¿Quién pagará el agujero nuclear?

El Gobierno acaba de presentar una propuesta para elevar un 19% la tasa que pagan las eléctricas para que el Estado español se haga cargo de los residuos radiactivos de sus centrales nucleares así como de su desmantelamiento. A primera vista parece una buena noticia, veamos qué hay de fondo en ello.

Desde el año 2010, la ley establece que son las propias eléctricas las que deben asumir los costes que origina a largo plazo —nunca mejor dicho, pues los residuos de alta actividad seguirán siendo peligrosos dentro de 10.000 años— la gestión de su basura nuclear. La tarifa eléctrica, esto es, tú y yo, que hasta entonces nutría un fondo para hacer frente a estos costes, dejó de hacerlo, salvo una “pequeña” contribución (de unos 150.000 € anuales) que se mantiene hasta hoy para cubrir principalmente los costes de las centrales que habían cesado su actividad por aquel entonces.

El procedimiento es aparentemente sencillo: ENRESA, la empresa pública que tiene encomendado el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las nucleares, debe presentar al Gobierno al menos cada cuatro años su mejor style=“text-decoration: underline;”>previsión de costes contenida en una propuesta de actualización del llamado “Plan General de Residuos Radiactivos”. A partir de esta estimación y considerando la vida útil style=“text-decoration: underline;”>prevista de las centrales, el Gobierno se limita a dividir el montante económico entre la energía que producirán los reactores para determinar el importe de la tasa por MWh producido que estos deben abonar a ENRESA para que pueda afrontar la gestión. El truco está en el subrayado.

El primer problema es que el Plan General de Residuos vigente, el sexto, data del año 2006 aunque, como el criterio de imputación de costes se cambió en 2009, la tasa se fijó entonces y se empezó a aplicar en enero de 2010. Así que llevamos 10 años sin actualizar la tasa. Y no será porque no hacía falta.

En efecto, en 2015, el Tribunal de Cuentas, tras fiscalizar la actividad de ENRESA durante los años 2010 y 2011 alertaba de un agujero de 1.800 millones de euros causado por la no actualización de la tasa. Concluía que nuestra regulación “no garantizaría, como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medioambiente, que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas”. En junio de este año 2019 el propio Tribunal publicaba un informe de seguimiento de sus recomendaciones de 2015 y ya cuantificaba el agujero en más de 2.300 millones.

No sería por culpa de ENRESA, que envió al Gobierno borradores de actualización del Plan General de Residuos Radioactivos, que yo tenga constancia, al menos en cuatro ocasiones, junio de 2010 (Zapatero), junio de 2013, abril de 2014 y marzo de 2015 (Rajoy). En ellos constataba un incremento de los costes previstos y, como consecuencia de no considerar extensión alguna de la vida útil de los reactores, proponía sendos incrementos de la tasa. Ni caso.

Tenemos, por tanto, un primer problema consistente en que los Gobiernos, aun siendo conocedores de que las eléctricas debían incrementar sustancialmente sus aportaciones al fondo nuclear, no lo hicieron. Hasta ahora.

Pero me temo que con la actualización de la tasa que ahora se propone no basta. El segundo problema, como avanzaba, es que el cálculo se basa tanto en costes previstos como en energía prevista. Los primeros están sujetos a una enorme incertidumbre dada la escasísima experiencia en el desmantelamiento de centrales en nuestro país y en la gestión de residuos durante tan largo plazo. La segunda depende, principalmente, de cuándo se clausuren los reactores, imbricada cuestión con múltiples aristas económicas, sociales y políticas.

Sobre la estimación de costes pondré sólo un ejemplo. Como he comentado, cuando en 2010 se cambió el criterio de asunción, se determinó que una parte del fondo recaudado hasta la fecha se destinaría a financiar los costes de los reactores que ya habían cesado su operación (dos, Vandellós 1, cerrado tras el accidente de 1981 y Zorita, cerrado en 2006 tras 37 años de actividad) y que la tarifa eléctrica seguiría recaudando una “pequeña” cantidad para atender los costes futuros de estas centrales inoperantes. Los costes (a valor de 2009) se estimaron en 1.200 millones de euros, que sobradamente se podrían cubrir con el fondo recaudado hasta la fecha, que acumulaba más de 2.500 millones. Textualmente: “estarían, en principio, garantizados con la cantidad detraída del Fondo actual para las mismas con lo que no sería necesaria recaudación alguna a este respecto”.

