Menores en redes sociales: prohibir, limitar...

No es en absoluto nuevo el debate sobre el acceso de menores a los instrumentos de nuevas tecnologías, notablemente el teléfono móvil, las tabletas y los ordenadores. Cuando digo nuevo lo hago en relación con el tiempo que estos elementos llevan aquí. Y, desde luego, tampoco es novedoso el debate sobre la relación de nuestros menores con internet y con las redes sociales. Aunque, en realidad, todo es lo mismo, pues ninguno de esos instrumentos tendría el interés que tiene si no nos proporcionara la puerta de acceso a internet y a las redes.

Ciertamente, se ha generado un gran debate sobre el acceso a espacios cuyo control no tenemos ni parece que podamos tener. Y me refiero tanto a la ciudadanía como a los poderes públicos, en los que parece que ahora existe una enorme preocupación.

Preocupación lógica derivada de la situación en la que nos hallamos: dominación y poder de la tecnología, en lo que se ha venido en llamar “tecnodominación”; invasión de prácticamente todos nuestros espacios vitales; falta de formación suficiente y adecuada para su manejo consciente, útil y controlado; escaso conocimiento de los sujetos que dominan realmente estas redes; el inmenso poder de las corporaciones en estos sectores, constituyendo un nuevo capitalismo -el “tecnocapitalismo”- absolutamente carente de regulación eficaz; la casi nula implicación pública interna e internacional y la correspondiente falta absoluta de control público de estos espacios, pese a haberse dedicado grandes inversiones de dinero público para equipamientos varios que han permitido que el “ciberespacio” haya ocupado todo el terreno y, en cierta medida, también nos haya facilitado la vida y el acceso al conocimiento.

No es desdeñable la realidad de que, por supuesto, las nuevas tecnologías nos permiten acceder ampliamente a bienes y servicios de todo tipo y que constituyen una ventana al mundo como nunca antes en la historia. Y que ello ha permitido también “democratizar” esos valores.

Y, por tanto, de esta manera, si bien hubo un tiempo en que creímos que este “ciberespacio”, además de ilusionarnos, captar toda nuestra atención y generar esperanza, podría ser un bien de dominio público o cuasi público, lo cierto es que de ello ya no existe casi ni el recuerdo, pues resulta algo imposible de imaginar cabalmente en la actualidad. Ahora, este espacio genera beneficios económicos imposibles de calcular y, además, permite el control y la dominación de ideas y personas. O sea, se ha hecho una buena avería. Y, por supuesto, sin la necesaria intervención pública para su regulación y control -en ninguna parte-.

Pensemos en la Inteligencia Artificial (IA) y todo el debate suscitado en torno a ella. Pensemos en los intereses existentes en torno a su no regulación o a su regulación y las diferentes posiciones de los Estados Unidos y China, por poner un ejemplo -el ejemplo-. Recordemos que la UE aprobó en 2024 la primera norma en el planeta sobre esta materia, el Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, con un calendario gradual de aplicación que llegará hasta agosto de 2028 y que, a estas alturas, ya debe estar siendo aplicado en su mayor parte. ¿Alguien ha percibido algo? ¿Tiene la UE capacidad de garantizar, como dicho Reglamento pretende, en esencia, que los sistemas de IA sean seguros, éticos y respeten los derechos fundamentales? Más bien parece que no será así, dado que los núcleos reales de decisión nos pillan realmente lejos, tanto que no sabemos dónde se encuentran.

Pues si ya para la población adulta la cosa está complicada, hay una evidencia clara de su especial afectación a las personas menores. Los datos son apabullantes, muy similares en diversas fuentes: en España, más del 80% de los niños entre 10 y 12 años y hasta un 98% de los adolescentes tienen presencia o están registrados en al menos una red social; la edad media en la que un menor recibe su primer teléfono móvil con acceso a internet se sitúa en los 9,6 años; el 78,3% de los alumnos en los últimos cursos de Educación Primaria ya utiliza alguna red social, dato que asciende al 92,5% en la adolescencia, y un 75,8% participa en tres o más plataformas de manera activa. Y, en cuanto al tiempo de uso, también la cosa es muy seria: entre los 8 y 12 años, el 29% de los niños y el 23% de las niñas usan redes sociales entre una y dos horas al día, con un control parental mayor en estas edades que en la adolescencia, claro está.

Conocemos también los graves problemas de agresiones y vejaciones de todo tipo por estos medios, así como la difusión no consentida de imágenes. Y los nuevos problemas psicológicos de ansiedad por desconexión.

Pues si todo esto ya lo conocíamos, el debate se ha acentuado tras conocerse las conclusiones del Informe PISA el pasado 8 de septiembre, a cuyo tenor España cae y llega a mínimos históricos en lectura, matemáticas y ciencias, habiendo el alumnado de 4 de la ESO retrocedido en tres años el equivalente a un año escolar, y estando por debajo de la media de la OCDE.

