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En defensa de los impuestos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el arzobispo de Santiago, Franciso Prieto.

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La última ocurrencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, es un episodio más del discurso liberal para deslegitimar la política fiscal y que el ciudadano, el trabajador, sienta que el Estado mete la mano en su bolsillo y le roba lo que es suyo. En un encuentro sobre comercio, el líder de la patronal sugirió que las empresas deberían poder pagar a cada uno de los trabajadores el coste salarial real total (incluyendo las cotizaciones que pagan las empresas y las que abonan los propios empleados y que se detraen del salario bruto para dar lugar a la nómina que ingresamos cada mes) y que luego cada uno organice sus relaciones con la Seguridad Social. Y añadió: “Esa sería la forma en la que se vería el coste real de los salarios en España”.

Los trabajadores ya saben cuánto aportan a la Seguridad Social si se molestan en mirar su nómina: en ella se reflejan obligatoriamente la parte que ingresa el empleador con la cuota patronal y la cotización del trabajador, la llamada cuota obrera. Esta suma está en sintonía con lo que sucede en el resto de los países de la Unión Europea (la cuota patronal es un poco más alta y la del trabajador un poco más baja que la media) y forma parte de lo que todos los ciudadanos aportamos a la hucha común a través de tres vías: trabajo, consumo y capital. Estos conceptos deberían ser familiares hasta para los niños, al menos los que viven en sociedades democráticas igualitarias que desean mantener niveles mínimos de bienestar general. Pero parece que no lo son y hay que volver a explicar que los impuestos sirven para dos cosas. Para financiar gastos públicos (sociales, infraestructuras, defensa…) y para redistribuir la riqueza: cada ciudadano contribuye según su capacidad y recibe según su necesidad. El Estado garantiza nuestros derechos y libertades individuales y los ciudadanos suscribimos un pacto social que se traduce en la existencia de servicios públicos para todos que sostenemos entre todos, sin dejar a ningún ciudadano desasistido de lo más básico y sin encarar la pobreza o la carencia desde la caridad o la beneficencia.

Los avances que se dieron en Europa en los últimos siglos para tejer una red asistencial para todos los ciudadanos cristalizaron tras la II Guerra Mundial en un creencia y un compromiso colectivos: la necesidad de mantener la cohesión social y combatir la desigualdad para seguir siendo una sociedad democrática que pueda crear riqueza y prosperidad de forma sostenible. La fortaleza de este modelo se resquebrajó con las políticas liberales como las de Thatcher y permitió a los defensores del no intervencionismo atacar la legitimidad de los impuestos. Aún así, el contrato social que nos dimos en Europa se ha mantenido, más o menos renqueante, hasta hoy. La pandemia pareció confirmar la necesidad de una sanidad pública fuerte y un sistema asistencial que no dejara a nadie atrás pero, paradojas de la vida y el neoliberalismo, una vez superada, han florecido más que nunca los discursos liberales contra los impuestos que provienen, muchas veces, de personajes de corte autoritario.

En España, pese a la evidencia de la buena marcha de la economía y de los datos de presión fiscal, más baja que la media europea, sigue funcionando el mantra de la derecha de que todo se arregla milagrosamente con bajadas fiscales. Nadie interactúa con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso porque detrás de esa única propuesta de bajadas impositivas no parece haber más sustancia. Se difunde la narrativa de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el de Sánchez, olvidando que el dinero de los impuestos sigue siendo de todos y sirve para pagar infraestructuras y servicios para todos, también de la inmensa mayoría que no podría costear un tratamiento hospitalario o la universidad de sus hijos. Se instala en la mente de muchos ciudadanos que el Estado quiere dañar sus intereses particulares, y hasta se contemplan con benevolencia las infracciones fiscales, la picaresca de escaquearse de pagar lo que corresponde, sin caer en la cuenta de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y actúa según los consensos que nos hemos dado y los valores que compartimos, gracias a los cuales seguimos siendo sociedades libres, igualitarias y prósperas.

La derecha tiene en el punto de mira los impuestos como vía para acabar con el bienestar de todos y favorecer a unos pocos, pero la izquierda es incapaz de articular un discurso que contrarreste esa embestida. Se defienden los impuestos a las grandes fortunas, a la banca o a las eléctricas como si se tratara de un castigo, de un peaje que nos deben, en una narrativa de ricos contra pobres que no destaca el valor de pagar impuestos para las clases medias y trabajadoras. No se hace pedagogía para recordar dónde van a parar nuestros tributos ni para recalcar que en una sociedad lo que pasa a unos afecta sin remedio a los otros, que la justicia social no es una cuestión de caridad sino un requisito imprescindible para la libertad, el crecimiento y el bienestar de un país, que somos una comunidad con intereses, beneficios y gastos comunes. Cuando hablamos de política fiscal hablamos de qué tipo de país queremos, cuáles son nuestras prioridades colectivas, cómo se realiza el bien común, cómo se combate la desigualdad, cómo se protege, en fin, el contrato social que nos permite convivir y construir una vida digna. 

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