Moción de censura e inteligencia política: crisis del sistema de partidos y legitimidad democrática en España
La moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy anunciada por Unidos Podemos y las confluencias representa un ejercicio de responsabilidad política y de inteligencia estratégica, porque utiliza este instrumento de rendición de cuentas y de enjuiciamiento de la labor del Ejecutivo en un entorno de grave degradación de la vida política española.
Una moción de censura tiene, en realidad, una u otra economía política institucional y presenta una u otra lógica de eficacia y una u otra racionalidad en función del grado de crisis, estabilidad y dinamismo que presente el sistema de partidos realmente existente, que legitima y sustenta un determinado orden constitucional.
En nuestro caso, y en esta precisa coyuntura, el sistema de partidos que ha sostenido el orden constitucional emanado de la Constitución de 1978 y al que contribuyeron de forma determinante los dos principales partidos turnistas salidos de la transición que dio lugar a la misma se halla en una situación de profunda confusión, deslegitimación y desprestigio, atravesado por fuertes corrientes de corrupción y por la incapacidad manifiesta para resolver los problemas más acuciantes que atañen a la sociedad española derivados de la dura crisis económica desatada desde 2008 y para leer el conjunto de variable estructurales que definen la situación de las grandes mayorías del país.
El hecho específico de la moción de censura que ha anunciado Unidos Podemos –y que la dota de toda su intensidad jurídico-política– es que en este caso no se trata de analizar el comportamiento de un gobierno o la ejecutoria de un partido político en la gestión de las instituciones para contrastar ambos con otro proyecto político o con otro modelo de administración de la cosa pública, que podrían tener un mayor favor de los ciudadanos o que podrían conformar otra mayoría parlamentaria, que acertara con mayor tino a implementar una respuesta distinta en un momento de incertidumbre, paralización o agotamiento de un programa político o de la implementación vacilante, trabajosa o inútil del mismo.
En este caso el hecho determinante es que el juego de la política democrática pueda seguir funcionado en condiciones de normalidad institucional ante un conglomerado tan enorme de anomalías como las protagonizadas por el PP y toleradas mansamente por el PSOE y Ciudadanos, que entrelazadas entre sí muestran una tendencia inequívoca al vaciamiento de la democracia y a la succión de toda sustancia democrática del funcionamiento normal de la Administración pública y de la forma Estado en la que esta se inserta.
Este funcionamiento normalizado de la excepción democrática e institucional pretende gozar de legitimidad política, porque se halla refrendado por resultados electorales conseguidos durante prácticamente todas las citas electorales celebradas durante el periodo democrático que se abre tras la dictadura franquista, mientras el conjunto de comportamientos y el funcionamiento de estas poderosas tendencias de destrucción de la vida civil y democrática se coagulaban, tomaban forma y precipitaban en un diseño de gestión de la polity española, que hacen tremendamente difícil considerar que tal normalidad no invalide si no la gran arquitectura del ordenamiento democrático y constitucional, sí, al menos, la pretensión de legitimidad de los actores, viejos y nuevos, que lo dotan de realidad y del sistema político que les permite gestionar este modelo de degradación política, que se reproduce con el concurso, entre alucinado y brutal, de los partidos políticos mayoritarios y de los desvaídos rituales de legitimación que permiten que el régimen de 1978 se reproduzca, mientras no se modifica ni un ápice el funcionamiento duro de las formas de corrupción política y de corrupción económica generadas por el mismo.
