incluidas las grandes empresas. Sin justicia fiscal no hay justicia social duradera.

La subida del SMI no puede ser una isla. Debe ir acompañada de políticas valientes en vivienda, fiscalidad y redistribución. Combatir la desigualdad no es una postura radical, sino una exigencia democrática. Las sociedades profundamente desiguales son frágiles y vulnerables a la polarización.

También es imprescindible proteger a autónomos y pequeñas empresas, que sostienen gran parte del empleo y sufren la presión de grandes grupos que concentran poder y beneficios. Dividirlos de las personas trabajadoras solo beneficia a quienes prefieren que no se señalen las verdaderas causas de los desequilibrios.

La experiencia española desde 2021 demuestra que existe una alternativa: más derechos, más salarios y más productividad no solo son compatibles, sino complementarios. Lo confirman los datos y lo vive cada día una parte creciente de la sociedad.

El verdadero debate no es si podemos permitirnos salarios dignos, sino si podemos seguir tolerando salarios indignos. Porque, en el fondo, el debate sobre el SMI no trata solo de euros, sino de poder, de reparto de la riqueza y de modelo de país.

Y esa elección, hoy más que nunca, es una elección política, social y democrática.