No sé si es ilegal. Pero al menos feo sí que es. Muy feo, añadiría. No encuentro otro modo de describir la conducta de tres de los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que nada más concluir el juicio, sin que se haya publicado aún el contenido de la sentencia, han participado en un curso financiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una de las acusaciones más activas en la causa. No lo han hecho por amor al arte, ya que han percibido contraprestaciones económicas.
Mientras los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral estaban apoltronados en los solemnes sillones del tribunal, presidido por el primero de ellos, ya sabían que iban a participar en esas jornadas, puesto que estaban convocadas con semanas de antelación. Mientras escuchaban los encendidos alegatos del letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid contra el jefe del Ministerio Público, se aprestaban a disertar sobre temas de Derecho en un acto promovido y financiado por esa organización querellante. Si convenimos en que las formas son importantes para la democracia y el Estado de Derecho, hay que admitir que estamos ante unas conductas poco edificantes.
Se llama apariencia de objetividad y consiste en restringir al máximo cualquier relación con las partes en una causa. Sobre todo una tan delicada como la que ha desembocado en la condena del fiscal general del Estado tras una instrucción y un juicio polémicos, por decirlo con suavidad. ¿Nadie se detuvo a pensar si era buena idea participar, precisamente ahora, en un curso financiado por una de las acusaciones? ¿No debieron hacerlo los mismos magistrados que, como es preceptivo, tuvieron que preguntar a algunos de los testigos si tenían alguna relación de amistad o enemistad con la persona que se juzgaba?
A todo este desaguisado se suma como agravante que el Colegio de Abogados no ha actuado durante el juicio como una acusación más. Su decano, Eugenio Ribón, ha dejado patente con su comportamiento que la causa tiene un interés especial para la institución que preside. Incluso se ha permitido hacer declaraciones públicas cuestionando el derecho de García Ortiz a recurrir la sentencia, cuando se conozca. Lo hizo nada más conocer el fallo en una entrevista en la cadena COPE en la que soltó opiniones impropias en quien dice representar a los profesionales del Derecho.
Magistrados y jueces suelen ganarse unos extras dictando charlas organizadas por entidades de todo tipo, sean multinacionales, bancos, instituciones sociales u organizaciones profesionales, como es el caso del ICAM. El Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado más de una vez al respecto, dictaminando que los togados tienen plena libertad para desarrollar esas actividades por su supuesto valor pedagógico. Eso sí: ha habido excepciones, como la vez en que el Tribunal Supremo aceptó una querella contra el entonces juez Baltasar Garzón, a quien se acusaba de haber cobrado dinero del banco Santander por dictar unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. El instructor de aquella causa fue Manuel Marchena, el expresidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma sala que ahora ha condenado a García Ortiz. Garzón llegó a estar imputado, pero se libró porque el delito que le atribuyó Marchena, cohecho impropio, había prescrito.
Hemos normalizado que magistrados y jueces se embolsen sobresueldos con cursos y cursillos. Lo que deberia ser menos normal es que no haya un seguimiento de esas actividades, para determinar si se están cruzando líneas rojas que puedan poner en entredicho la independencia de los togados. Y ya el colmo de la anormalidad es que unos magistrados del Supremo participen en un seminario organizado por una de las acusaciones en una causa que acaban de juzgar.
La pregunta es quién podría ponerle el cascabel a este gato de zarpas afiladas que es la Sala Segunda del Supremo. ¿Se atreverá el comité disciplinario del CGPJ a abrir un expediente investigativo sobre el asunto, así sea para guardar las formas ante una ciudadanía cada vez más desafecta hacia el Poder Judicial? Improbable. Quizá la única posibilidad de que esta mezcolanza de juzgadores y querellantes tenga alguna consecuencia es que García Ortiz la lleve al.Constitucional en su estrategia de defensa y suscite algún debate entre los magistrados.
Una reflexión adicional. De todos es conocido el afán de los sectores conservadores del Poder Judicial por sacudirse del control del Parlamento y funcionar como un cuerpo de marcado perfil corporativo. Si los magistrados no han visto ningún impedimento para hacer lo que desvela elDiario.es, ¿qué podría esperarse en el caso de que estuvieran libres de ataduras y de contrapesos institucionales?