Impuesto al sol en España: ¿para qué sirve el Parlamento?
Somos muchos los que, a raíz de los últimos resultados electorales, confiábamos en que la mayor fragmentación del Congreso de los Diputados condujera a una legislatura donde el pacto fuera la tónica dominante. Se abría un nuevo escenario muy distinto al de las abultadas mayorías vistas con anterioridad que, en la práctica, ninguneaban permanentemente al Parlamento aplicando el rodillo del que gozaban los Gobiernos respaldados por mayorías absolutas.
Nos faltaba conocer el artículo 134.6 de la Constitución. Ese que permite al Gobierno vetar cualquier iniciativa legislativa del Parlamento cuando esta tiene impacto en los Presupuestos Generales del Estado.
Como es fácil imaginar, casi cualquier norma afecta de forma directa o indirecta a la recaudación de impuestos, por lo que el Gobierno puede hacer uso masivo de tan peculiar facultad en una suerte de secuestro permanente al Parlamento. Así ha ocurrido en más de dos decenas de proposiciones de ley en los escasos meses que llevamos de legislatura.
Cuando el Gobierno veta una propuesta, eso sí, la Cámara del Congreso puede levantar el veto y proseguir con la tramitación de la ley. Al Gobierno, en ese caso, le queda el recurso al Tribunal Constitucional, pero la ley sigue adelante. Sorprendentemente, hasta la fecha sólo una iniciativa legislativa de entre las muchas vetadas ha conseguido que la Mesa del Congreso desoiga al Gobierno y proceda con la tramitación de la ley.
El caso del denominado “impuesto al sol” es paradigmático. La práctica totalidad de la oposición, claramente mayoritaria en la Cámara Baja, ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una redacción legal muy concreta que permitiría a quien quiera comprarse un panel solar para abaratar su factura de la luz, hacerlo sin las innumerables trabas administrativas y económicas que existen en nuestro país, el más restrictivo del mundo en lo que autoabastecimiento energético se refiere.
Cuando en enero de este año se presentó en rueda de prensa la iniciativa, todos los partidos representados en el Congreso, salvo el Partido Popular y Foro Asturias, la respaldaron.
Hace unos días el Gobierno hizo uso de su ya famosa facultad constitucional y la vetó. El informe de escasísimo rigor que utilizó para ello argumentaba, sencillamente, que quien se pusiera un panel estaría no sólo reduciendo su factura, sino también las de sus vecinos, por lo que la recaudación del impuesto especial de electricidad e IVA se verían mermadas. Lee usted bien, el problema del autoabastecimiento es que abarata la factura. Sin más.
Incluso en el escenario ficticio dibujado por el Gobierno, que sobreestima claramente el número de estos intrépidos consumidores sin aportar dato alguno que lo justifique, el impacto sobre el Presupuesto no llega ni a decimales, pero eso no importa. Tampoco lo hace que el informe olvide que la compra e instalación de paneles lleva aparejada una mayor recaudación de IVA, impuesto de sociedades, cotizaciones sociales… No hace falta que el informe para vetar una norma sea completo. Ni siquiera es recurrible ante la justicia. En nuestro ordenamiento jurídico no hay exigencia alguna de rigor para vetar una norma apoyada por la mayoría de los representantes de los ciudadanos.
Así las cosas muchos esperábamos asistir a una segunda vez en la que la Mesa del Congreso levantara el veto del Gobierno a la proposición de ley sobre autoabastecimiento eléctrico. Al fin y al cabo, el apoyo había sido prácticamente unánime en la oposición. La sorpresa surgió cuando Ciudadanos decidió respetar la facultad constitucional del Gobierno y se negó a levantar el veto como sí hicieron los representantes del PSOE y Unidos Podemos. Ciudadanos no discute la propuesta, pero sí la estrategia: prefiere negociar con el Gobierno una reforma de la ley, dado que el asunto se encuentra en el pacto que permitió la investidura de Mariano Rajoy con el apoyo del partido naranja.
El problema es que en el referido pacto se contempla el apoyo al autoabastecimiento “eficiente” y ya hemos escuchado a los representantes del Gobierno decir que para ellos la eficiencia equivale en la práctica a restringir la actividad a unos nichos muy concretos. Olvídense de convertir en generalizada la posibilidad de comprar paneles solares para abaratar el recibo de la luz. Para eso hay que irse a Francia o a Alemania. Será porque allí hay más luces, porque desde luego no hace más sol.
Lamento la decisión de Ciudadanos. He vivido otras ocasiones donde un pacto con un ministro luego queda en papel mojado, por lo que permítame que no confíe en absoluto en una negociación que, lejos de estar cerrada, ahora se pretende iniciar.
El Parlamento, a mi juicio, está para legislar y el Gobierno debe acostumbrarse a que su capacidad de acción tiene límites, precisamente los que le marca el poder legislativo. La negociación, en su caso, debe producirse durante la tramitación las leyes, no hurtando a los representantes de los ciudadanos la posibilidad de tan siquiera debatirlas. De lo contrario podríamos llegar a la conclusión de que el Congreso de los Diputados sólo sirve para nombrar Gobierno puesto que este tiene siempre la facultad de secuestrarlo, tanto si goza de mayoría absoluta como si sólo cuenta con apoyos minoritarios. Y eso, sencillamente, es inadmisible.
