Los jueces fachas que odian a Irene Montero

En una guerra política contra los jueces cometer un error supone tu sentencia condenatoria. Podemos lleva inmerso años en una guerra contra la judicatura en contra de su voluntad, pero que una vez declarada no fue rehuida. La magistratura puso en el foco a Podemos dando curso a denuncias e investigaciones que se veían sin fundamento con el único objetivo de desgastarlos y el partido morado reaccionó haciendo de la crítica descarnada a esos jueces parte de su ideario político. No se buscó el conflicto, pero se aceptó el envite. En España hay jueces fachas que odian a Irene Montero, lo sabemos y en Podemos lo saben. Es una evidencia que si se cree que en España hay una correlación jurídica reaccionaria se tiene que ser especialmente escrupuloso con la estructura técnica de la legislación para que ese corpus filofascista no pueda eludir la prevaricación si quiere interpretar las normas de forma desfavorable a los intereses de la mayoría progresista. Hay que ser mejor, más inteligente y tener el colmillo retorcido para no dejar una puerta trasera por donde puedan colarse para hacer daño.

Hay jueces fachas, fascistas con toga y reaccionarios que no respetan la democracia. Es una certeza formal que no es preciso remarcar por lo notoria. De la misma manera que no todos lo son. En España hay jueces que prefieren dejar en la calle a un pederasta si con eso logran perjudicar al Ministerio de Igualdad hasta el punto de lograr que el Gobierno de coalición no pueda renovar su mandato en 2024. Tengo el pleno convencimiento de que entre la multitud de jueces y juezas que han tomado la decisión de revisar condenas a la baja esta motivación ha sido uno de los motores que les ha impulsado a tomar esta decisión favorable al reo, pero también tengo el pleno convencimiento de que otros muchos lo han hecho porque consideran que la nueva estructura penal emanada de esta ley les obliga a acudir al principio constitucional del “in dubio pro reo”. Es por eso, porque hay espacio para la interpretación, que no cabe duda del error cometido por este Gobierno al haber dejado la puerta abierta para la interpretación de esos jueces fachas que odian a Irene Montero. Si pueden interpretar no están prevaricando y si no prevarican has dejado un flanco descubierto por el que te van a sangrar hasta derrotarte.

La defensa es endeble, poco fundamentada y sin tener en cuenta cómo funciona la percepción pública. Ha habido más de 700 rebajas de condenas y poco más de una decena son firmes. Ambas afirmaciones son ciertas y poner el foco de manera unilateral en una de esas aseveraciones se debe al mero interés, partidista o mediático, que busca culpar o exonerar de responsabilidad. Pero no dejan de ser ciertas y en la opinión pública es imposible introducir el marco de que al ser solo poco más de diez las sentencias firmes hay posibilidad de que muchas de esas 700 rebajas al final queden anuladas. La sentencia de 'la manada' que determinó que lo que ocurrió en esa violación no fue agresión sino abuso sexual no era una sentencia firme. Pero sin ser firme tuvo la capacidad para generar una ola de indignación y protesta sin parangón que obligó a los representantes políticos a realizar una reforma legal.

La percepción ciudadana no se basa en la firmeza de las sentencias, por eso el intento de Victoria Rosell de explicar que de las 700 sentencias que han reducido condenas solo una decena han sido declaradas firmes por el Tribunal Supremo no tiene ninguna relevancia en el humor social, que no entiende que una ley destinada a la protección integral de la mujer víctima de violencia sexual acabe con agresores sexuales y pederastas con las penas reducidas. 

Hay jueces al más alto nivel que han dejado patente que por encima de la lógica jurídica se encuentra su percepción ideológica, su adscripción reaccionaria y su labor en beneficio de la persecución a quienes defienden otras ideas. Ha sido probado con su actuación en multitud de ocasiones. Podemos sabía que estos jueces y muchos otros de menos renombre existen y están dispuestos a realizar cualquier actuación que acabe con su representación pública. Las sentencias exculpatorias se han ido sumando en diferentes juzgados provocando que la responsabilidad judicial por los fallos se haya ido disolviendo entre el marasmo de decisiones. Al haber muchas sentencias no habría tiempo de mirar qué dice cada juez en cada una y la responsabilidad se pondría en el Ministerio de Igualdad y no en jueces que han llegado a afirmar que en una violación múltiple había jolgorio. No tengo la más mínima duda de que un buen número de las sentencias que han reducido la condena se han producido con el único objetivo de sumar al contador para provocar un desgaste lento pero constante al ejecutivo en general y a Irene Montero y a Podemos en particular. Yo lo sé, Podemos lo sabe, por eso no se entiende que en una guerra de trincheras con los jueces salgas a campo abierto y a pecho descubierto con una ley sin blindar con la que te masacren.