¿Ha estafado también a los taurinos el Gobierno del PP?

Que el Gobierno del PP está estafando a todo el mundo es ya una obviedad. Que está estafando a sus votantes y a todos los ciudadanos del Estado español. Que no solo no cumple con su programa electoral sino que hace exactamente lo contrario de lo que en él anunció. Que no solo no cumple con la palabra de sus líderes sino que inventa un nuevo idioma para incumplirla: los recortes son reformas; la recesión, tasa negativa de crecimiento económico; la subida de impuestos es un recargo temporal de solidaridad; la amnistía fiscal, recuperación de activos ocultos; abaratar el despido es flexibilizar el mercado laboral; congelar los salarios, mejorar la competitividad; al empleo precario lo llaman minijobs; al copago, ticket moderador; la privatización de la Sanidad es una colaboración público-privada; la gestión privada de una empresa pública, optimizar costes. Por no entrar en sus explicaciones cuando los encuentran, y es un día tras otro, con las manos en la masa del botín: estafan robando como vulgares ladrones y estafan justificando como burdos mentirosos.

En su afán estafador, este Gobierno no deja títere con cabeza. Nadie se salva de su avaricia: estafan a los ciudadanos, estafan a sus votantes y estafan a sus afines. Por sorprendente que pueda parecer, su gestión de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) taurina, presentada al Congreso de los Diputados con el aval de 500.000 firmas y cuya pretensión es declarar la “fiesta” de los toros como Bien de Interés Cultural (BIC), tiene todos los visos de ser una estafa más, otra de las suyas. Dejando aparte la cuestión ética esencial sobre la tauromaquia (que se refiere al maltrato a los animales y al fomento de una cultura de la violencia), el proceso que está siguiendo esa ILP despierta muchas sospechas.

El pasado 12 de febrero, la ILP taurina (que coincidió con la ILP sobre la dación en pago) se aprobó a trámite en el Pleno del Congreso, que abrió hasta el 12 de marzo el plazo para la presentación de enmiendas previas a su paso a la Comisión de Cultura. La Comisión Promotora de la ILP lanzó un comunicado de prensa cuyo titular no dejaba dudas sobre la que era su reivindicación principal: “Los toros volverían a Cataluña para La Merced”. Juan Manuel Albendea, presidente de la Comisión de Cultura y taurómaco empedernido, les hizo un desafinado coro: “En septiembre volverán los toros a Cataluña”. Pero desde entonces hasta ahora ese plazo de enmiendas se ha ampliado hasta en 12 ocasiones, dejando atascada la tramitación de la ILP en la Mesa del Congreso. El texto aún no ha llegado a la Comisión de Cultura, donde debe ser votado y al que se añadirían las modificaciones y sugerencias de los grupos parlamentarios.

¿Por qué tanto retraso? Porque tanto la Comisión Promotora de la ILP taurina como el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso obviaban algo fundamental, como es el hecho de que las competencias sobre materia taurina estén transferidas a las Comunidades Autónomas, toda vez que de ellas dependen la protección animal y los espectáculos públicos, y si bien lo relativo a cultura es compartido con el Estado. Por lo que la ILP podría impulsar una ley que blindase las corridas de toros declarándolas BIC (declaración que, por cierto, también es competencia autonómica, aunque supervisada por el Ministerio de Cultura) pero no podría en ningún caso suponer la revocación de la prohibición que en Cataluña aprobó el Parlament en 2010. A los de la Comisión Promotora taurina les pudo el entusiasmo, dada la afinidad del Gobierno con sus actividades, la pasión canora de Albendea y el explícito apoyo del propio ministro Wert, que después ha tenido que recular y decir lo que ya se sabía, es decir, que estamos ante un asunto competencial y que esa prohibición solo podrá revocarla el Tribunal Constitucional, ante el que fue recurrida por el PP. No obstante, para mantener tranquilos a sus amigos taurinos, el ya siempre enmarañado Wert añadió: “Algo va a salir adelante”. Algo.

Pero los taurinos no están tranquilos. No pueden estarlo porque, muy probablemente, también ellos hayan sido estafados por un Gobierno que se ha debido de dar cuenta de que se les ha llenado la boca de oles pero se les podían echar encima los jueces. Así que los taurinos se han tenido que sentar a negociar. Para empezar, de revocación de la prohibición en Cataluña, nada. Pero si esa era la principal reivindicación del texto que acompañaba las 500.000 firmas, ¿sigue siendo una Iniciativa Legislativa Popular una vez modificado el texto por el Ministerio? ¿Si el texto que acompaña a la ILP ya no es el redactado por la Comisión Promotora, la iniciativa sigue siendo popular o ya solo es Popular (del PP)? ¿Por qué acepta dicha Comisión la renuncia a su principal reivindicación? ¿Por qué no protesta e, incluso, llega a retirar una ILP que no es la que presentaron ante el Congreso (como quiso Ada Colau al ser desvirtuada la ILP de la PAH)? ¿O es que estaba amañada esta componenda entre los promotores taurinos de la ILP y el PP? ¿Eso no sería también una estafa a los 500.000 firmantes del texto? Lo sería.

En definitiva, o el PP ha estafado a los promotores de la ILP taurina o ambos, promotores y PP, han estafado a 500.000 ciudadanos y han traicionado el espíritu mismo de una ILP, que es su carácter popular y su naturaleza de herramienta máxima de la democracia. Personalmente, no me extraña ni una cosa ni la otra. Puede ser una estafa más del PP, esta vez contra sus afines. Pero si es una estafa premeditada con los taurinos, la Comisión Promotora debe responder ante sus firmantes y ante unos medios de comunicación que, por cierto, aún no han preguntado a los promotores, precisamente, por este punto fundamental.

Lo único que queda claro es que detrás de la presentación de la ILP taurina solo hay intereses económicos de los sectores implicados, principalmente empresarios taurinos y ganaderos (de entre los que hay muchos familiares de políticos del PP). A través de un exhaustivo informe, la Fundación Franz Weber ya advirtió de su trasfondo económico cuando se presentó la ILP al Congreso. Y su Director para España y Latinoamérica, Leonardo Anselmi, quien impulsó la Plataforma PROU! que promovió la prohibición en Cataluña, instó en un debate en TV1 a Alejandro Gasch, abogado de la Comisión Promotora taurina, a agregar un artículo en la ley que promueven que prohibiera el uso de dinero público para la tauromaquia. Solo eso le propuso Anselmi: que no se destinara dinero público. Gasch no aceptó esa posibilidad. Y tartamudeó.

Si prospera la ILP taurina ya no será la que presentaron sus promotores. Ya no será una iniciativa popular. Apenas se parecerá a la que promovieron. Excepto en un aspecto, el esencial: seguirá siendo la exaltación, la protección, la defensa y la financiación pública del maltrato a los animales y de la cultura de la violencia.