Vanguardia jurídica, retaguardia social: la fractura de los derechos LGTBI+ en España

Esta semana España ha hecho historia al arrebatar a Malta el primer puesto como mejor país de Europa en derechos LGTBI+ según el Mapa Arcoíris realizado por ILGA, la mayor organización LGTBI+ a nivel internacional. Esto demuestra que España es un referente en lo que se refiere al aspecto legal y formal de los derechos humanos de los colectivos LGTBI+, pero esta buena noticia no puede ocultar la situación de profunda contradicción en la que se encuentra nuestro país al avanzar en materia legal mientras la discriminación y el odio se agudiza tanto en ámbitos sociales como políticos, haciendo que corramos el peligro de poseer una igualdad formal que en realidad sea un cascarón vacío.

No debemos infravalorar el esfuerzo legislativo realizado en los últimos años por el Gobierno, logrando, entre otros hitos, la consolidación del derecho a la autodeterminación del género, gracias a la conocida como Ley Trans, o la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, gracias a la llamada “Ley Zerolo”. Todo ello son piezas que permiten entender la mejora de España en el ranking, pero cuando nos referimos a aspectos más directos y que repercuten en la vida de las personas la realidad se vuelve gris.

Eso ocurre, por ejemplo, con el tema del asilo, categoría en la que España obtiene en el Mapa Arcoíris la máxima puntuación posible, lo que solo se explica atendiendo únicamente a la norma y no a la realidad. Solo así se entiende dicha puntuación cuando sabemos que hay peticiones de asilo por motivo de orientación sexual o identidad de género que esperan mucho más tiempo del debido sin obtener respuesta. Este es el caso, por ejemplo, de Ilia Andreev que es un periodista exiliado ruso que tuvo que abandonar su país debido a las políticas de Putin de opresión contra los homosexuales y que lleva en España tres años esperando algún tipo de respuesta gubernamental sobre su solicitud de protección internacional.

Este último ejemplo no es la excepción, ya que el contraste entre la letra de la ley y la vivencia diaria de las personas LGTBI es abrumadora. Así lo demuestra el informe “Estado del Odio 2026” de la FELGTBI+ que concluye que el 54% de las personas del colectivo han sufrido situaciones de odio en el último año, pero lo más preocupante son los datos al alza de la violencia física que se ha triplicado en dos años, pasando del 7% en 2024 al 22% en 2026. Todo ello se agrava aún más a la luz de los datos de infradenuncia existentes en estos casos, ya que el 47% de las víctimas confiesa no acudir a las autoridades por desconfianza en el sistema o miedo a la estigmatización.

Además, detrás de estos datos de discriminación y agresión hay personales reales que sufren en estos mismos días. Es el caso de la agresión sucedida en Vitoria en marzo en la que dos jóvenes fueron perseguidos y tirados al suelo mientras les daban patadas y puñetazos al grito de “maricones” o el ataque grupal en Zamora, también en marzo, contra la activista trans Bianca Fernández que fue insultada y agredida en los baños por un grupo de personas.

Todas estas violencias y discriminaciones no nacen de la nada, se nutren de los altavoces mediáticos y políticos que justifican y legitiman la exclusión. Es el claro caso de Vox, que ha decidido que las personas LGTBI+ son sus enemigas naturales inventando falsos privilegios, negando la LGTBIfobia y tildando de “chiringuitos victimistas” a las asociaciones LGTBI+. Este tipo de declaraciones se convierten en una suerte de paraguas moral para aquella persona que considera, por tanto, que la agresión es aceptable. Vox ha convertido la discrepancia política en una puerta abierta para el insulto, la humillación y la agresión.

Todo ello era de esperar en ese partido, nunca se ocultaron y siempre dejaron claro dónde estaban, pero la mayor amenaza para el colectivo LGTBI+ ahora mismo es el viraje que el Partido Popular ha hecho en los últimos años en esta materia, pasando de ser una derecha moderada que ponía en marcha leyes autonómicas que, en algunos casos, reconocían la autodeterminación del género a un partido de desmantelamiento de esos mismos derechos aprobados en estas comunidades ante las presiones de Vox. Ese es el caso de comunidades como Valencia, Aragón o Madrid en las que los pactos entre PP y Vox ya están haciendo retroceder las políticas vinculadas a los derechos de las personas LGTBI+.

Y es que el deterioro de los derechos conseguidos no es algo espontáneo, se trata de una demolición controlada y planificada en los pactos de gobierno entre PP y Vox que han convertido estos derechos en una moneda de intercambio política. Mientras que Vox deshumaniza al colectivo con sus descalificativos, bulos y mentiras, el PP se ha convertido en el facilitador institucional que normaliza el discurso de Vox y sus contenidos propagandísticos.

Ante esta encrucijada la primera posición en el Mapa Arcoíris de ILGA es una noticia que celebrar, pero sin olvidar la reivindicación, y más aún teniendo en cuenta que este mismo domingo se conmemora el Día Internacional contra la LGTBIfobia. Debemos trabajar desde la sociedad para exigir que los partidos no utilicen nuestros derechos como moneda de cambio político, no creen en nuestros colectivos un “enemigo a batir”, puesto que el resultado de España en el Mapa Arcoíris en una victoria frágil. Los derechos humanos son el termómetro de la salud democrática de un Estado y no podemos presumir de ser el mejor país mientras sigan existiendo agresiones en las calles, alentadas por discursos de quienes ocupan espacios públicos. El avance legal es importante, pero sin protección, sin paz y sin compromiso político solo es un espejismo ante la tormenta reaccionaria.