Nuria Ruiz Tobarra, jueza de la dana, la dignidad frente al poder

En estos tiempos oscuros, en los que, más que nunca (que es mucho decir), la justicia española está más preocupada por sostener determinados privilegios que por proteger a la ciudadanía, el nombre de Nuria Ruiz Tobarra resplandece como una rara luz de esperanza. La llamada “jueza de la dana” ha tenido el valor de enfrentarse a la impunidad de los despachos alfombrados, ha tenido la decencia de mirar de frente a la tragedia social que dejaron las inundaciones en Valencia y de señalar lo que otros callaron: que la negligencia y la prepotencia institucional también matan. El trabajo de Ruiz Tobarra es, sencillamente, ejemplar. Cuando en la judicatura es norma habitual mirar hacia otro lado, esta jueza ha investigado, ha documentado y, sobre todo, ha escuchado a las víctimas, que con tanta injusta frecuencia no tienen espacio ni en los titulares ni en los sumarios judiciales.

En su empeño, la jueza de la dana encarna la justicia que el pueblo ansía y que le pertenece: la que no teme al poder político, la que no se deja doblegar por las presiones de un Tribunal Superior que, como hemos visto con Mazón, ha preferido proteger a ese poder antes que a la verdad. Porque lo del TSJ eximiendo a Mazón de responsabilidad en los acontecimientos que se sucedieron el 29 de ocubre de 2024 y que acabaron con la vida de 228 personas, es más que una vergüenza: es una rendición moral. Es el escalofriante retrato de un sistema judicial que ha olvidado a quién debe servir. Mientras Mazón salía indemne, la jueza que se atrevió a tocar los intereses de los intocables ha sido señalada, presionada, caricaturizada desde los medios afines. Pero Ruiz Tobarra no se amilanó y siguió haciendo lo que las personas demócratas deberían hacer siempre: poner la justicia al servicio del pueblo, no del poder; la justicia al servicio de los débiles, de los vulnerables, no de los poderosos. Merece todo nuestro apoyo y reconocimiento porque su coraje no solo redignifica la toga sino la ética pública. Frente a los pasillos enmoquetados y los dictámenes complacientes, si no cómplices, su trabajo nos recuerda que la justicia no se imparte desde los estrados y las poltronas, sino desde la deontología y la virtud.

Más allá de dudas jurídicas, la resolución del TSJ sobre Mazón planteó, sobre todo, dudas morales, y envió a la ciudadanía el mensaje de que la responsabilidad política y administrativa desaparece cuando quien debe responder ostenta determinado poder. No puede ser más evidente el contraste con el trabajo de la jueza Ruiz Tobarra, que impulsó la investigación desde los márgenes de un sistema, no solo reticente a fiscalizar, sino infestado de sesgo político derechista y ultraderechista. Hoy, la jueza de la dana representa lo que un país con memoria y conciencia debe defender: una justicia que no teme mancharse las manos para limpiar la sangre del barro. Representa a esa minoría dentro de la judicatura que entiende la justicia como servicio público, no como mecanismo de protección de las élites, pues, por rigurosa y exhaustiva, su instrucción del caso dana fue muy incómoda para todas aquellas personas con responsabilidad política a quienes convenía pasar página.

Inasequible a las presiones encaminadas a la prevaricación, Ruiz Tobarra destapó una escandalosa cadena de omisiones, negligencias y descoordinaciones institucionales que, en última instancia, tuvieron el altísimo coste de muchas vidas humanas (y no humanas). Era cuestión de tiempo que su compromiso con la verdad chocara con los intereses del poder político y judicial. La decisión del TSJ no solo ha desautorizado su trabajo: ha enviado una señal disuasoria a cualquier magistrado que se atreva a investigar a los poderosos. Este tipo de decisiones no solo repuganan a la moral social sino que consolidan una peligrosa tendencia en la justicia española: el refuerzo de la impunidad política bajo la apariencia de legalidad técnica. Qué duro en una democracia que la ciudadanía perciba una cada vez mayor distancia entre el poder judicial y la realidad social que dice representar.

La decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra de llamar a declarar a Carlos Mazón no es un exceso ni una provocación partidista, como algunos han querido presentar. Es la consecuencia lógica de una investigación que ha avanzado con independencia y con datos concretos sobre la gestión política del desastre. En términos estrictamente jurídicos, la citación de Mazón responde a un principio básico: si existen indicios razonables de responsabilidad, debe escucharse también a quien ostentaba el mando y tenía capacidad de decisión. En cualquier Estado que se pretenda de derecho, esa diligencia no ha de ser solo legítima, sino que habría de ser obligatoria. Lo verdaderamente inaceptable, en cambio, han sido ciertas reacciones políticas e institucionales, orquestando una campaña, más o menos soterrada, de descrédito y desautorización, destinada a intimidar a la magistrada y a condicionar el curso del sumario. Que una jueza sea señalada por el simple hecho de cumplir con su deber revela hasta qué punto la independencia judicial es hoy una quimera. Ruiz Tobarra se ha limitado a aplicar el derecho con la misma firmeza con que otros lo interpretan según quién esté sentado en el banquillo.

El caso Mazón trasciende a Mazón mismo. Es un ejemplo claro y bochornoso del deterioro institucional de un país en el que determinadas figuras políticas se pretenden impunes, hagan lo que hagan, sea cual sea su responsabilidad. Por eso, en este contexto, la figura de Ruiz Tobarra es esencial: no actúa desde los intereses políticos ni desde la inercia corporativista, sino desde una concepción ética de la función judicial: la de velar por los derechos de las personas afectadas por la dana y exigir cuentas a quienes gobernaban. Por eso, defender a Ruiz Tobarra hoy no es un gesto ideológico, sino cívico. Porque lo que está en juego no es solo una causa judicial, sino el sentido mismo de la justicia democrática.