Por aquel entonces sólo se había acometido una primera fase de desmantelamiento preliminar de Vandellós 1.

Diez años después, tras haber acometido gran parte del desmantelamiento de Zorita—que no todo—, resulta que los costes futuros de esta partida se estiman en torno a 950 millones y que del fondo ya sólo quedan poco más de 500. Es decir, el desmantelamiento de un solo reactor nos ha bastado para cometer un error de estimación de unos 450 millones de euros. Si tenemos en cuenta que, aparte de Vandellós 1, tenemos otros ocho reactores que desmantelar y que Zorita era minúsculo comparado con los actualmente activos (tiene seis veces menor potencia que estos) podremos hacernos una idea de la magnitud de los posibles errores. No digamos si entramos a valorar costes de almacenes de residuos que ningún país del mundo tienen aún operativos y que deben sobrevivir a cambios geológicos.

Surge entonces la cuestión clave del momento del cierre. Inicialmente estaba previsto que los reactores funcionaran durante 40 años. Como los que siguen en activo se pusieron en marcha entre 1983 y 1988, su cierre se preveía entre 2023 y 2028. Según se ha ido acercando esta fecha, las eléctricas y los municipios donde se ubican, muy dependientes económicamente de su funcionamiento, han presionado para extender su vida útil hasta los 50 años.

Sin necesidad de valorar que, con la suficiente planificación de su sustitución por renovables, podría perfectamente preverse el cierre de las nucleares sin incrementar el precio de la luz ni las emisiones de gases de efecto invernadero, un consumidor podría estar tentado en aceptar la extensión de la vida de las nucleares considerando que así tendrían más tiempo para contribuir al fondo de gestión de sus residuos. Pero claro, enseguida uno se da cuenta de que si las eléctricas están dispuestas a aportar los 2.300 millones que faltan es porque cuentan con ganar con las centrales mucho más dinero en el tiempo que les quede de vida. Susto o muerte: si cierran ya, pagas tú el agujero y si no, pagas tú los beneficios además del agujero.

Así las cosas, ENRESA llegó a un acuerdo con las eléctricas en marzo de este año para clausurar ordenadamente las centrales entre 2027 y 2035, esto es, cuando cumplan entre 43 y 47 años de operación comercial. En ese acuerdo, curiosamente, ENRESA se comprometía a que su propuesta de actualización de la tasa del primer borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos “no superaría el 20% sobre el valor vigente”. De ahí que ahora el Gobierno nos proponga subirla un 19%.

Pero ojo, su compromiso sólo alcanzaba a la propuesta. No a la versión definitiva del plan. De ahí que nosotros, en el periodo de alegaciones que ahora se abre, podamos solicitar que se TRIPLIQUE la tasa.

La cifra no es caprichosa. Sale de considerar, por una parte, que son las empresas las que deciden si cierran o no las centrales y que, hasta que no esté en vigor el nuevo Plan de Residuos, si lo hacen anticipadamente nos endosarán el agujero. Según los cálculos de ENRESA, en el escenario de cierre a los 40 años (vinculante con el plan actualmente en vigor) la tasa debiera incrementarse en un 74% en lugar del 19 propuesto. Pero es que, además, lo más probable es que los costes futuros sean mucho mayores a los previstos. Por eso en Alemania incrementaron su estimación en un 35,5% en concepto de “recargo de riesgo”. La suma de ambos efectos nos lleva a multiplicar la tasa actual por un factor de 3,06 dejándola en 20,45 €/MWh, un valor mucho más apropiado para cumplir la ley y, al menos a fecha de hoy, tratar de no trasladar estos costes a nuestras generaciones venideras.

Puedes unirte a mi propuesta compartiendo en redes sociales la etiqueta #TriplicarLaTasaNuclear y haciéndola llegar al Gobierno.