Vendiendo humo contra la contaminación en Madrid
El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, acaba de presentar el plan MADRID 360 como su alternativa a Madrid Central y al resto de medidas contempladas en el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la anterior corporación municipal, más conocido como Plan A.
No tenía otro remedio. Era la única salida al enredo judicial y mediático en que se metió con sus promesas electorales de suprimir Madrid Central y más tarde tratando de desvirtuar esta zona de bajas emisiones suspendiendo las multas a quienes accedían indebidamente en su coche. Tuvo que aguantar los rapapolvos de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión Europea, del Defensor del Pueblo, de los juzgados de Madrid, del Gobierno central, de numerosas organizaciones médicas y científicas, de todas las organizaciones de la Plataforma en Defensa de Madrid Central y, especialmente, de muchos miles de personas de toda ideología que se lo gritó en las calles a finales de junio, a pesar de la hora de calor.
Y es que la gente, aunque inicialmente miraba con indiferencia o desconfianza la instauración de Madrid Central, enseguida fue consciente de que esta medida aumentaba mucho la calidad de vida en el centro de Madrid y también en el resto de la ciudad.
Pero el plan que ha presentado Almeida, aunque aún se desconocen bastantes detalles, ya se puede afirmar que será un fiasco para la salud de quienes respiramos en Madrid. Además, se ha elaborado sin ningún tipo de participación pública, sin la implicación de quienes tienen formación técnica en esta materia del Ayuntamiento sino con una asistencia externa con adjudicación directa y sin trasparencia, sin consultar a las comisiones técnicas y científicas en calidad del aire creadas en época de Gallardón, y sin la modelización necesaria que permita saber en qué medida se podrían reducir las emisiones si se ponen en marcha las diferentes actuaciones. Esto último no es una cuestión baladí: lo exige explícitamente la propia normativa europea y española.
Por un lado, Madrid 360 contiene unas cuantas medidas que, sin ser negativas, no serán muy relevantes en la mejora de la calidad del aire, y obedecen más bien a un enfoque populista: la peatonalización de Sol (que de facto es cuasipeatonal), los autobuses gratuitos que atravesarán el centro, el bosque metropolitano, etc. Otro importante número son un “tuneo” de medidas ya contempladas en el Plan A, que aparecen remozadas como si fuesen nuevas: aumento de la flota de autobuses con bajas emisiones, renovación de las flotas de taxis y de vehículos municipales, extensión del BiciMad y otras similares.
Pero donde realmente están los riesgos para la calidad del aire es en otro grupo de medidas que se presentan bajo la apariencia de un aumento de las alternativas de desplazamiento, aunque en el fondo tienen una clara intencionalidad: evitar las restricciones a los coches que están en la base del buen funcionamiento de Madrid Central.
Efectivamente, Madrid Central ha sido una zona de bajas emisiones muy exitosa en comparación con otras zonas europeas similares, sobre todo porque ha sido muy tajante a la hora de plantear restricciones: básicamente solo se permite el paso a los coches de residentes y a los servicios, y a los demás automóviles se les imponen restricciones, mientras que en otros lugares se parte de restricciones solo a determinados vehículos, a menudo en función de su antigüedad. Pues bien, son algunas de estas restricciones las que pretende desmontar el plan de Almeida.
La principal es que se permitirá el acceso de vehículos de etiqueta C si llevan dos o más ocupantes, y a las motos C en todo caso. Conviene recordar que los vehículos diésel con etiqueta C en teoría deberían ajustarse al estándar Euro6. Pero en la realidad no lo cumplen ni de cerca por lo que se conoce como el escándalo dieselgate: se falseaban las emisiones de los diésel más modernos en el laboratorio, mientras que en su uso real emitían de media unas 7 u 8 veces más óxidos de nitrógeno de los permitidos, justo el contaminante cuyos niveles supera Madrid sistemáticamente y que en España se cobra nada menos que 8.900 muertes prematuras cada año. Y esto era así para todos los fabricantes, no solo Volkswagen. Aunque la normativa Euro6 establece que un automóvil diésel no debe emitir más de 80 miligramos por kilómetro de óxidos de nitrógeno, la media de nuestra flota supera los 500, y no pocos vehículos Euro6 superan los 1.000 mg/km. Un escándalo de grandes dimensiones que no ha tenido ninguna repercusión penal en España, aunque sí en otros países europeos y en EEUU.
Pues bien, el 36% del parque circulante de Madrid tiene etiqueta C, y de ellos la mayoría son diésel, por lo que esta excepción que se pretende aprobar supondrá un fuerte incremento de las emisiones contaminantes.
En el mismo paquete cabe incluir otras medidas como las rebajas de los aparcamientos o de la cuantía de las multas. “Hacer asequibles las multas a todo el mundo” es una frase sobre la que se podría escribir otro artículo, olvidando que el objetivo no es recaudar sino salvar vidas. O que se considere a los más de 9.000 comerciantes como residentes para que no tengan restricciones en el uso de sus automóviles.
El mensaje más o menos velado que se lanza desde el actual equipo de gobierno municipal siempre es el mismo: las restricciones no han servido para mejorar el aire y vamos a buscar alternativas para que se pueda usar más el coche. Poco importa que la comunidad científica concluya que lo que hay que hacer es reducir su uso y no solo para mejorar la calidad del aire, sino también para atender a la emergencia climática como tantos miles de personas hemos reclamado el pasado viernes en las calles. Almeida nos vende humo en lugar de luchar, de verdad, contra la contaminación.
