Zapatero imputado: tres ideas
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sacudido como un terremoto la vida política del país. Se trata, sin duda, de uno de los grandes referentes de la izquierda española, de modo que la noticia de que está siendo formalmente investigado ha causado tanto entusiasmo en un bando como desasosiego en el otro. En las filas progresistas, la reacción en un primer momento fue de incredulidad e incluso sospecha frente a la actuación judicial. A medida que se han ido conociendo más datos se extiende la sensación de decepción. En palabras del diputado Rufián, “si es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda también”. En momentos así resulta especialmente útil una visión jurídica que ayude a entender, en la medida de lo posible, qué está realmente pasando.
La primera idea, desde este punto de vista, es que en este caso no se puede hablar sin más de lawfare o guerra sucia judicial. La investigación contra Rodríguez Zapatero no la pone en marcha ninguna asociación como Manos Limpias ni obedece a primera vista a intereses políticos. En el curso de la investigación judicial sobre la regularidad de las ayudas que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra aparecen unos mensajes en los que los directivos de la compañía comentan primero la posibilidad de recurrir a la influencia del expresidente y más adelante se van refiriendo a diversas gestiones realizadas por él. A partir de ahí, es normal que el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción promuevan que se le investigue. Sería disparatado no hacerlo. Más aun, el hecho de que el instructor haya esperado a que pasen las elecciones andaluzas para hacer público el caso demuestra un intento de, precisamente, no influir en ellas.
La segunda idea es que hay indicios de que se hubieran podido cometer delitos de tráfico de influencias o blanqueo de capitales, pero no son, ni muchísimo menos, concluyentes. Ni siquiera en términos de opinión pública puede decirse en este momento que sea claro que Rodríguez Zapatero ha cometido ningún delito. Al contrario de otros casos de corrupción en los que las pruebas eran muchos más claras (basta pensar en los de Ábalos o la trama Gürtel), por ahora es difícil incluso opinar. En este punto, el auto de la Audiencia Nacional peca quizás de temerario en algunas de sus expresiones. El instructor no debería afirmar con tanta seguridad y reiteración que ZP está en la cúpula de una organización delictiva. Es solo una hipótesis suya que ni se desprende necesariamente de los hechos demostrados ni es la única plausible con lo que conocemos. Por ello, sería de agradecer un lenguaje más neutro que, a efectos de la percepción social y mediática, no diera por supuesta una versión que es solo una posibilidad entre varias.
En nuestro ordenamiento, el delito de tráfico de influencias se comete cuando alguien interviene para orientar la decisión de la administración en un asunto concreto. Incluso aunque no se consiga. O aunque no se cobre por ello. O hasta si la ayuda concedida es legal. Lo que se persigue es intentar hacer que las decisiones administrativas vayan en determinado sentido. No hay ninguna evidencia de que el expresidente lo haya hecho. De las conversaciones incorporadas a las actuaciones (si son ciertas) se deduce que habría facilitado el acceso de los empresarios a algunas personas e instituciones moviéndose para que los recibieran. Concertar una reunión o recordarle a alguien que debe tomar una decisión sobre algo no es tráfico de influencias, ni siquiera aunque se cobre por ello. Así pues, el juez debe demostrar, para sostener la eventual acusación, que efectivamente presionó a alguna institución para que se concedieran las ayudas a la aerolínea. Más aun, el delito de blanqueo exige que el dinero que se haya intentado ocultar provenga de una actividad delictiva, de modo que si no hay tráfico de influencias no hay nada.
La investigación está muy avanzada, pero en el punto concreto de Rodríguez Zapatero hay muy poco. Hay indicios de que ha cobrado algún dinero, pero él lo justifica en unos informes elaborados. Hay indicios de que pudiera haber impulsado la creación de una sociedad en Dubái, pero no de que lo hiciera para nada delictivo. Así pues, lo que sabemos está muy lejos de servir para condenar, incluso públicamente, al expresidente de la ceja.
La tercera conclusión, a estas alturas, tiene que ver con las dudas morales en torno a la falta de regulación de las actividades de los expresidentes del gobierno. La experiencia demuestra que al abandonar el cargo llega a menudo la tentación de hacer dinero con los contactos, los conocimientos y la visión que se tienen. Todo expresidente cuenta con una experiencia válida y es normal que sea reclamado constantemente para dar conferencias o analizar la vida política. Depende de cada uno el usarlo o no para forrarse. Prácticamente todos acaban por hacerlo y cobran sumas disparatadas. Se olvidan así de que en gran medida sus conocimientos y su agenda los consiguieron gracias a la ciudadanía y en su representación. No se les paga tanto por lo que son como por el lugar en el que entre todos los colocamos. Pero es un reproche ético o político. Antes que jurídico.
Más allá, el auténtico problema y las posibles responsabilidades llegan después. La mayoría pasa pronto de cobrar por conferencias a hacerlo por consejos y sugerencias emitidos en privado. A menudo en el seno de grandes empresas que los retribuyen generosamente. En esas, no es sorprendente que se cruce la fina línea que separa la asesoría estratégica del tráfico de influencias. La capacidad de lobby de una persona que ha dirigido el país, ha repartido favores por doquier y se relaciona con personalidades internacionales es enorme y se mueve en un terreno gris en el que es difícil determinar en qué consiste.
Para evitarlo, visto que a los expresidentes se les proporciona una oficina con empleados y se les permite estar en determinadas instituciones quizás no estaría de más incluir también determinadas prohibiciones o límites respecto a su capacidad de cobrar por asesorar. Si se hiciera así se evitarían casos como el actual. Es muy posible que el asunto termine sin pruebas suficientes para condenar a Rodríguez Zapatero, pero también lo es que su prestigio quede dañado irremediablemente.
Independientemente de su legalidad, es difícil acostumbrarse a la voracidad económica de todas estas personas que durante un tiempo rigieron los destinos del país, personificaron nuestras esperanzas y hasta permitieron que nos sintiéramos orgullosos de ellos.