Lo destacable de ello es que, a lo que ahora interesa, entre las causas más relevantes de estos tremendos resultados, se subraya el uso abusivo de “las pantallas” tanto en los hogares como en las aulas y su consecuencia inmediata de dificultades para leer y comprender textos de más de 400 palabras, con peores resultados en los menores de familias con mejores condiciones económicas y que, por tanto, tienen mayor acceso a dispositivos electrónicos. Realmente, los datos son muy ilustrativos de la situación real.

Y ahora comienza de verdad la carrera por la regulación, la limitación y, en su caso, la prohibición de acceso de los menores a los entornos digitales. Una carrera en la que España no estaba mal posicionada, toda vez que algunas medidas limitativas -acceso a las redes sociales de los menores de 16 años- ya constan en el “Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales”, cuya tramitación fue aprobada el 10 de septiembre de 2025 por el Congreso de los Diputados. Tramitación que, al parecer, continúa, sin que, un año después la Ley se haya aprobado. 

Una carrera que comenzó en Australia, país en el que, desde diciembre de 2025, rigen medidas importantes contra el uso de redes por los menores, sin que consten resultados especialmente esperanzadores. Y que siguió en Francia, que aprobó el 21 de julio del presente año una Ley prohibiendo el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años. Ley dejada sin efecto a los pocos días, el 14 de agosto, por el Consejo Constitucional -¡qué envidia que en tan breve tiempo se decida sobre la adecuación de una Ley a la Constitución!- por entender que la norma contenía una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y de comunicación de la población juvenil y por considerar que la medida en cuestión no es “adecuada, necesaria ni proporcionada”. Veremos lo que sucede en adelante, dado que el presidente Macron ha pedido al primer ministro que formule una nueva medida “jurídicamente sólida” que tenga en cuenta las indicaciones del máximo tribunal de Francia.

Carrera a la que se suma ahora la UE que, por boca de la presidenta de su Comisión, la Sra. Von der Leyen, anunció la pasada semana en su discurso sobre el Estado de la Unión una propuesta para fijar reglas comunes sobre el acceso de los menores a las redes sociales, avanzando la distinción por edades, negando tal acceso antes de los 13 años y permitiendo cuentas personales a partir de los 15 años, así como medidas reforzadas de protección hasta alcanzar al mayoría de edad. Aunque no conviene olvidar que no se trata de una auténtica novedad, pues la posible adopción por la UE de medidas similares ya se había aprobado el pasado 26 de noviembre de 2025 al votar los miembros del Parlamento Europeo un informe -con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones- en el que se expresa la profunda preocupación por los riesgos para la salud física y mental de los menores en el entorno digital y se propone una edad mínima armonizada en toda la UE para el acceso a redes sociales y plataformas, edad que sería de 16 años en general y de 13 años para el caso de contar con el consentimiento parental. Ahora falta materializar la propuesta.

Y, en lo que más cerca me toca, el pasado jueves, el lehendakari Pradales anunció en el debate de política general en el Parlamento Vasco, que Euskadi se sumará a la estrategia europea en este terreno, proponiendo la prohibición de acceso a las redes a los menores de 15 años y anunciando un Acuerdo Social de uso responsable de las pantallas en los centros educativos y en los hogares.

No tengo duda de que por esta senda van a transitar otros líderes políticos e institucionales, porque es “lo que toca”.

Ahora bien, entiendo que también corresponde ahora tomar otras decisiones de las que se habla menos, pues son menos efectistas y más difíciles de implantar. Ciertamente, la cuestión no es si los menores deben dar la espalda a las nuevas tecnologías, sino si es o no prudente entregar dispositivos móviles a menores, herramientas que muchos adultos ni siquiera sabemos controlar. Hoy ya no es posible -ni conveniente ni deseable- dar la espalda a las ventajas de los dispositivos que permiten acceder a internet, pues pueden facilitar el aprendizaje, la creatividad y la participación social.

Pero ello exige una auténtica alfabetización digital que quienes ahora somos adultos no hemos recibido -y, desde luego, se nota-. La clave está en educar a los menores para desenvolverse en el mundo digital, con conocimiento de sus potencialidades y de todos sus riesgos. Solamente así podrán superarse los problemas que se derivan de su estrecho contacto con el entorno digital de manera prematura sin educación específica. Y ello, por cuanto que el mundo digital no está pensando en modo alguno en el superior interés del menor sino en la captación de usuarios, extracción de datos y ganancias millonarias.

Por tanto, las limitaciones tienen razón de ser, pero la prohibición total no es la solución, pues no cabe ya poner puertas al campo, sino que ha de limitarse, controlar y educar, que siempre es más difícil y más costoso en todos los sentidos que la prohibición drástica y generalizada.

Por otra parte, una decisión de limitaciones y/o prohibiciones sin formación específica en pensamiento crítico va a dificultar un acceso seguro y razonable al entorno digital al alcanzar la mayoría de edad.

Finalmente, pensemos también en nuestro papel de adultos y nuestra relación con el contexto digital y su influencia en los menores que nos rodean. ¡Alguna responsabilidad tenemos también, sin duda, en toda esta situación!