Resignémonos. La derecha carpetovetónica, que parece ser la única derecha posible en España, no va a soltar el hueso de las declaraciones de Alberto Garzón a The Guardian hasta las elecciones de Castilla y León el 13 de febrero. Unas declaraciones que nuestra diestra ha tergiversado sin pudor, bramando con aspavientos de indignación patriótica que el ministro de Consumo había atacado a “los ganaderos españoles”, cuando sus críticas se ceñían a las macrogranjas, esas explotaciones que, como lo han reconocido incluso algunos gobernantes locales del PP, contaminan el medio ambiente y someten a los animales a intolerables hacinamientos. O que había criticado la “mala” calidad de la carne de exportación, cuando en realidad dijo que la carne de las macrogranjas es de “peor” calidad que la de la ganadería extensiva, afirmación que nadie en su sano juicio cuestionaría.
Todo vale en la estrategia de acoso y derribo contra el Gobierno, máxime con una cita electoral en el horizonte en la que tanto Pablo Casado como el presidente castellanoleonés Mañueco se juegan mucho. Si hoy las macrogranjas están en el centro del debate, hasta el punto de haber haber provocado una reacción del comisario europeo de Agricultura, no es tanto por las palabras de Garzón, ya que la entrevista al diario británico había pasado completamente desapercibida en Reino Unido y en España, como por la algarabía que ha montado la derecha tras enterarse de su existencia varios días después de su publicación. El PP necesitaba desviar de cualquier manera la atención sobre asuntos incómodos como la corrupción y las luchas intestinas de poder en el partido, y encontró el filón en un tema que venía como anillo al dedo en una comunidad de fuerte actividad ganadera. Un buen chuletón informativo aderezado con bulos, envuelto en la bandera española y agitado por la constelación de medios afines: el plato para la campaña electoral estaba servido.
De las embestidas contra el ministro por sus ataques “a los ganaderos” se pasó, naturalmente, a las acusaciones iracundas contra el Gobierno por atentar contra los “intereses de España”. Veamos: si decir que la carne producida en macrogranjas es de peor calidad que la de la ganadería extensiva constituye un ataque a los intereses nacionales, ¿cómo habría que calificar las declaraciones de Casado cuando proclama, dentro o fuera de España, que nuestro país está en quiebra y en manos de un gobierno ilegítimo, que aquí se producen abusos de derechos humanos por las medidas contra la pandemia o que no reunimos las condiciones para recibir fondos europeos? En serio: póngase la derecha patria en el corazón esa mano con pulserita rojigualda y pregúntese si tiene autoridad moral alguna para erigirse en defensora de los intereses de España mientras sus líderes no hacen más que verter basura contra el país pensando que solo la echan contra el gobierno. ¿Qué supone mayor riesgo para España: decir en una entrevista periodística la obviedad de que la carne de las macrogranjas no tiene la calidad de la ganadería extensiva o poner en duda, delante de los embajadores de los 27 estados de la UE, la capacidad del Gobierno del propio país para gestionar los fondos europeos justo en el momento en que se está decidiendo el reparto de dichas ayudas?
A Garzón se le podrá achacar falta de tacto, pero no de fundamento. Casado, en cambio, recurre con el mayor de los descaros a la mentira y la tergiversación. Su irresponsable afirmación sobre la supuesta quiebra de España fue desvirtuada, cifras en mano, por prestigiosos economistas y centros de estudio económicos. Y sus insidias para torpedear las aportaciones de la UE recibieron un jarrón de agua fría en diciembre pasado, cuando la presidenta de la comisión europea, Ursula von der Leyen, felicitó públicamente a España por ser el primer país en recibir la remesa del Fondo de Reconstrucción. No sobra recordar que Von der Leyen milita en el CDU alemán, integrante del Partido Popular Europeo, al que pertenece el PP. Mientras el gobierno de su país pujaba por una buena tajada de la tarta financiera comunitaria, Casado se unía a un puñado de estados ‘halcones’ que exigían fuertes controles y condiciones para la concesión de las ayudas, lo que probablemente habría dificultado los trámites a diversos países, entre ellos España. Y soltaba en Bruselas que Sánchez utilizaría el dinero para “comprar votos de los nuevos votantes de 18 años”. Y denigraba la aprobación de los presupuestos, clave para acceder a los fondos europeos. “Nadie entendería que Macron negociase presupuestos con los que justifican los atentados de Bataclan, ni Biden con los de las torres gemelas”, dijo.
Cuando Casado hace todas estas cosas, nunca se oye a la derecha clamar que se están poniendo en peligro los intereses de España. Seguramente consideran que arremeter sin tregua contra el Gobierno es trabajar por el interés nacional, sean cuales fueren sus consecuencias para el conjunto de los españoles. Por fortuna para el país, no siempre consiguen sus objetivos.