Nos falta un verdadero foco sobre las corruptelas y las corrupciones internas del Consejo General del Poder Judicial y de la propia carrera judicial. Las que afloran a raíz de muchos de los nombramientos de cargos judiciales discrecionales han creado en el imaginario popular, de forma teledirigida, una sensación de que la responsabilidad recae únicamente sobre unos políticos que parecen poder mover como a teleñecos a los sesudos magistrados que se presentan inocentes, aunque es obvio que algunos se prestan a gusto a ello. He sugerido muchas veces que se analice el papel de los que aceptan seguir ese guion. Hoy quiero ocuparme de esas otras corruptelas que discurren por las capas profundas de la administración y que permanecen ocultas incluso para miles de jueces que, aplastados por el trabajo que les abruma, apenas tienen ya tiempo ni ganas para dedicar a intentar averiguar cómo se mueven los hilos del nepotismo, del amiguismo y del clientelismo dentro de su propia profesión. Mientras ellos reclaman que se ponga coto a su carga de trabajo, el resto se ocupa de rebañar para su casa.
Esta, si así lo quieren, puede ser una guía del autoestopista galáctico para aquellos jueces que quieran medrar a ritmo estroboscópico, tanto en lo profesional como en lo económico. A los ciudadanos, sírvales como muestra de por qué es inadmisible que los propios jueces elijan a la mayoría del CGPJ entre ellos mismos, pues solo sería una forma de abonar estas formas y maneras ajenas a la transparencia y a la más mínima decencia.
El CGPJ ha estado utilizando subterfugios y enjuagues para colocar a los jueces que desea en puestos a los que solo se debería acceder por puro escalafón. Esto les permite posicionar jueces afines, a ellos y a una forma de pensar, y que estos además les deban el favor. Lo contrario a cualquier definición de juez predeterminado por la ley. Ahí tienen como las comisiones de servicio, primero, y ahora la nueva figura del “asistente sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección de juez titular” les permite colocar a los jóvenes alevines del sistema, normalmente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, en los puestos clave. Así es como han llegado a la Audiencia Nacional, a un juzgado central en el que se llevan la mayor parte de los casos de corrupción del PP, los dos miembros de la APM que acompañan a García Castellón: Joaquín Gadea Francés y Daniel González Uriel. Así llegó también, Alejandro Abascal, al que algunos llaman el Enrique López II y al que han colocado nada menos que al frente de un juzgado central mientras consiguen llevarlo como vocal del CGPJ. Su posición es temporal hasta que el juzgado central 1 salga a concurso pero ¿saben quién tiene que sacarlo? El CGPJ, bingo.
Lo de Daniel González Uriel es tremendo de tan alucinante. Ni siquiera es magistrado, tiene aún categoría de juez, y está en el juzgado central de García Castellón como “asistente” y “asesor” del magistrado titular. ¿Qué cómo se lo han traído de Vilagarcía de Arousa a la Audiencia Nacional en un viaje interestelar nunca visto, cuando hay magistrados con 18 años de antigüedad que no podrían entrar ni en un Instrucción en Plaza de Castilla? Amigos, no hay como seguir a quién conviene. Este señor depende cada seis meses de sus valedores para no volverse de nuevo a las rías.
Pero quería yo fijarme en el caso de Joaquín Elías Gadea Francés, no solo por ser miembro de la ejecutiva de la APM y otro de los chicos de García-Castellón, sino porque aparece en los sitios más insospechados, siempre que sean lucidos y bien remunerados. Gadea Francés tiene también una carrera meteórica. Vamos, que empleó casi más tiempo en estudiar la oposición que en saltar de un juzgado de provincia a condenar al president de la Generalitat y todo ello sin que medie para nada su número de escalafón y sí las influencias. No puede ser de otra forma. Denle a leer este artículo a cualquiera de su promoción o las anteriores. Ellos les explicarán. Lo cierto es que Gadea ascendió a magistrado en 2015 y en 2019 estaba en el TSJ de Cataluña juzgando a Torra por desobediencia e, inmediata y tal vez no independientemente, fue adscrito al TSJ de Madrid y colocado por el CGPJ en el juzgado de García-Castellón de la Audiencia Nacional.
Todos esos manejos del CGPJ y de las alianzas y grupos de magistrados amigos consiguen, a la chita callando, colocar a los jueces que quieren en los lugares que desean sin que de eso se hable, sin que nadie lo critique, sin que tenga penalización. ¿Creen que no hubieran querido muchos jueces de promociones anteriores a la de Gadea irse a la AN a hacer currículum? ¿Se publicó? ¿Hubo bases? ¿Pudieron acceder? ¿Se miraron méritos?
No son las únicas competencias del CGPJ que resultan de mucho interés para la carrera judicial. La asignación de cursos o de consultorías de índole internacional es otra de ellas. Sucede que el prodigioso Gadea ha resultado ser también el juez favorito del CGPJ para un proyecto de colaboración jurídica con Centroamérica en materia de corrupción llamado Lcrime. Veinte días de trabajo, unos 9.000€ netos. Cierto es que él mismo alega en su digamos escueta descripción de méritos que tiene “amplios conocimientos en cooperación judicial penal (…)ya que asumí en exclusiva la ejecución de solicitudes de cooperación internacional en el partido judicial de Tarragona” y que además hizo un curso de cooperación y, resalta, “especialmente, por mi puesto actual, en la Audiencia Nacional”, que ya hemos dicho que no es tal puesto sino una “asistencia”. Es más que curioso que su perfil sea el mejor posicionado superando al de magistrados como Eloy Velasco, Carmen Rodríguez-Medel o, fundamentalmente, al que ha sido el único magistrado español juez internacional, José Ricardo de Prada, la bestia negra del PP, cuyo CV no fue ni remitido a los organizadores. Extraoficialmente se da a Gadea por elegido.
Todos los candidatos a consultores tienen mayor trayectoria que Gadea. La falta de transparencia y el nepotismo afloran a cada paso de esta convocatoria con la que, de no mediar rectificación, saldrá beneficiada nuestra rutilante estrella de la magistratura nacional, esa a la que círculos de Sala de lo Penal no conceden ni el nivel jurídico para estar en la casa. El Servicio de Internacional del CGPJ comunicó a los peticionarios del subproyecto 3 de Lcrime, el 20 de septiembre, que los candidatos seleccionados eran Joaquín Elías Gadea y Jorge Andújar, fiscal de Anticorrupción. Inmediatamente la candidatura pasó al Ministerio de Justicia para que la aprobara y la hiciera llegar a FIIAPP (Fundación Internacional e Iberoamericana dedicada a la cooperación internacional), donde en efecto llegó mucho antes de que se aprobara nada en la Permanente del CGPJ. Justicia no ha querido explicar por qué su dirección de Relaciones Exteriores da por buenas las propuestas del Consejo y las transmite sin más trámite ni selección a una Fundación de la que es patrona la ministra. Rumorean las malas lenguas que sobre San Bernardo planea una especie de “pax romana” con el Consejo ultracaducado, vayan a saber por qué. A lo mejor no ha hecho bien Llop en mantener al equipo de Campo y en dejar que estos le sigan la corriente a los okupas de la Villa de París. Allá ella.
Pero no todos los candidatos estaban dispuestos a asumir una clara arbitrariedad en la designación y las aguas se comenzaron a agitar. Tanto que en la Permanente del CGPJ que se celebró este jueves se terminó por incluir a José Ricardo de Prada, la bestia negra del PP por la sentencia de la Gürtel, al acordarse remitir los currículos de todos los candidatos, aunque resaltando una terna que continúa encabezando Gadea, con Ruiz Yamuza y De Prada. Solo la equiparación por proximidad es aberrante. A estas horas no podemos saber si, una vez descubierto el pastel, y siendo invendible e inaceptable que Gadea supere en “experiencia profesional, especialidad o género” a José Ricardo de Prada o a cualquier otro de los peticionarios, en cualquiera de los maleables conceptos utilizados por el Servicio de Internacional, continuarán con el empeño de nombrarle a él que no debería haber pasado ni la primera fase de selección, en un análisis objetivo. Esta es la otra parte de la corrupción del Consejo que no se ve, la de la zanahoria de Lesmes, la que convierte en un peligro el entregar ese órgano a un grupo de jueces miembros de una asociación mayoritaria que ya hace y deshace, con pocos escrúpulos, en la situación actual y que convertiría a sus cargos en amos y señores del Poder Judicial español. Eso y no otra cosa es lo que pretendía la reforma presentada por el PP en el Congreso que fue tumbada.
Clientelismo se llama y nos afecta a todos.
¹Enjuague (RAE): 4.- Negociación oculta y artificiosa para conseguir lo que no se espera lograr por los cauces regulares